Contra la corrupción, sistematizar acciones; evitar que se conviertan en medidas selectivas

*El 18 de julio debe estar funcionando el Sistema Nacional y los estatales

*Proceso al desvío de recursos ex gobernadores y sus funcionarios, en agenda

*Exigen organismos internacionales investigar el espionaje a ciudadanos

SIN DUDA que los sistemas nacional y estatales contra la corrupción deben partir de un importante bono de credibilidad y confianza. De acuerdo al compromiso de gobiernos y legisladores, el nuevo esquema debe entrar en aplicación en un plazo máximo que vence el 18 de julio. Para entonces ya deben estar aprobadas las reformas constitucionales estatales, también designados los fiscales especiales y la integración de los comités ciudadanos.

En Tabasco, aunque ya fue aprobada por los diputados la reforma constitucional para la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, todavía falta la aprobación en la mayoría de los 17 cabildos. De acuerdo al Semáforo Anticorrupción del IMCO la mayoría de los estados (un total de 24) van contra el tiempo ante la falta de avance en sus mecanismos locales en el nuevo esquema.

A MARCHAS FORZADAS

LA REPRESENTACIÓN en Tabasco de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) ha solicitado públicamente que el fiscal contra la corrupción sea consultado a los grupos organizados de la sociedad. José Luis Zúñiga, portavoz de la organización empresarial, anunció que propondrá a quienes integren los comités ciudadanos, al tiempo que reclama un fiscal verdaderamente autónomo.  De hecho, la Coparmex ha promovido a varios de sus miembros para las fiscalías en los estados.

A nivel nacional, las reformas que crearon el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), fueron publicadas desde el 27 de mayo de 2015. El SNA inició sus funciones el 4 de abril de este año pero sin fiscal. La presidente del Comité de Participación Ciudadana –a nivel nacional- es Jacqueline Peschard, quien ya encabezó el Instituto de Transparencia y fue consejera en el Instituto Federal Electoral. 

Cuando arrancó el SNA, Peschard sostuvo que “sin un pacto anticorrupción que involucre a todas las fuerzas y actores políticos del país, enfrentamos el riesgo de replicar lo que ha sucedido en otras naciones de la región latinoamericana. Podemos caer en un ciclo interminable de revanchas y venganzas”.

Como el lector conoce, en fechas recientes las denuncias y procesos contra ex gobernadores han puesto en evidencia la ineficacia de controles preventivos al desvío de recursos. Es el caso de Javier Duarte en Veracruz, Roberto Borge en Quintana Roo y César Duarte en Chihuahua, tres de los estados en donde una coalición PAN-PRD ganó las elecciones al PRI. El antecedente más inmediato es lo sucedido en el 2013, cuando el gobierno de Arturo Núñez en Tabasco se vio obligado a colocar como tema central en su agenda la investigación y denuncia del mal uso de los recursos públicos en la administración de Andrés Granier. Fue también otra consecuencia de la alternancia en el gobierno, como en Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua.

EL GRAN HERMANO VIGILA

UN ASUNTO delicado, sin duda. Y preocupante. Sabemos que prácticamente se han roto las barreras entre lo público y lo privado, que los extraordinarios avances tecnológicos han hecho realidad –sobrepasado-, la ficción contada por George Orwell en su novela “1984” hace más de 60 años. Pero no deja de sorprender e indignar que ocurra lo que una interesante investigación periodística del diario The New York Times reveló: el uso de un avanzado programa de espionaje contra ciudadanos mexicanos.

De acuerdo al reportaje los afectados por la violación ilegal a su privacidad son defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción. El sistema utilizado presumiblemente sólo estaba destinado a investigar criminales y terroristas. Ya desde febrero de este año, el mismo NYT había publicado, con la firma de Nicole Perlroth, que promotores en México de un impuesto contra los refresco habían sido objetivo de los programas de espionaje.

Fue ahora, cuando las víctimas son precisamente parte de un sector que el gobierno mexicano se comprometió a proteger –periodistas y activistas de derechos humanos- cuando este asunto se convierte en escándalo internacional. Señala el más reciente reportaje del diario estadounidense: “Desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa de origen israelí”.

El programa es conocido como Pegasus. Se infiltra en los teléfonos móviles y otros aparatos de comunicación electrónica. De esta forma se vigilan todos los detalles de la vida diaria de una persona.

El alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en Ginebra, exigió al gobierno mexicano una investigación exhaustiva del presunto espionaje a periodistas y activistas; el gobierno federal primero negó la versión y exigió pruebas al diario estadounidense, pero ahora se informa que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión investiga este asunto.

La denuncia formal ante la FEADLE fue presentada por la periodista Carmen Aristegui y el director del Centro Prodh, Mario Patrón, entre otros afectados. “Somos los nuevos enemigos del Estado”, señaló Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, quien redactó e impulsó la legislación anticorrupción conocida como Ley 3de3.

El tema del espionaje se colocó ya en el debate del proceso electoral del 2018, próximo a iniciarse.

AL MARGEN

TABASCO debe estar preparado para atender la cuestión de los migrantes centroamericanos que amenaza con provocar una crisis en la frontera mexicana. Las cifras de la ONU son alarmante: hay en el país más de 184 mil refugiados y unos cinco mil están en Tabasco y Chiapas. Ya resulta común ver deambulando extranjeros sin trabajo ni dinero en las calles y colonias de la capital tabasqueña. Esto se puede convertir muy pronto en un problema de inseguridad.

A PROPÓSITO de delitos, el Sistema Nacional de Seguridad Pública registró que el mes de mayo reciente fue el más violento de los últimos 20 años: se tuvo un total de 2 mil 254 homicidios dolosos y mil 246 culposos en todo el país. Algo así como un crimen cada tres horas. El mayor número de asesinatos ocurrió en Guanajuato, con 370; le sigue el Estado de México, con 320  y Guerrero, con 271.

En el listado nacional, los porcentajes más altos de crímenes se ubican en Colima, Guerrero, Baja California Sur, Baja California Norte y Sinaloa. (vmsamano@yahoo.com.mx)