Como usted sabe, a pesar de la veda electoral –en este caso cuando los gobiernos y funcionarios no pueden hacer publicidad de las actividades oficiales-, los trabajos de las administraciones públicas no se detienen. Hay labores esenciales que deben continuar e inclusive anunciarse como las de salud, educación, seguridad y atención a las emergencias.

Pero, como le decía, estar en campañas electorales no significa que todo el país se paralice.

Por eso resulta importante el anuncio de un acuerdo importante entre dirigentes sindicales, empresariales y gobierno en materia de subcontratación (outsourcing o intermediación) y reparto de utilidades. Esta es una cuestión que ha causado mucha polémica, pero forma parte de la agenda de gobierno en materia laboral.

El anuncio del acuerdo fue hecho apenas el lunes, al término de una reunión de representantes del gobierno federal con dirigentes sindicales, líderes empresariales, funcionarios de su gobierno y los coordinadores de las bancadas mayoritarias en la Cámara de Diputados

El diario La Jornada, en un impecable comentario editorial, refirió que desde noviembre del año pasado fue presentada la iniciativa de reformas a las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Impuesto al Valor Agregado y Federal del Trabajo. El objetivo siempre fue público: poner fin a la práctica conocida como outsourcing, establecida sobre todo a partir del gobierno de Carlos Salinas y que fue una cortina para que los contratantes y  empleadores eludiera obligaciones legales en perjuicio de los trabajadores.

Se llegó al extremo de que las propias instituciones gubernamentales utilizaron de manera irregular este esquema que no es por sí mismo inadecuado e injusto, sino que su uso fue pervertido.

La propuesta presidencial provocó el rechazo de dirigentes empresariales, líderes de grandes corporativos, así como representantes de los llamados sindicatos blancos (clandestinos). 

Refiere La Jornada que la iniciativa llevó a negociaciones y “en el curso de las pláticas se agregó el asunto del reparto de utilidades, una obligación que en el marco legal actual puede ser minimizada o eludida por los empleadores mediante triquiñuelas legales y también, desde luego, por medio de la subcontratación, lo que en los hechos resulta nugatorio de ese derecho laboral”.

Así, prosigue el editorial del conocido matutino con posiciones pro sindicales: “el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) afirmó que propuso en la reunión (…) la creación de dos modalidades para que los propios trabajadores definan su reparto de utilidades: con un límite de tres meses de salario o con el promedio de la participación recibida en los últimos tres años. Asimismo, dijo que hubo acuerdo para prohibir la subcontratación de personal, la regulación para subcontratar servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante, así como la creación de un registro en la Secretaría del Trabajo de un padrón de empresas de subcontratación de servicios y obras especializadas”.

Cabe señalar que al amparo de la subcontratación sucedieron fraudes como la llamada “Estafa Maestra” en la que participaron directivos de universidades públicas: contrataron con Pemex una serie de servicios que triangularon a empresas de fachada o inexistentes.

Comenta el editorial de La Jornada que “la autoridad federal, las organizaciones laborales presentes en el encuentro y los representantes de la iniciativa privada parecen haber encontrado una fórmula que, sin afectar negativamente el desempeño de las empresas, permita poner fin a extendidas y añejas injusticias laborales” que han dañado a los trabajadores, convirtiendo al llamado outsourcing en un verdadero tráfico de mano de obra.

Desde el inicio de su gestión, López Obrador se comprometió a mejorar las condiciones salariales y de seguridad social de los trabajadores; es una tarea que debe realizarse en coordinación con los contratantes y donde prive la responsabilidad social de empresarios y empleados. 

PRIMERA PARADA

A este columnista le extrañó no ver nombres como los dos postgraduados universitarios Luisa Cámara Cabrales, en el caso de Balancán, y Cirilo Antonio Guzmán, en el caso de Macuspana, en las recientes listas no oficiales de Morena. Pero nos aclaran también aspirantes como Eliazar Cabrera en Centla que las encuestas todavía están en proceso; otra es la situación de Tomás Brito, ampliamente conocido en Cárdenas pero donde al parecer se decidió colocar una fémina. Seguramente veremos a Luis Cámara y a Cirilo Antonio, una especialista en temas forestales y otro en desarrollo comunitaria, como activos del morenismo.

SEGUNDA PARADA

Tras señalar que actualmente más de 7 mil personas trabajan en la construcción de la refinería de Dos Bocas, Paraíso, el líder del Sindicato Estatal de la Construcción, Ricardo Hernández Daza mencionó que el 70 por ciento del personal es de Tabasco.  Afirmó que empieza a verse un mayor desarrollo económico en el municipio de Paraíso, por la generación de empleos.

PARADA ESPECIAL

El problema que existe en el outsourcing es el de una una operación ilegal en muchas de las empresas porque no están cumpliendo con la ley.  Según las cifras del más reciente Censo Económico del Inegi 2019, en México hay más de 4 millones 128 mil personas empleadas bajo este esquema.