Contra la violencia y delincuencia, el desarrollo de las micro regiones

LAS CIFRAS son relativas cuando se refieren a un fenómeno de impacto social y humanitario. De acuerdo al INEGI, en 2018 la inseguridad costó a los mexicanos 286 mil millones de pesos, equivalente al 1.5 por ciento del PIB; 24 millones 700 mil personas mayores de 18 años fueron víctimas de la delincuencia. El Instituto para la Economía y la Paz elevó el cálculo del costo a 5.6 billones de pesos considerando el daño a la economía y diversas actividades. Sin contar todavía con las cifras del 2019 se puede adelantar que el costo fue mayor.

La violencia y el detonante de la delincuencia, como sabemos, tienen su etapa crucial a partir de finales del 2006, con un crecimiento extraordinario por la estrategia fallida de la lucha contra el narco. Pero hunden sus raíces en una crisis estructural: pobreza, corrupción, debilidad de las instituciones, etcétera. En esos factores se propone incidir el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.Son tendencias que requieren tiempo para modificarse. De acuerdo a Ricardo Rojas Montero y Baldemar Hernández Márquez, colaboradores de AMLO en el diseño de la política de los Centros Integradores a nivel nacional, es posible atender la descomposición social a partir de las pequeñas celular familiares y en las comunidades organizándolas como microrregiones.

UNA EXPERIENCIA LOCAL

COMO usted sabe, Tabasco fue el laboratorio de los llamados “centros integradores” durante el gobierno de Enrique González Pedrero, a principio de los años ochenta. Paradójicamente lo hizo en momentos en que en el país se iniciaba el viraje neoliberal con Miguel de la Madrid Hurtado en la Presidencia. Así, mientras desde la administración federal se ponía énfasis en el mercado, en Tabasco se colocaba el eje de la política en el Estado.

Recientemente se publicó en este diario un ensayo de Hernández Márquez y Rojas Montero, quienes iniciaron el sexenio colaborando en la Secretaría del Bienestar. En el texto “Los centros integradores, una estrategia de participación social”, los autores abogan por una acción de gobierno que promueva el arraigo en las comunidades, pero con el mejoramiento del ingreso gasto desde las microrregiones.

Señalan: “En 1974 fue publicado el libro “Ensayos en Economía del Crimen y el Castigo” por Gary Becker, con el cual inicia el interés de explicar las causas de la criminalidad bajo un enfoque de racionalidad social. De acuerdo a Becker (1974) “una persona comete un delito si la utilidad esperada para él excede la utilidad que podría obtener usando su tiempo y otros recursos en otras actividades”. Esto es, la probabilidad que una persona cometa un delito dependerá de los costos de realizar el delito y el ingreso esperado de la acción. Si el costo más alto es la vida, ¿cuál es la explicación del incremento del fenómeno delictivo en los últimos años si la esperanza de vida en esta actividad es tan corta?” En otras palabras, si actuar de manera ilícita garantiza más beneficios que los perjuicios que el castigo conlleva, habrá incentivos para los vicios. Aunque no se debe caer en el error de creer que la sola “mano dura” será suficiente, sin oportunidades para mejorar la calidad de vida. Así, Hernández Márquez y Rojas Montero advierten que el incremento del fenómeno delictivo en los últimos años es producto también de las políticas públicas genéricas, en particular lo que conocemos como neoliberalismo y que puso el énfasis en el individuo. Señala: “La raíz del problema únicamente se puede minimizar y evitar atendiendo la esfera básica, la familia, y de manera local. Cada microrregión, cada colonia, tiene problemas y necesidades específicas”. Hay que rescatar la importancia del individuo en su comunidad.

OTRA ECONOMÍA, LA CLAVE

HACE falta –señalan- exaltar los valores de solidaridad y de servicio, que atiendan el bienestar de todos. No se trata, sin embargo, sólo de un discurso basado en las palabras sino en los hechos. O en el hecho económico.

De ahí que planteen partir de las pequeñas células familiares en los suburbios urbanos en colonias y vecindades o en las comunidades más apartadas y dispersas organizándolas como microrregiones; como centros integradores que “sean polos gravitacionales o de atracción con afinidades en sus costumbres tradiciones en donde se respeten sus creencias y se aprovechen sus ventajas comparativas con base en su vocación productivas en sus capacidades y destrezas”.

¡Cómo? Organizarse para “producir lo que consumen y generar excedentes para el intercambio comercial con un crecimiento endógeno que les permita vivir sin tener que depender del narcotráfico y la violencia”, así como de otra actividad ilegal.

Aquí habría que agregar que por lógica el Estado (federación, entidades y municipios), tienen que dejar de ser expresión de la ilegalidad, la arbitrariedad y la falta de sensibilidad, para convertirse en el eje promotor de la solidaridad y la confianza. Es lo que debería estar en el centro de la discusión…y de la integración.

AL MARGEN

COLOCADO en un suspenso riesgoso para su propio futuro, el partido-movimiento Morena parece haber logrado destrabar la parálisis. Ayer un Congreso Extraordinario realizado en la Ciudad de México eligió a Alfonso Ramírez Cuéllar como presidente interino de esa organización, en tanto se realizan las votaciones internas para renovar su dirigencia. De esta manera, Yeidckol Polevnski deberá retornar a su papel de secretaria general, que es para la que fue designada en 2015.

Es evidente que Polevnski buscará revertir la medida que adjudicará a Bertha Luján, quien preside el Consejo Político. Ya es tiempo de que Morena comience a tomar con seriedad la advertencia de AMLO y asuma una normalidad democrática. 

(vmsamano@hotmail.com)