Cuentas y cuentos

Miguel Vargas

Una de las acciones más importantes que se encuentran plasmadas dentro del programa de reactivación energética que Andrés Manuel López Obrador echará a andar el próximo año será la construcción de una nueva refinería en Tabasco.

Dicha factoría se construirá en el municipio de Paraíso. Se estima una inversión inicial de 75 mil millones de pesos y tendrá una capacidad para procesar 500 mil barriles diarios de petróleo. La obra estará terminada en tres años según proyecciones de la próxima administración.

Roció Nahle, propuesta para la secretaría de Energía de la próxima administración federal, ha mencionado que los procesos de licitación iniciarán el próximo 1 de diciembre. Sin embargo, en un afán de adelantar acciones, la ingeniera petroquímica ha estado sosteniendo reuniones con la actual administración petrolera y ha realizado recorridos en la entidad para prospección del sitio donde se construirá la refinería.

A finales de la semana pasada el gobernador electo de Tabasco, Adán Augusto López Hernández y Rocío Nahle visitaron el municipio de Paraíso y confirmaron que la actual administración de Pemex los está apoyando con la limpieza del predio donde se construirá la refinadora de petróleo, y que es una zona cercana al puerto de altura Dos Bocas.

La próxima secretaria de Energía señaló ese mismo día que no veía inconveniente con los trabajos realizados en el sitio, ya que estos corrían bajo las órdenes de los actuales funcionarios de Pemex.

Nada más lejos de la realidad, y que deja entrever a falta de comunicación entre el equipo de energía y el de medio ambiente del presidente electo. Uno adelantando trabajos sin permisos ambientales, ante el silencio del otro equipo.

La obra se construirá sobre un estado costero que ya tiene problemas con la entrada del agua de mar, a la que se han sumado acciones irracionales que impactan severamente al bolsillo del contribuyente en los intentos de corregir los errores de un mal trabajo de planeación.

Un caso emblemático, es lo que ocurrió con los pozos Tizón 222, 216, 213 y 233 ubicados en la Ranchería Felipe Carrillo Puerto norte del municipio costero de Centla.

Ahí la SEMARNAT autorizó a Pemex la realización de la obra, y con ello el derribo de más de dos kilómetros de mangle, una barrera de protección natural para evitar la entrada del mar.

Esto trajo como consecuencia que el agua de mar avanzara hasta prácticamente estar entre los pozos, a pesar de los intentos de empresa petrolera en detener su avance con la colocación de geotubos y otros artefactos que poco sirvieron, ante la eliminación de la barrera natural.

Esto es resultado de la mala planeación y evaluación ambiental que ha caracterizado a la SEMARNAT.

Las acciones que se realizan en el municipio de Paraíso para la construcción de la próxima refinería carecen de la legalidad necesaria para esos tipos de obras, por lo que deben reconvenir la situación antes de continuar removiendo y derribando vegetación presenten ante la autoridad federal especializada un estudio de Impacto ambiental sobre las implicaciones de la obra.

Aún más, que el proyecto se abra a la discusión y análisis público para disipar todo tipo de dudas y miedos ante posibles daños a futuros.

Estas acciones previas solo alimentan las especulaciones de quienes están en contra del futuro gobierno federal.

Una de las obras con más alcances nacional e internacional no debe empezar mal. Hay tiempo para rectificar.