CUENTAS Y CUENTOS

El primero de julio de este año una masiva participación de la ciudadanía en las urnas llevó al triunfo al tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, el primer presidente emanado de la izquierda mexicana.

Poco más de 30 millones de ciudadanos decidieron ejercer su poder y otorgaron su confianza a alguien calificado de populista por sus contrincantes políticos. Un término que lo mismo se ocupa para descalificar que para reconocer un tipo de política cercana al pueblo.

Para muchos estudiosos, la masiva votación fue la reacción de una ciudadanía harta de los oídos sordos de los políticos que han gobernado este país que junto a su falta de sensibilidad durante décadas los excluyóo de la toma de decisiones.

Se dice que la nueva ciudadanía quiere compartir el poder con el gobierno. Ser parte de la cosa pública, de las acciones y de las decisiones que se pagan con sus impuestos. Convertirse en verdaderos contrapesos verticales.

Los actores de la cuarta transformación han entendido esta exigencia y durante los días del 25 al 29 de octubre pasado invitaron a la ciudadanía a emitir su opinión sobre el futuro que debe seguir el nuevo aeropuerto internacional de México. “Ayúdenme a decidir”, dijo previamente el Presidente electo de México. Se trata de legitimar una acción del futuro gobierno.

Esto ante una obra que se antoja inviable económica y ambientalmente, que requeridos miles de millones de pesos adicionales a los programados.

Con denuncias de que más del 70 por ciento de los contratos entregados de forma directa y del que se ha definido a cinco personas como los únicos beneficiarios de la construcción del aeropuerto de Texcoco.

Ente la polémica abierta. El equipo de transición hizo público decenas de documentos, algunos de ellos técnicos y se abrieron diversos espacios de debate a nivel nacional. Se escucharon todas las voces. Es cierto que el debate para las mayorías no llegó al detalle de la aeronáutica y al terreno de la macroeconomía, pero el tema fue también el uso de los recursos públicos.

Con todos estos elementos, durante cuatro días miles de mexicanos se movilizaron ante el llamado de participar en la consulta pública sobre el aeropuerto.

La población pudo elegir entre mantener la construcción del aeropuerto en Texcoco, o edificar dos pistas de aterrizaje en la base aérea de Santa Lucía y rehabilitar los aeropuertos de la Ciudad de México y Toluca, estas últimas plazas ya han mostrado su viabilidad.

En la consulta, el costo de su realización ascendió a 1. 5 millones de pesos, mismos que fueron aportados por legisladores federales de Morena. La parte técnica del proceso estuvo a cargo de la Fundación Rosenblueth.

Los resultados fueron difundidos desde la noche del domingo, mostrando que la mayoría de los participantes se inclinaron por el proyecto en la Base Aérea de Santa Lucía.

Según los organizadores, la participación de la ciudadanía rebasó las expectativas que se tenían del mismo. Se recibieron 1 millón 67 mil 859 personas, de los cuales un total de 747 mil ciudadanos inclinaron la balanza hacia la opción de tres plazas alternas y no un solo macro aeropuerto.

Las entidades donde más participaron en la consulta fueron el Estado de México, la Ciudad de México, el estado de Veracruz y Jalisco.

Los organizadores aceptaron errores durante la jornada. Muchos de estas fueron magnificados por diversos actores políticos y económicos que por primera vez sintieron el poder de la sociedad mexicana.

Desde la noche del domingo hicieron patente su enojo e intentaron convertir este ejercicio ciudadano en un error para la economía del país.

Independientemente de los resultados y de los errores que pudieron existir, lo cierto es que por primera vez los mexicanos son tomados en cuenta de forma directa en una de las decisiones más importantes para México. Se comparte el poder con la sociedad, lo que para muchos es inentendible e incluso lo ven como una amenaza.

Se está promoviendo la transición de la democracia representativa a la democracia participativa. Hay mucho por corregir, pero eso corresponde a los legisladores y a los especialistas.