OPINIÓN

CUENTAS Y CUENTOS
18/12/2018

A finales del año 2012 se vivió en Tabasco una de las crisis en el sector salud nunca visto en la entidad. Los hospitales cerraron sus puertas ante la incapacidad de poder atender a los usuarios que se acercaran a buscar los servicios médicos.

El origen fue la corrupción. Miles de millones de pesos del Seguro Popular que simplemente desaparecieron y se dejaron de aplicar. Los autores de esta crisis pusieron tierra de por medio y durante los últimos seis años han vivido prófugos de la justicia.

El entonces gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez hizo uso de sus buenos oficios con la federación, logrando que la entonces secretaría de Salud destinara los recursos humanos y económicos para atender la contingencia y restablecer el servicio en la entidad.

Durante su administración Núñez Jiménez dio la atención necesaria al sector. Se destinaron recursos como nunca antes. Se reestructuró al personal médico y de enfermería para que todas las unidades del estado contaran con personal adecuado.

Sin embargo, hay que mencionarlo. En pleno arranque de sexenio, a mediados del año 2014, la administración estatal se vio sorprendida con la crisis del precio del petróleo que causó el despido de decenas de miles de trabajadores de la industria petrolera en el sureste.

Los despidos no fueron solo en la empresa pública, sino también en las empresas privadas.

Los impactos se reflejaron rápidamente en los sectores educativos y de salud. Los que antes acudían por estos servicios a instancias privadas, ante la pérdida de sus empleos, incrementaron el número de usuarios de estos servicios en el sector público.

El gobierno del estado tuvo que hacer frente a la situación atendiendo a todos los que llegaban a los hospitales, los cuales se vieron saturados y con ellos escases de recursos.

Esto se reflejó en las manifestaciones del año 2017 en exigencia de pago de salarios y prestaciones, las cuales fueron pagadas con ayuda de la federación.

Sin embargo, en este año cientos de médicos y enfermeras volvieron a salir a la calle. Los líderes sindicales se unieron en una lucha por exigir que el gobierno del estado cumpliera con la compra de uniformes. Un apoyo que el Ejecutivo estatal proporciona a un sin estar obligado.

Parecía que lo único que movía a estas personas era el llenar sus bolsillos. Los reclamos nunca han sido por las mejoras de las instalaciones o por equipos médicos.

Las manifestaciones han continuado en estos días y ahora se han cerrado hospitales para no atender a los enfermos que llegan a pedir servicios públicos.

Primero se alegaba que era ante la falta de medicamentes y otros equipos. La sociedad en forma solidaria se movilizó y entregó cajas y cajas de apoyo.

Sin embargo, el servicio no se ha restablecido. Ahora la queja es la falta de pagos de fin de año que deben pagarse en fechas que no se han vencido. Es decir que están peleando por cosas que aún no han sucedido.

El gobierno ha reconocido su falta, señalando que se han hecho las gestiones necesarias con la federación para recursos extras ante esta situación extraordinaria. El anterior secretario de Gobierno señaló que los recursos federales estaban aprobados y pronto llegarían.

Mientras eso ocurre los que están pagando caro la insensibilidad de los paristas es la sociedad, aquella a la que juraron servir por encima de cualquier cosa. No están cumpliendo los médicos.

Ante ellos urge que a quien corresponda resolver esta situación garantice a los tabasqueños su derecho a la salud.





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