Definiciones 2020, AMLO y expresidentes: lo jurídico y lo político, remover el avispero

PREGUNTA ineludible, a raíz del caso Lozoya y las acciones legales emprendidas por la Fiscalía General de la República: ¿México se encuentra listo para la sacudida del árbol de la corrupción? Durante décadas (cuatro si se cuenta desde 1982 el proyecto neoliberal) reinó la simulación en procesos jurídicos con tema político. Pero esto viene de más lejos.

Un argumento del viejo régimen era que ‘la transa es inevitable y excusable si a la par se realiza obra pública’. Otro argumento socorrido fue que ‘la corrupción es rasgo cultural de México’. Otro más, de cuño pragmático, era que ‘la República no resistirá que se remueva el avispero’.

Así pasaron los años, con las redes irrompibles de un sistema político que compartía la estafeta de impunidad, mientras la calidad de vida menguaba y la desigualdad aumentaba.

MEDIR REACCIONES

AMLO ha sido enfático en su postura frente al pasado: “No se abrirán nuevos casos, aunque se dará continuidad a los casos en curso”. Trajo 2020 esa continuidad ante el juez, con repercusiones impredecibles por los poderes fácticos que serán trastocados.       

Aspecto inquietante de la cuestión es la seguridad del Presidente y su equipo: el fiscal Alejandro Gertz, el investigador financiero Santiago Nieto y sus auxiliares, más los jueces que tendrán que sopesar pruebas y testimonios. Por lo que está en juego, la violencia con movilizaciones es tentación para  indiciados, que se sentirán con suficientes recursos y desesperación. Vista la historia política de México, nada es descartable.

Mientras tanto, la apuesta gubernamental no debe ser improvisación de carácter electoral. La apuesta es ética y estructural, si se quiere combatir la corrupción en lo más alto. Justicia con pruebas, no más sopa de simulación y juicios a modo. De ahí que deban redoblarse las estrategias de protección y seguridad hacia los protagonistas anticorrupción. No es algo que aceptará con facilidad el presidente López Obrador, hay muchos ejemplos de esa resistencia. Pero alguien de su gabinete de Seguridad debería planteárselo. Es la vida democrática de la República en el siglo XXI, lo que está en juego.     

PANDORA Y COHERENCIA

COMO CAJA de Pandora el tema corrupción sobrevuela México por el caso Lozoya/Odebrecht. El mundo observa, credibilidad gubernamental en juego (para recibir inversión extranjera). Alfredo Jalife habló de ‘cleptocracia’ (gobierno del robo) y ‘selectividad estratégica’ para llamar a cuentas a políticos relevantes, en lugar de un desfile interminable que complicaría la acción eficaz de la justicia. Más allá del vocabulario, lo documentado identifica redes de complicidad que abarcan a 10 países en Latinoamérica, más países africanos y otros del caribe (islas) que funcionan como paraísos fiscales. Es “el lado oscuro de la globalización”, en palabras de Jalife. Madeja que anuda hilos políticos y empresariales, la corrupción fue consustancial a los presidentes de México, por un sistema que premiaba silencios. Ahora, el régimen tiene como estandarte el combate a la corrupción. Lo veremos y se esperan las pruebas.

Lo significativo del caso Lozoya/Odebrecht es que el factor internacional no determina las acciones de la Fiscalía General de la República. Tampoco se puede hablar de “un mero distractor”, como hacen comentaristas que regatean las acciones jurídicas sin reparar en la coherencia de trayecto: en el programa de gobierno de AMLO, la prioridad declarada fue “combatir la corrupción”, y los hechos hablan.    

PARA LA HISTORIA

VEAMOS: con el anuncio del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, sobre la denuncia de hechos realizada por Emilio Lozoya (agosto 11), se abrió una carpeta de investigación que, por primera vez en la historia, involucra a dos expresidentes de México: Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. A pregunta directa (agosto 12), el presidente López Obrador afirmó que deben seguirse los cauces legales y “tanto Peña Nieto como Calderón deben declarar”. Calderón se asumió un día antes como perseguido político, mientras litigaba en medios. Peña guarda silencio.    

¿Cuáles son los cargos que podrían judicializarse? Sobornos de la empresa Odebrecht por más de 100 millones de pesos que, afirma Lozoya como testigo colaborador, se canalizaron a la campaña presidencial del PRI en 2012, más sobornos por 220 millones de pesos para “convencer” votos en el Congreso por las reformas estructurales. Con Calderón la trama jurídica es Etileno 21, planta que se construyó exprofeso en 2011 para que la filial de Odebrecht en México –Braskem- tuviera trato preferencial en la comercialización de gas Etano. “El quebranto al erario se calcula en 2 mil millones de dólares”, según el abogado Paulo Díaz que presentó denuncia penal el 13 de junio de 2018, y que la FGR no ha tomado en cuenta. Es el comienzo de tiempos fascinantes y peligrosos para la República.

AL MARGEN

HOY ASUME la dirigencia estatal del PRD tabasqueño Francisco Javier Cabrera, en relevo de Darvin González Ballina, fundador del partido solaztequista y que lo vio llegar a la cúspide y luego desplomarse electoralmente. Lo positivo para los perredistas es que –hasta ahora- pasaron esta prueba del cambio de dirigencia sin conflictos traumáticos. Tienen un camino cuesta arriba. Un tema de la agenda política y mediática.

(vmsamano@hotmail.com)