Del avión, la rifa y los sobrevivientes en Pemex

Una ocurrencia, lo etiquetó la oposición y fue pasto de “memes”. La opción/rifa del avión presidencial es ya anuncio/estrategia del gobierno federal para allegarse recursos y comprar equipo médico que surtirá hospitales. En el esquema expuesto por el Presidente López Obrador (febrero 7) interviene Banobras, El Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP) y la Lotería Nacional, con organismos empresariales en la venta de boletos (a 500 pesos) sin cobrar comisión. Habrá 100 premios de 20 millones de pesos.

Ajuste: el avión aparece como el motivo del sorteo pero no es el premio, porque “no se trata de endosarle un problema logístico al ganador”, dijo López Obrador. Se contemplan aspectos operativos: estatus legal del sorteo y pago de impuestos. 

HISTORIA DE UNA METÁFORA

Tiene razón la investigador del Colegio de México, Violeta Vázquez Rojas,  (Si me gano el avión, El Soberano, 18/012020), el ya famoso avión presidencial nos colocó ante el absurdo de haberlo comprado y ahora deshacernos del aparato. O como escribió Epigmenio Ibarra: “el avión presidencial es triste metáfora de un sistema político que no quiere  despedirse”.

Cocinado en 2011-2012 desde el Congreso como ambiciosa renovación, al  Presidente Felipe Calderón le importó poco el precio: 218 millones de dólares (4 mil 142 millones de pesos al tipo de cambio actual). El avión problemático es un Boeing 787-8 Dreamliner/José María Morelos y Pavón. Según reporte de Bloomberg, tiene 57 metros de largo y 17 de altura, con capacidad para 80 pasajeros. Cuenta con oficina, sala de juntas, cama King Size, regadera y caminadora.

En el avalúo más reciente el precio es de 130 millones de dólares. En 3 años completó 214 vuelos, dentro y fuera del país. AMLO, que lo incluyó como incisivo tema de campaña (‘no lo tiene ni Obama’), lo puso a la venta en diciembre de 2018 y lo estacionó en el aeropuerto de Victorville, California. En 2019 hubo gastos de mantenimiento por 15 millones de pesos (otras fuentes hablan de 30). Hay contrato para dar mantenimiento al avión hasta 2027. Se supone que esto costará al gobierno 2 mil 724 millones de pesos, lo que casi equivale a la compra de otro avión similar. Pregunta para el gobierno: ¿se puede renegociar o cancelar ese contrato? Otra posibilidad: que el dato sea erróneo, pues el mantenimiento de un año multiplicado por 7 arroja la cifra de 105 millones. Quizás no es lo mismo el mantenimiento sin vuelo que un avión en ruta, pero no debería ser tanta la diferencia.

AMLO, al informar sobre el destino del dinero a obtener vía sorteo, dijo que 400 millones irían a la fuerza aérea para el mantenimiento del avión por 2 años. Las cifras del mantenimiento son suelo resbaladizo.

Otro detalle inquietante, mencionado por legisladores PRI/PAN, es que el avión presidencial fue arrendado, o sea, que no pertenece al gobierno mexicano pues todavía se paga una parte de su valor a la empresa que lo construyó (¿la firma Boeing?). Por esa razón, advierten que el avión presidencial no puede rifarse ni venderse. AMLO y su equipo afirman que todo es legal y que “antes nadie dijo ni pío”. El avión presidencial es hondo misterio de las finanzas públicas y certificación del derroche del sistema político tradicional.             

Hay necesidad de transparencia en el sorteo que se anunció para el 15 de septiembre. También, la vuelta de tuerca observada (de opción que sonaba disparatada, a estrategia que suena viable) muestra que la búsqueda de recursos -donde los haya- es sello de identidad del gobierno actual. La austeridad no es aviadora, sino creativa. Habrá que seguir esta trama que seguirá en la agenda pública.

LOZOYA Y SOCIOS

La captura de Emilio Lozoya puso nuevamente bajo los reflectores al equipo que lo acompañó. Así, en la conferencia matutina del viernes, la periodista Sandra Aguilera del Grupo Larsa Comunicaciones, planteó: “Presidente, como usted sabe, Emilio Lozoya no operó solo. Si me lo permite, quiero hacerle una línea del tiempo independiente a lo ya conocido”.

Y agregó: “En 2012, supuestamente por instrucciones del expresidente Felipe Calderón, se desviaron dos mil millones de pesos de Pemex a través del director Carlos Morales Gil, esto para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en donde, por cierto, hicieron fraude electoral”.

“En el 2013 –prosiguió- Emilio Lozoya y Carlos Morales Gil supuestamente provocaron la explosión del pozo Terra 123 a través de la inyección de químicos, esto para bajar recursos del Fonden, dejando una gran cantidad de daños”.

Abundó: “En 2013 se publica en el Diario Oficial la Reforma Energética, donde colaboró Carlos Morales Gil, entre otros. En el 2014 Carlos Morales Gil renuncia a Pemex después de 40 años. En el 2015 Calos Morales Gil entra a PetroBAL, empresa petrolera que se vio y se sigue viendo favorecida por contratos que todavía existen”.

Tras esta apretada reseña, vino la pregunta: “Ahorita en la actualidad, señor presidente, existe todavía la mafia de Lozoya. Yo le quiero preguntar: ¿Qué va a pasar con esta mafia que está dentro de Pemex todavía y que siguen operando, asesorando al director de Pemex? Traemos las pruebas de todos ellos”.

El presidente López Obrador respondió que habrá que esperar el resultado de las investigaciones. No habrá impunidad para nadie. Al tiempo que ratificó su confianza el director de Pemex, Octavio Romero y rechazó que hubiese protección a gente del pasado.