El pasado 4 de mayo, el Diario Oficial de la Federación, dio a conocer el decreto por el que se declara el 17 de julio de cada año, como el "Día Nacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales". Es importante porque se realiza en tiempos donde la pandemia por COVID 19, mantuvo toda la atención y las acciones ambientales se quedaron relegados para medir su impacto en los derechos humanos.

El decreto busca promover y difundir el Derecho Humano a un medio ambiente sano, de acuerdo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: “…Toda persona tiene derecho a un medio sano para su desarrollo y bienestar”, así como lo establecido en el artículo 11 del Protocolo de San Salvador de 1988, que es un Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, donde establece que “Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos.”

Y es en el abastecimiento de servicios y la búsqueda del bienestar, donde se producen efectos económicos, sociales y culturales en perjuicio del ambiente y sobre los derechos humanos que afectan personas y comunidades vulnerables.  Hay que considerar el impacto sobre las comunidades indígenas que resienten fuertemente y son afectados en razón de sus relaciones de dependencia estrecha con la naturaleza: Se afecta también los derechos humanos de los migrantes, las mujeres y niños, las personas con discapacidad y demás personas en situaciones de vulnerabilidad, incluyendo las generaciones futuras.

Cobra importancia la justicia ambiental, la justicia climática y la licencia social para resarcir los daños ocasionados por las obras o actividades. En Tabasco, habrá que definir políticas públicas ambientales para asegurar los derechos humanos de las poblaciones asentadas en zonas altamente vulnerables y de aquellas asentadas en localidades ubicadas dentro del radio de impactos por el desarrollo que se impulsa en la costa, en la llanura, la sierra y la frontera sur.

En este sentido, las Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación Científica, poseedores de un buen acervo documental, deben trazar líneas de investigación que muestren la realidad en este 2022 y hacer extrapolaciones para visualizar las condiciones dentro del mediano y largo plazos. Aquí, es importante sumar mediante alianzas, la participación de los sectores privado y social y sumar las organizaciones de la sociedad civil. Con esta alianza, se podrá llegar a un verdadero festejo el próximo 17 de julio y celebrar el “Día Nacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales".