En la época contemporánea, el avance tecnológico ha transformado profundamente la vida humana. Cada vez más, las herramientas digitales, los algoritmos y los sistemas automatizados determinan aspectos esenciales de nuestro día a día: desde cómo accedemos a la información hasta cómo se toman decisiones en ámbitos como la salud, la educación, el trabajo o la justicia. En este contexto, la inteligencia artificial representa uno de los mayores logros de la ciencia moderna, pero también uno de los mayores desafíos éticos y jurídicos de nuestro tiempo.

Consciente de esta realidad, la Unión Europea (UE) ha impulsado un marco legal innovador que busca garantizar que la tecnología sirva al ser humano, y no al revés. El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, aprobado recientemente, constituye el primer intento global por regular de manera integral los sistemas de IA, estableciendo normas obligatorias para todos los Estados miembros. Su objetivo no es solo promover la innovación tecnológica, sino asegurar que esta se desarrolle en consonancia con los valores y derechos fundamentales reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

El artículo 1 de dicha Carta es el punto de partida del modelo ético europeo:

"La dignidad humana es inviolable. Será respetada y protegida."

Este principio, aparentemente sencillo, encierra una profunda carga ética y jurídica. La dignidad humana no solo es un derecho, sino el fundamento de todos los demás derechos. Es la base sobre la cual se edifica todo el sistema de protección de la persona en la Unión Europea. En el ámbito de la inteligencia artificial, este artículo adquiere una relevancia extraordinaria, pues recuerda que ninguna innovación, por avanzada que sea, puede justificar la vulneración de la dignidad, la autonomía o la libertad de las personas.

El reglamento retoma este principio como guía fundamental. Define la inteligencia artificial como un sistema basado en máquinas capaz de operar con distintos niveles de autonomía y de aprender o adaptarse tras su implementación. Estos sistemas, alimentados por grandes cantidades de datos, pueden generar resultados que influyen directamente en la vida de los individuos. Por ello, el reglamento exige que sean diseñados, desarrollados y utilizados bajo estándares éticos estrictos, con total transparencia y supervisión humana.

Además, el reglamento clasifica los sistemas de IA según el riesgo que representan para los derechos fundamentales. Los de riesgo inaceptable están terminantemente prohibidos. Entre ellos destacan aquellos que buscan clasificar a las personas según su condición social, económica, o cualquier otro criterio que pueda derivar en discriminación o estigmatización, en violación directa del artículo 21 de la Carta, que consagra el principio de no discriminación. De igual modo, se prohíbe el uso de la IA para manipular comportamientos humanos o explotar vulnerabilidades individuales, acciones consideradas incompatibles con el respeto a la dignidad humana.

Por su parte, México se encuentra en una encrucijada tecnológica: mientras la Inteligencia Artificial avanza a pasos agigantados, el marco legal sigue siendo un terreno incierto. Se requiere en el país un marco regulatorio que establezca principios éticos, que defina mecanismos de supervisión y sanción, alineándose con estándares internacionales.

Hoy, la regulación depende de leyes generales sobre protección de datos y ciberseguridad, insuficientes para enfrentar dilemas éticos, riesgos de sesgo algorítmico y la responsabilidad sobre decisiones automatizadas. Esta falta de reglas claras no solo abre la puerta a abusos, sino que también frena la confianza en la adopción de IA en ámbitos críticos.

Las iniciativas legislativas que se discuten en el Congreso son un paso en la dirección correcta, pero el tiempo apremia. De lo contrario, corremos el riesgo de convertirnos en consumidores pasivos de tecnología extranjera, sin soberanía digital ni garantías para los derechos humanos. La pregunta no es si debemos regular la IA, sino cuánto tardaremos en hacerlo antes de que la realidad nos alcance.

El enfoque de la Unión Europea, no es meramente técnico, sino profundamente ético y humanista. La IA no se regula solo para evitar riesgos tecnológicos, sino para salvaguardar aquello que nos hace humanos: nuestra capacidad de decidir libremente, de ser tratados con igualdad y de conservar nuestra integridad moral frente al poder creciente de los algoritmos.

• (*Colaborador del Observatorio sobre Derechos Humanos, Migrantes y Refugiados – UJAT cesardrl2706@outlook.com)