Difícil, no imposible, frenar la espiral de violencia; corto y mediano plazos

*Garantizar seguridad, lo más importante en la agenda federal

*Peña-Calderón: la herencia de una creciente ola delictiva

*Estrategia criminal para debilitar al Estado; lucha de percepciones

MÉXICO vive una espiral de ascendente violencia, por lo menos desde 2006 cuando el entonces presidente Felipe Calderón decidió declarar una fallida “guerra contra el narcotráfico”, que luego se extendió al concepto de “guerra contra el crimen organizado” con la abierta participación de las Fuerzas Armadas. Fue la prioridad en su estrategia contra la inseguridad. Ya se ha dicho cómo esa acción buscó ser la herramienta fundamental de su legitimación después de unas elecciones altamente cuestionadas.

Históricamente nuestro país ha tenido altos niveles de violencia y homicidios. Aquí el hemos comentado que una de las formas de violencia menos visible pero sostenida es el brutal empobrecimiento de la población, el despojo de sus recursos; aunque no es el único factor, la creciente franja de marginación propicia conductas agresivas y de riesgo delictivo. Sin ignorar, por supuesto, la otra expresión de la violencia social: la corrupción, que va de la mano con la impunidad.

La violencia y la delincuencia es también un círculo vicioso; no pocas veces se arroja gasolina al fuego.

HECHO EN MÉXICO

LA SEGURIDAD es “asunto principal” para el gobierno federal y para la mayoría de los gobiernos estatales. Es la base para lograr el bienestar, objetivo que se ha convertido en sello del nuevo régimen. Algunos estudiosos han advertido sobre la batalla de las percepciones que se libra en este campo: a la delincuencia organizada le conviene establecer la idea de un Estado débil y el mensaje de que las bandas criminales son todopoderosas. También, han encontrado ventaja en colocar a la población a la defensiva; el temor paralizante es su escudo.

Si revisamos las estadísticas del país, como le decía líneas arriba, en materia de homicidios tenemos muy altos registros. Después de la Revolución Mexicana, con una cifra récord de muertes violentas durante la lucha armada, se observa una disminución sostenida a partir de 1949 para llegar al punto más bajo a finales de 1960; de ahí viene un repunte los siguientes años hasta 1974.

Siguió una etapa de comportamiento medio en cuanto a crímenes por cada cien mil habitantes para luego tener una notoria disminución a partir de 1994 hasta 2006 cuando se volvió a disparar durante el régimen de Calderón, con oscilaciones de altas y bajas que nos llevan a la situación actual: un aumento constante a partir de 2015 (Méxicomágico.org). Así lo recibe López Obrador.

Todavía faltando dos meses para concluir su sexenio, Enrique Peña Nieto tenía ya en octubre de 2018 el registro de víctimas más alto por año: 28 mil 500 muertes violentas. De acuerdo a las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en ese periodo ya se contabilizaban 95 homicidios por día; cuatro por hora.

El mes de mayo de 2018 fue uno de los más trágicos y sangrientos: 2 mil 890 víctimas de asesinato. No resulta inexplicable que a nueve meses de iniciada la actual administración, se mantenga esa terrible tendencia. Junio de 2019 aparece como el del más alto registro de homicidios en lo que va del año: 2 mil 543 víctimas. En agosto se tuvo un leve descenso a nivel nacional: dos mil 469 muertes. Aunque las cifras definitivas del mes previo al informe presidencial las conoceremos el 20 de septiembre.

REFUGIOS CRIMINALES

DE ACUERDO a las versiones oficiales existe una disminución de los homicidios en todo el país, pero son los sucesos en 10 entidades que “alteran” el promedio.  El presidente López Obrador se ha referido a los sucesos extraordinarios de Guanajuato, Jalisco, Baja California, Estado de México y Veracruz. Este último con los brutales crímenes en Coatzacoalcos. Pero también habrá que señalar que precisamente esas entidades se ubicaron en el primer semestre con los de más alta incidencia de homicidios.

Como puede observarse, salvo algunas zonas de Edomex (también Guerrero y Michoacán), no podría decirse que las regiones donde se asentó el crimen organizado sean las más pobres del país.  

A principios de abril de este año, el presidente López Obrador lamentó la impresión que se llevó la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre las cifras de muertes violentas. Sostuvo entonces que se están atendiendo las causas mediante los programas de trabajo, bienestar y fortaleciendo los valores culturales, morales y espirituales.

Es tal la importancia que se le ha dado al problema de la inseguridad, explicó ahora el Presidente que mientras con los gabinetes de economía, bienestar o en materia energética se reúne cada 15 días, con el gabinete de seguridad las reuniones de trabajo son de lunes a viernes.

Respecto a los resultados perceptibles en la población anotó: “Quisiera yo que fuese a partir de mañana (que se resuelva). Pero una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible”.

La existencia de la Guardia Nacional es parte fundamental de su política en materia de seguridad. Este cuerpo tiene 58 mil 600 efectivos; la meta son 140 mil desplegados en todo el país. Los programas sociales deben tener resultados en el mediano plazo; pero existe un consenso respecto a la necesidad de la acción policiaca, de inteligencia para desmantelar los respaldos estratégicos de las bandas y el combate al tráfico de armas.

AL MARGEN

SORPRESIVA, pero explicable la renuncia de Porfirio Muñoz Ledo a sostener su reelección como presidente de la Cámara de Diputados. (vmsamano@hotmail.com)