El Bronco puentea a FEPADE y TEPJF define como ente único

 TEPJF – INE / DESCONECTADOS.- Al restituir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la candidatura presidencial a Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, luego que el Instituto Nacional Electoral (INE) detectara simulación, falsificación y compra de firmas como causales de la negación del registro al regiomontano. El jueves el consejero electoral Marcos Baños, enfatizó que no es lo mismo dictaminar un asunto desde una oficina como se hace en el Tribunal, que revisar cada una de las firmas como lo hizo personal especializado del INE. Agregó que los magistrados se han empeñado en hacer creer a la población que son sus superiores jerárquicos, lo que negó y aseguró que son un órgano autónomo del Estado mexicano. La consejera electoral Pamela San Martín afirmó que las resoluciones del Tribunal son definitivas y que por eso fueron acatadas, pero descartó que personal del INE haya hecho un mal trabajo.

ENRREDO Y JUSTIFICACIONES.- Luego de medir el impacto social expresado en los medios, el TEPJF defendió su posición, y señaló que el INE no revisó 418 mil firmas declaradas como inválidas. Sin embargo, en la sección de Elecciones 2018, este viernes 12 de Abril, el periódico El Financiero, publicó la explicación gráfica (infografía) del consejero electoral Ciro Murayama, donde aclara los motivos legales por los que el INE negó el registro a Jaime Rodríguez como candidato, y señala que el aspirante no alcanzó el número de apoyos válidos que la ley exige.

FISCALÍA AL MARGEN.- Controversia que omitió la intervención de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) como ente sancionador, previo a la intervención del TEPJF. E incluso, en este momento, el procedimiento aún no está determinado por la Fepade, pero que ya fue definido por el TEPJF desde un punto más político que jurídico - electoral, pasando por encima de la fiscalía y demás leyes que guían legalmente el proceso… Y viene la pregunta ¿porque no respetar la ruta jurídica entre INE y FEPADE?. Francamente en el tema del Bronco, el tribunal borró a la fiscalía, omitió el cotejo y la verificación de los hechos que evitaron determinar las sanciones correspondientes. Lo correcto sería mantener suspendido los derechos del Bronco y restituir el procedimiento de la forma correcta INE- FEPADE y solo acudir al TEPJF cuando la Fiscalía haya dictaminado, antes no. Acortar la ruta de la forma en la que se hizo… es dar un tijeretazo a la Ley.

DIATRIBAS EN EL CASO ANAYA.- Otro tema que amenaza el prestigio de las instituciones electorales, es el relacionado con el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, quien pese a las denuncias no ha tocado ni a la FEPADE, ni al TEPJF. Se fue directo a la Procuraduría General de la República (PGR), donde por cierto no hay titular, pero que mantiene una danza de acusaciones mediáticas que por lo visto sólo buscan distraer al ciudadano. Por ejemplo: el vocero del candidato presidencial José Antonio Meade, Javier Lozano, pidió a la dependencia no dejarse intimidar ante todas las pruebas que demuestran la participación del panista en acciones de lavado de dinero público (moches, tranzas, etc). El mismo senador panista Ernesto Cordero, sostiene que Anaya por vergüenza debe renunciar a la candidatura y pidió que citen a declarar al suegro de Anaya (¿?). En medio de todas estas declaraciones, Patricio Kegel, abogado del exchofer y supuesto presta nombre de Manuel Barreiro, afirmó que su cliente entregó la propiedad y que la PGR tomará posesión del cuestionado predio que compró Anaya. En tanto, la Sala Regional del TEPJF salió a decir que la PGR afectó la equidad en la contienda electoral al difundir el video en el que aparece el panista en las instalaciones de la SEIDO. ¡Que alguien ponga orden! 

MESURADO.- El gobernador Arturo Núñez escucha voces que le reclaman intervenir a favor de tal o cual candidato. Ha sido muy claro: las elecciones están en manos de los ciudadanos, los partidos y las autoridades electorales. Al gobierno le corresponde garantizar orden público en el proceso.