El derecho al voto en las democracias modernas es un derecho humano, pero no siempre ha sido así. En la democracia griega antigua, donde se ejercía de manera directa, facilitado por ser comunidades pequeñas, estaban excluidos los esclavos, los extranjeros y las mujeres, quienes no gozaban de la calidad de ciudadanía. En ella, la mayoría de los cargos administrativos y políticos se decidían mediante sorteo, ya que se partía del supuesto de que quien ostentaba la categoría de ciudadano tenía la capacidad para ejercer cualquier cargo. Finalmente, esta forma de gobierno sucumbió al acecho de quienes buscaban la concentración del poder en pocas manos, tras la invasión de los macedonios en el año 322, antes de nuestra era.

Siglos después surgió la figura del parlamento o congreso, ideado por la aristocracia y la nobleza para contrarrestar poder a los reyes a quienes juraban obediencia, al que sólo podían acceder ellos, porque para votar la condición sine qua non era poseer tierras y riquezas, dando lugar al denominado voto censitario.

Más tarde, la revolución estadounidense de 1776 y la francesa de 1789 postularon el sufragio universal, que pronto sufrió retrocesos, al dejar fuera del mismo en EE.UU. a las minorías negras y a las mujeres, que lo logran a nivel nacional hasta 1920.

En México esta conquista llegó hasta 1953, con la promulgación de la reforma constitucional que reconoció a la mujer el derecho a votar y ser votada, precedido por la petición que en 1923 formuló el Primer Congreso de la Liga Panamericana de Mujeres al Congreso de la Unión, para legislar sobre la igualdad de derechos políticos de hombres y mujeres.

Votar es una expresión política personal que busca orientar y conquistar con las demás voluntades que coinciden, un poder en las instituciones del Estado llámese Legislativo, Ejecutivo o ayuntamientos o en organizaciones como las sindicales; al mismo tiempo que manifiesta preferencia por algo o alguien.

Votar no es un simple ejercicio que baste con asistir a la urna cada determinado período y cruzar la boleta por el primer cuadro, logotipo o nombre que se encuentre inscrito en ella, sino una responsabilidad seria que contribuye a conformar una decisión colectiva que al convertirse en mayoría delega el poder para su ejercicio; que sólo tiene la posibilidad de cambiar mediante la Revocación del Mandato en el caso del titular del Ejecutivo Federal en México, pues para los cargos de gobernador y presidente municipal no existe, o a través de la Consulta Popular.

El voto para desplegar toda su potencialidad y florecer requiere de un ambiente propicio que permita no nada más su existencia sino también su recreación y efectividad. Ese medio es la democracia, sin la cual el voto carece de efectividad.

Para que las elecciones sean democráticas es indispensable que cumplan por lo menos con los principios de universalidad, es decir, que el derecho a votar y ser votado sea para todas y todos en línea con las disposiciones legales y con independencia de su credo religioso y situación social, económica y política; de legalidad, porque debe estar establecido en la ley; de certeza, mediante la cual las reglas del juego se establecen antes de que éste comience; de imparcialidad, que indica que quienes apliquen las normas lo hagan sin preferencia alguna; de igualdad, para que todas y todos tengan los mismos derechos, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la ley; de equidad, que busca equilibrar los términos de la contienda; de mayoría, que gana quien tiene más votos, aunque para balancear las imperfecciones que origina en los parlamentos se aplica el principio de representación proporcional; de autonomía, para que las autoridades administrativas electorales y jurisdiccionales actúen con independencia y apego a la ley sin atender presiones externas e independencia, que señala que el árbitro no debe estar sujeto a ningún poder del Estado, agente o de grupo presión.

Puede haber elecciones sin democracia, pero no haber democracia sin elecciones, en virtud de que son elemento central de la democracia electoral, en la que, a pesar de todos los esfuerzos por lograr una elevada participación de los electores, salvo excepciones, no ha conquistado; motivo por el cual, algunos países han introducido el voto obligatorio sin reparar que va contra los derechos humanos de los electores, ya que al ser un derecho humano, no hay lugar para que sea coercitivo.

México, Honduras, Paraguay, Costa Rica, Grecia, Turquía, Egipto, República Democrática del Congo, Tailandia, Argentina, Bolivia, Ecuador, Brasil, Perú,

Panamá, Uruguay, Bélgica, Leichtenstein, Luxemburgo, Australia, Samoa, Nauru, Singapur y Corea del Norte, son países que tienen instalado el voto obligatorio con sanciones previstas para quien no lo cumpla, sin embargo, sólo los últimos nueve de esta lista las hacen efectivas.

El voto obligatorio sólo resuelve artificialmente en parte el problema del abstencionismo que tiene orígenes diversos y no soluciona o amortigua el problema de la desigualdad social, que erosiona e impacta negativamente a la democracia electoral.

Así, el voto es una herramienta de la democracia que contribuye a resolver problemas, cuyas soluciones están en manos de quienes el voto otorgó esa responsabilidad.