El día que no hubo Estado en Culiacán

El 17 de octubre de 2019 desapareció el Estado en Culiacán. Desaparecieron los tres órdenes de gobierno: el federal, el estatal y el municipal.

No solo el Ejército fue rebasado por ríos de delincuentes armados y entregó a  su detenido, Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, sino que la ciudad, vacía de ciudadanos y de autoridades, quedó 24 horas en manos del crimen.

Como en un relámpago quedó claro quién tiene el poder real en Sinaloa. Los culiacanenses vieron por la noche, una y otra vez,  pasar por sus calles   convoyes de sicarios celebrando, portando algunos máscaras de neón de la Santa Muerte, y las armas con las que horas antes habían abrumado al Ejército en las calles de la ciudad.

Como siempre, desconocemos los detalles del hecho: dónde y cómo detuvieron a Ovidio Guzmán, adónde lo llevaron y cuál fue el momento crítico en que el gobierno decidió liberarlo para evitar lo que, en efecto, hubiera sido una masacre.

Hay la versión de que los sicarios tenían en sus manos a ocho soldados y que Ovidio Guzmán fue soltado a cambio de sus vidas. Hay la versión de que los sicarios sitiaron la unidad habitacional donde viven los familiares de las fuerzas armadas y dispararon contra ella, inclinando así, despiadadamente, la balanza a su favor.

La torpeza del operativo fue reconocida por el gobierno, aunque desconocemos también los detalles. El resultado fueron unas horas de terror en Culiacán y el sometimiento de los soldados a los pistoleros, una derrota en forma y fondo para la Guardia Nacional, para el Ejército, para el gobierno federal y para el gobierno local: para el Estado.

No creo que haya nada que celebrar en ello por parte de las oposiciones y de los críticos. Por el contrario, la derrota del Estado en Culiacán nos amenaza a todos.

En la lucha del gobierno contra el crimen, nuestra solidaridad ha de ser para el gobierno, para las fuerzas armadas, para las policías y las autoridades que  luchan de este lado de la guerra, en defensa de todos.

La crítica a los errores no debe borrar la toma de partido fundamental por el Estado contra el crimen.