México vive un deterioro que no se explica por la coyuntura, sino por la erosión sistemática del Estado. La corrupción, la violencia, la colusión criminal, la captura institucional y la opacidad patrimonial no son episodios aislados: son la consecuencia lógica de haber roto, una por una, las funciones esenciales del Estado moderno. Hermann Heller advertía que "el Estado no es un aparato, sino una unidad política". Cuando esa unidad se fractura, lo que queda es un gobierno sin Estado, un poder sin estructura y una autoridad sin legitimidad.

La presente colaboración articula teoría política clásica con hechos documentados públicamente para mostrar cómo, en los años recientes, en México tanto los políticos como la política se han ido apartando del deber ser de la ética pública y de la arquitectura institucional, y por qué ese camino conduce inevitablemente a un desenlace indeseable.

Para Heller, el Estado es y debe operar como unidad jurídica, porque existe para integrar población, territorio y poder bajo un orden jurídico estable. Cuando el poder se convierte en patrimonio autoritario, se privatiza. El Estado se desintegra porque la población deja de creer en la autoridad, el territorio se fragmenta y el orden jurídico deja de producir la seguridad que demanda la unidad estatal. En otro sentido, Max Weber habla de racionalidad y del monopolio legítimo de la fuerza definiendo al Estado como "la comunidad humana que reclama con éxito el monopolio legítimo de la violencia". Si ese monopolio se comparte, se negocia o se entrega, el Estado deja de existir como tal. Montesquieu abordó el tema desde el equilibrio como condición de libertad. Fue tajante: "todo poder tiende a abusar del poder". Por eso la separación de poderes no es un lujo, sino un mecanismo de supervivencia republicana. Por su parte, Jean-Jacques Rousseau teorizó sobre la voluntad general y propuso un Contrato Social que distingue entre la voluntad general y la voluntad del gobernante. Cuando ambas se confunden, la democracia se convierte en obediencia. Finalmente, sería una falla metodológica no citar a Maquiavelo, que orientó los conceptos prudencia y estabilidad desde el ejercicio del estadista. Escribió que "el príncipe debe aprender a no ser bueno cuando la razón de Estado lo exige". Pero también advirtió que la imprudencia destruye al gobernante y al Estado.

Pero estas teorías, comprobadas durante siglos, llegan a un punto de quiebre cuando el gobierno se apropia del Estado o cuando el Estado se entiende como un botín. Diversas investigaciones periodísticas han documentado negocios derivados de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Medios nacionales reportaron contratos vinculados al AIFA, al suministro de balasto para los trenes Maya y Transístmico, y a actividades relacionadas con el mercado ilícito de combustibles ( huachicol), cuya expansión coincidió con el periodo reciente. No es el escándalo lo relevante, sino la lógica patrimonialista y el sistema de botín con el que se identifican numerosos políticos y gobiernos. Heller lo describió con precisión: cuando el poder público se usa para enriquecer a particulares, el Estado deja de ser Estado. Reportes de prensa han señalado que, bajo la influencia de actores políticos cercanos al gobierno, PEMEX operó con redes de corrupción que afectaron contratos, adquisiciones y decisiones estratégicas. Weber habría llamado a esto patrimonialización del aparato estatal: cuando la burocracia deja de responder a la ley y responde a la lealtad. Investigaciones periodísticas han documentado presuntos esquemas de financiamiento de campañas mediante recursos de origen no aclarado, triangulados a través de empresas fantasma o intermediarios. Rousseau advertía que la representación política se corrompe cuando responde a intereses particulares. Quien llega al poder con dinero oscuro gobierna para protegerlo. El secuestro y desaparición de más de cien personas durante la jornada electoral para elegir gobernador en Sinaloa en 2021 —hecho ampliamente reportado por medios nacionales— marcó un punto de quiebre. A ello se suman señalamientos en Baja California, Sonora, Michoacán, Tamaulipas y Estado de México sobre presunta colusión entre autoridades y grupos criminales. Weber sería lapidario: cuando el crimen decide elecciones, el Estado ha perdido el monopolio de la fuerza. La política de "abrazos, no balazos" fue presentada como estrategia humanista, pero terminó funcionando como renuncia operativa. La liberación de representantes del crimen organizado se convirtió en símbolo de esa renuncia. En otras palabras, un Estado que decide no ejercer su fuerza legítima deja de ser Estado. La desaparición o debilitamiento de órganos autónomos, la elección anómala de un Poder Judicial dominado por perfiles afines al partido gobernante y la centralización presupuestal en programas sociales sin evaluación independiente completan el cuadro. Montesquieu habría visto aquí la antesala de la tiranía: cuando el Ejecutivo absorbe al Judicial y neutraliza a los órganos autónomos, el equilibrio republicano se extingue.

Teoría vs. realidad: la actual, praxis como sistema de disfuncionalidad.

• Weber: de burocracia racional a burocracia leal; de legitimidad a propaganda; de monopolio de la fuerza a fragmentación territorial; de realidad a narrativa.
• Montesquieu: poderes subordinados; contrapesos anulados; justicia instrumentalizada.
• Heller: el derecho sustituido por decretos, venganzas o improvisaciones.
• Rousseau: la voluntad general reducida a la voluntad del líder.
• Maquiavelo: la prudencia sacrificada por la narrativa; el Estado subordinado a la facción.

No son fallas aisladas: es un sistema de disfuncionalidad que en un punto determinado traerá consecuencias visibles por la erosión de la legitimidad. En otro sentido, se tiende a la normalización de la violencia documentada con datos oficiales y reportes periodísticos coincidentes: los últimos siete años han registrado cifras crecientes de homicidios y desapariciones. La violencia dejó de ser excepción: es estructura. Por otra parte, hay señales internacionales de deterioro. La solicitud de detención con fines de extradición de diez personas vinculadas al gobierno de Sinaloa por parte de autoridades estadounidenses fue interpretada como señal de desconfianza en la capacidad del Estado mexicano para procesar ciertos casos. A ello se suma un dato devastador: la impartición de justicia opera con un 99% de impunidad, según organizaciones especializadas. Además, la ciudadanía está polarizada o resignada casi en partes iguales. La sociedad oscila entre la furia y la resignación, en una pasividad que el propio régimen alimenta con el dinero que reparte. La polarización y la pasividad son hoy herramientas de gobierno. Una advertencia prospectiva nos indica hacia dónde lleva esta deriva: fragmentación territorial bajo control criminal; crisis fiscal por incapacidad operativa del Estado; desinstitucionalización irreversible; normalización del deterioro como forma de vida; pasividad social como anestesia política.

Los imperios, como los Estados, no colapsan de un día para otro: se vacían poco a poco.

Una conclusión plausible indica la necesidad de reconstruir desde el deber ser. La teoría política no es un lujo académico: es la brújula que permite distinguir entre gobierno y Estado. México no necesita un nuevo relato: necesita instituciones que funcionen. Necesita volver a Heller, Weber, Montesquieu, Rousseau y Maquiavelo no como citas, sino como advertencias.

Un país no se derrumba cuando enfrenta una crisis, sino cuando deja de reconocerla.

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