El fin de los privilegios políticos

Aun estando ausente no deja de permanecer en la agenda pública el próximo presidente de México. En los días que se tomó un merecido descanso se escucharon reacciones en torno a uno de los puntos más polémicos de la agenda en materia de austeridad que difundió hace unos días.

Por un lado, un magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha asegurado que las remuneraciones y pensiones de los integrantes del Poder Judicial de la Federación no son privilegios, sino condiciones que garantizan la autonomía e independencia de los magistrados y jueces. Con ese criterio, todos los mexicanos deberíamos tener aseguradas mayores remuneraciones para no padecer la dependencia que frena el desarrollo del país.

Actualmente un ministro de la Corte puede alcanzar un salario neto mensual de 269 mil 215 pesos, más prestaciones y estímulos, como lo es un pago por riesgo anual de 554 mil 595 pesos; se calcula que el ingreso promedio mensual de cada uno de los ministros es de 520 mil pesos mensuales. Todos estos pagos se modificarían a la baja de aprobarse la reforma propuesta por AMLO hace unos días. Por lo que ya ha puesto a pensar a muchos funcionarios públicos, nadie quiere abandonar sus privilegios y cotos de poder, por lo que la reacción es lógica, aunque inútil.

El magistrado señaló que tener buenos jueces, independientes y confiables hace que la democracia sea real y efectiva y el estado de derecho deje de ser una utopía. En pocas palabras, la imparcialidad tiene un costo.

Cuántas veces se ha dicho que en este país la justicia tiene un precio y las cárceles están llenas de pobres. Esta fue la confirmación.

Ya juristas como Diego Valadés han señalado que en el Poder Ejecutivo el tope máximo es el salario del Presidente de la República, no así en el poder judicial. Por lo que otros juristas señalan la necesidad de que se revise y aplique la Constitución donde se señala ese tope máximo independientemente del poder al que se pertenezca. Es una cuestión de ética, pero pocos conocen de ella; pero también un asunto de legalidad.  

El Artículo 127 de la Constitución es muy claro: “Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades”. Remuneración adecuada e irrenunciable, pero…

Agrega:

“II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente”.

Por su parte el titular del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, se dijo respetuoso de las instituciones y aseguró que acatará las normas que establezca la próxima administración del Presidente electo en cuanto a la austeridad y la disminución del sueldo de funcionarios. 

En Tabasco ya el tema se ha colocado en la agenda pública. El gobernador electo, Adán Augusto López, ya ha mencionado algunos de los ajustes que realizará en el presupuesto del año próximo en el que se pondrá en práctica una política estatal de austeridad que incluirá la reducción de salarios para funcionarios estatales y de otros gastos.

Le tocara a la bancada de Morena en el Congreso del estado, donde son mayoría, aprobar el presupuesto de ingresos y egresos del año próximo en la que se plasmarán las nuevas prioridades del estado. En el pasado quedará aquello de “un político pobre es un pobre político”. Quizá se cambie por un lema juarista: “un político que no es austero no es político”.

Claro, a cada cual según su responsabilidad.

POSTDATA

Aún quienes argumentaban que era inviable e imposible una refinería en Tabasco propuestas por Andrés Manuel López Obrador ya se están apuntando frente a los potenciales beneficios. Qué bien que así sea. Pero tampoco hay que olvidar que la industria petrolera es sólo uno de los factores y actores de la recuperación. Como bien lo dijeron casi todos los aspirantes a la gubernatura y como lo sostiene el ganador de las votaciones Adán Augusto López es necesario diversificar la economía. Debemos aprender de los errores que actualmente nos cuestan la grave crisis.