El debate sobre la penalización del aborto se ha reavivado en todo el mundo luego de la determinación de la Corte Suprema de Estados Unidos (SCOTUS por sus siglas en inglés) de anular el fallo por el que desde 1973 se había reconocido el aborto como un derecho en ese país.

La histórica sentencia del caso Roe vs. Wade que había establecido que las mujeres estadounidenses tenían derecho a abortar de manera legal fue anulada por la mayoría de jueces conservadores, que alcanzaron 6 de 9 votos. Tres de ellos gracias a jueces designados por Donald Trump.

Resalta el carácter político de la decisión, pues implicó revocar un criterio de constitucionalidad que parecía consolidado tras más de medio siglo. Más aún cuando encuestas realizadas tras la abolición del derecho al aborto indican que hasta dos terceras partes de los ciudadanos estadounidenses no están de acuerdo.

La resolución implica el cumplimiento de una de las promesas de campaña de Donald Trump y una demostración de la influencia de su legado en la Corte, a pesar de haber perdido las elecciones.

UN GIRO ULTRA

Los tres jueces liberales que votaron en contra del fallo han señalado que es defectuoso y podría, en algunos estados, obligar a las mujeres a llevar a término un embarazo, incluso si es el fruto de una violación. Algunos temen que pueda llegar a castigarse a mujeres que sufrieron un aborto espontáneo, lo que sucede hasta en un 20% de los embarazos.

Existe la preocupación de que la mayoría conservadora en la SCOTUS ponga en duda otros precedentes constitucionales. Y con razón, pues el juez Clarence Thomas propuso revisar en futuros expedientes las jurispudencias que consagran como derechos el acceso a anticonceptivos, a tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo y el matrimonio igualitario. Todos ellos amparados en la Decimocuarta Enmienda, como el derecho al aborto.

El argumento de la Corte para revocarlos podría ser el mismo. El polémico fallo considera que si la Constitución estadounidense no trata expresamente sobre el aborto, la SCOTUS no tiene facultades para señalar que si es un derecho constitucional ni puede prohibirlo, por lo que deja a los estados en la libertad de regularlo. Se espera que en la mitad de los 52 estados de la Unión el aborto se prohíba o restrinja en distintos niveles.

El giro ultraconservador que ha tomado SCOTUS se aprecia de manera contundente en otras resoluciones recientes. A pesar del creciente número de tiroteos en escuelas, que el año pasado ascendió a casi 700, la Suprema Corte estadounidense limitó las restricciones que se pueden imponer para que los ciudadanos porten armas de fuego. Y días antes, en lo que muchos ven como un atentado contra la laicidad del Estado, resolvieron permitir que se utilicen fondos públicos para mantener escuelas religiosas. Todas estas decisiones fueron tomadas en el transcurso de la semana pasada.

Mientras la Corte de aquel país considera que en el pasado se extralimitó en sus facultades en lo que se refiere al aborto, miles de estadounidenses reclaman la falta de democracia en una decisión que tomaron solo seis jueces y que afectará millones de mujeres en esa nación. En tanto, otros grupos, especialmente los homosexuales, temen que ese puñado de jueces también derrumbe los derechos por los que lucharon durante décadas.

Sin duda habrá intensos debates sobre esos temas; no obstante, subyace otro que los estadounidenses enfrentarán de primera mano: el papel del Poder Judicial en la democracia. Puestos los ciudadanos frente a los jueces, solo cabe esperar la defensa que los afectados harán de los derechos que ya tenían adquiridos en nombre del valor que los vecinos más aprecian: la libertad.