ESCALA CRÍTICA

* Democracia y república, con aplazamientos y desplazamientos   

* La cuarta, costos de la transformación: prisa por dar resultados

* Ciudadanos de a pie, por la construcción de un nuevo pacto

CON EL PESO de la investidura presidencial, Andrés Manuel López Obrador expresó recientemente su preferencia por la justicia, antes que por la legalidad, “si de cuestiones sociales se trata”. Se levantó polvo mediático y se multiplicaron críticas jurídicas al planteamiento presidencial. La interpretación dominante subrayó que “AMLO minimiza el Estado de Derecho y eso resulta inadmisible desde Palacio Nacional’. Pero…

Se dejó de lado la precisión de AMLO: “si de cuestiones sociales se trata”, y se invocó la legalidad como tótem inamovible, con la justicia en calidad de convidado de piedra.

El debate, desde diferentes perspectivas, apunta a tiempos y objetivos del sexenio en curso. La asimetría entre legalidad precaria y justicia posible es la principal preocupación de una mayoría. Más allá del ruido mediático y la exigencia de resultados inmediatos en materia de legalidad y justicia, el planteamiento presidencial trasciende coyunturas y retoma una discusión histórica. No es sólo que lo diga AMLO, es un reclamo ciudadano (si entendemos por ciudadano a quien se compromete con sus semejantes).

Desde luego, se necesitan resultados visibles en el corto y mediano plazo. Pero el debate entre legalidad y justicia (si se quiere una transformación estructural de México) pasa por comprender anteriores proyectos de nación, sobre todo sus carencias. La historia obliga a repensar el presente. Y surge una pregunta: ¿por qué se minimiza, desde la oposición (conservadora y de derecha), la visión complementaria entre legalidad y justicia?       

ANTEOJOS CIUDADANOS  

LO EXPRESADO por AMLO podríamos interpretarlo como resultado de una visión construida en 40 años de activismo social; heredero, además, de una propuesta alternativa de las izquierdas y de quienes mucho antes exigieron justicia pacíficamente en medio de un marco legal deplorable. El reclamo de los vencidos por la colonización. Eso activó conciencias ciudadanas que han visto cómo la legalidad es fachada detrás de la cual se perpetran injusticias. Detrás de las palabras del presidente debe estar la lucha contra la desigualdad en un marco favorable a las élites y clases pudientes.           

Por siglos, la justicia en México ha sido anhelo de los de abajo: millones de desposeídos, indígenas, campesinos, obreros y carne de cañón en forma de jóvenes sin futuro. La desigualdad forjada como piel y huesos del país, fue producto de una legalidad a modo de las élites y sus operadores. Si no se entiende este marco histórico, que produjo tres movimientos sociales cruentos (Independencia, Reforma y Revolución, sin ignorar otros episodios trágicos), no se captará el sentido de apostar por la justicia por encima de la legalidad, “si de cuestiones sociales se trata”. Con esta precisión, queda claro que el Estado de Derecho no debe ser desechado (¿quién querría hacerlo si se apuesta por la República?, ¿quién, si se busca que no prevalezca la ley de más fuerte?): tiene que ser ajustado a la visión de una justicia ampliada, que por fin llegue a los de abajo. Ése sí es pendiente nacional. Lo extraordinario es que puede lograrse sin violencia.

México pasó de las castas a las tiendas de raya, a las fábricas en condiciones infrahumanas, con millones de personas trituradas por una legalidad torcida, vacía de sentido social. Eso describe históricamente la asimetría legalidad/justicia: el marco legal, aplicado de forma discrecional, produjo injusticia.

COYUNTURAS NO ESPERAN

MIENTRAS tanto, el corto plazo acicatea. Queremos las dos cosas. Legalidad y justicia, con truenos y centellas, aunque la prisa detone problemas legales y dificulte la aplicación de justicia. Se quieren quemar etapas y hacer 12 años de gobierno en seis, o en menos. La búsqueda de justicia tiene sed histórica y la mayoría en las clases acomodadas no entienden ese frenesí. Es tema significativo, porque hay que distinguir entre justicia social y justicia en sentido jurídico. Los tribunales son una cosa, la redistribución de la riqueza es otra.

De cualquier modo, el Estado de Derecho tiene que regular la justicia social y la justicia jurídica. La justicia social es prioridad. Eso no significa que la justicia en estricto sentido jurídico se vaya por el caño de la historia en la Cuarta Transformación. Al contrario: una buena parte de la justicia social depende de ajustes jurídicos.               

En México, que no es Suecia, las verdades legales detonan injusticias sociales. Se menciona que la coalición en el poder buscará en la segunda parte del sexenio una nueva Constitución. La justicia no es sólo asunto de diseño jurídico, sino de aplicación de las leyes existentes. El marco legal, bien aplicado, detonará crecimiento económico y frenará la corrupción. Adversarios de AMLO reclaman la aplicación fría del Estado de Derecho, tal cual. Hemos visto los resultados de una desigualdad reflejada en los tribunales (“no se castiga el delito, se castiga la pobreza”); tampoco se trata de promover una presunta justicia sin normas. Los votos de julio del 2018 son un mandato para la justicia social a través de una transformación jurídica. Los tiempos políticos corren de prisa, mientras el país padece en ambos flancos.

AL MARGEN

SON LOS REPRESENTANTES del nuevo régimen quienes tendrían que esforzarse por ser justos…y solidarios.

 (vmsamano@hotmail.com.mx)