ESTRICTAMENTE PERSONAL

El viernes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional a los desarrolladores inmobiliarios Abraham y Elías Cababie. La reunión pasó desapercibida, pero de acuerdo con los antecedentes sobre lo que está pasando en el sector de la construcción en la Ciudad de México, hay que prestar atención. Los Cababie encabezan el Grupo GICSA, que ha sido responsable de algunos de los desarrollos más notables en la capital, como Paseo Arcos Bosques, el corporativo de HSBC o el Forum Buenavista, y su encuentro con López Obrador, coincidencia o no, se inscribe en una serie de críticas y mensajes que le han hecho llegar al presidente los constructores sobre el actual gobierno de Claudia Sheinbaum en la capital federal.

La queja es cada vez más insistente, es que Sheinbaum ha frenado completamente la construcción en la Ciudad de México, provocando el principio de una crisis que afecta a los desarrolladores inmobiliarios, al empleo en el sector y, como consecuencia, a la economía de la ciudad, que representa el 18% del total nacional. El planteamiento es simple. Si mantiene su política de deshidratación de la industria, tendrá consecuencias en la política económica a nivel federal, al provocar una desaceleración que contribuirá negativamente a los índices decrecientes que se están registrando. Como botón de muestra, sólo en el corredor inmobiliario en Cuajimalpa, ya hay seis mil albañiles sin trabajo.

El atorón inmobiliario tiene como origen la certeza de la jefa de gobierno de que hubo una fuerte corrupción en el sector durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, y su convicción de que la Ciudad de México ya tiene demasiados desarrollos inmobiliarios. Al hacer una evaluación de sus primeros días de gobierno en marzo, Sheinbaum dijo que “estamos acabando con la corrupción que llevó al desorden inmobiliario”, y que se habían revisado los 174 polígonos de atención autorizados. Se llama polígono de atención a una superficie delimitada de suelo que integran uno o más predios para realizar proyectos urbanos, que tienen que ser autorizados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México.

Sheinbaum detalló en su informe que 48 de ellos tenían “irregularidades graves” y la construcción en 17 de ellos había sido suspendida, pero la forma como maneja los números y emplea los argumentos ha sido inconstante y en algunos casos, de manera muy preliminar. Un mes antes de su informe de los 100 días, dijo que se habían suspendido las actividades en 12 obras inmobiliarias, a fin de atender los reportes de la ciudadanía ante anomalías detectadas -no precisó por parte de quién- en la autorización de los 174 polígonos de actuación. En este caso, habló de irregularidades en todos los polígonos, que en febrero ya no resultaron todos los que mostraron anomalías, sino únicamente en el 25% de ellos. Las obras restantes, sin embargo, no se reanudaron en las alcaldías de Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Coyoacán y Benito Juárez, donde se concentran las obras.

Sheinbaum ha dicho que se abusó de los polígonos de actuación durante 2017 y 2018, al autorizar obras sin fundamento legal con base en los programas de desarrollo urbano, como permitir una mayor cantidad de niveles de construcción, la ampliación de la superficie de desplante y la relocalización de usos entre las demarcaciones. Daniel Narváez, director de mercadotecnia del portal especializado Lamudi, dijo en marzo en una entrevista de prensa, que a los 17 proyectos suspendidos, había otros 29 cuya construcción estimaban sería detenida también. Eso no sucedió, ni se ha vuelto a hablar del tema. Pero las acciones inhibieron al sector inmobiliario y se pararon las construcciones, no por iniciativa de los desarrolladores sino, como señalan algunos afectados, porque las alcaldías dejaron de autorizar permisos para la construcción.

Las políticas de vivienda del gobierno central han permeado en las alcaldías, mayoritariamente gobernadas por Morena, el partido en el poder, lo que ha acentuado la crisis del sector. Desde junio del año pasado, antes de las elecciones presidenciales, se estimaba que las ventas en el sector se iban a ralentizar en este año, dada la experiencia que en cada cambio de gobierno federal, caen entre 15 y 20%. Eugenio Towle, socio de la consultoría inmobiliaria Softec, dijo durante un foro en junio que la disrupción de los procesos llega a tomar seis meses de curva de aprendizaje antes de que se normalice el sector. En esta ocasión, sin embargo, eso no sucedió y todo se detuvo.

De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción, durante el primer bimestre de este año, la actividad productiva de la industria permaneció prácticamente estancada, con un crecimiento marginal de 0.1% con respecto al mismo periodo de 2018, lo que afectó en la generación de empleos. Por ejemplo, Susana Miranda, presidenta del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, dijo a la prensa que durante ese bimestre, alrededor de 300 de sus afiliados estaban sin trabajo desde el cambio de gobierno, y anticipaba que podría detonarse una crisis si las alcaldías seguían negando permisos de construcción.

Aquellos síntomas se volvieron una enfermedad, y el sector privado -aún quienes no están dentro de la industria-, están sonando las alarmas en el gobierno federal. No tuvieron interlocución en el gobierno de la Ciudad de México, por lo que el problema le llegó a López Obrador. No hay una claridad aún sobre qué decisión tomará el presidente, ni qué tanto ha sido convencido que tiene que actuar para reactivar al sector inmobiliario y de la construcción, que va en beneficio no sólo de estos y de trabajadores, sino de su propia política económica y laboral.

Nota: En la columna del lunes, se identificó erróneamente a la responsable del proyectos de las universidades públicas “Benito Juárez”, como Bertha Luján. La responsable es Raquel Sosa.

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