Cuando se pregunta si un lugar es seguro o inseguro, una respuesta intuitiva es, muchas veces, más sencilla que un análisis basado en datos. Quien vive en medio de un ambiente de inseguridad lo sabe, lo percibe a flor de piel. Pero quien tiene que hacer política pública y estrategia para atacar esa inseguridad suele, por alguna razón, tener más dificultades para identificar causas y prioridades, acabando, muchas veces, por perderse en un laberinto de definiciones, estadísticas, formatos y redacciones.

Históricamente, al intentar hacer un análisis sobre la inseguridad y un diagnóstico para la generación de política pública, se ha iniciado por realizar un recuento de delitos. Después de todo, ahí donde se cometen más delitos debe ser un lugar más inseguro. Pero, muy pronto, es fácil darse cuenta que la inseguridad es, también, un problema de percepción. No es lo mismo el robo de una cartera que un secuestro. Y no solamente importa el daño a la víctima, sino el miedo provocado a todos los demás que se sienten vulnerables y con cierta probabilidad de ser victimados en forma similar.

Así, en la intención de captar toda la dimensión del problema para la generación de estrategias, se optó por la identificación y priorización de los que fueron llamados “delitos de alto impacto”. Esto es, se definió un conjunto de cinco o seis tipos de delitos (como el homicidio o el secuestro) que, de forma intuitiva, parecen provocar el mayor impacto, por el temor que producen, no solamente en las víctimas, sino en los terceros que, aún no habiendo sido directamente afectados, son testigos o de alguna forma se enteran de su comisión. Y se ha optado por dar seguimiento a las estadísticas de ese conjunto de delitos de alto impacto para priorizar focos rojos, definir despliegues de fuerzas policiales, identificar objetivos prioritarios y, en general, diseñar estrategias de seguridad.

Notoriamente, la mayoría de las definiciones de “delitos de alto impacto” no incluyen al feminicidio. Las que lo consideran, lo han hecho apenas a fechas recientes y de manera casi tangencial, apareciendo, fundamentalmente, en estudios realizados por organizaciones de la sociedad civil. No deja de ser curioso, por cuanto que la evidencia no para de acumularse sobre la capacidad que este delito tiene para hacer sentir insegura a la población.

Aún si se hicieran oídos sordos a las ya muy evidentes, fuertes y claras voces que claman por acción y justicia frente al feminicidio, no puede hacerse la vista gorda frente a la cantidad de datos que existen para corroborar su importancia central. Si se realiza un ejercicio estadístico serio, relacionando los delitos cometidos con la percepción de inseguridad y, a partir de esa relación, se ubican cuáles son los delitos que más impactan, en vez de definirlos a priori, se encuentra fácilmente que, en numerosas entidades del país, el feminicidio ocupa uno de los primeros tres lugares de delitos que mayor percepción de inseguridad generan. En muchos casos, tiene un impacto mayor, incluso, que el de los secuestros, extorsiones u homicidios dolosos de otro tipo.

Así, es no solamente justo y urgente, sino lógico, evidente y de sentido común, que el feminicidio debería ser colocado en el centro de cualquier estrategia seria de combate a la inseguridad. Tendría que serlo, no solamente como forma de cumplir un requisito o por aparentar una política de género, sino como una meta prioritaria para generar ambientes de mayor seguridad. Solo así es posible atender el tema con la eficacia que requiere.

Si la sensibilidad social falla, si no es suficiente el grito de millones de mujeres hartas de observar el escalamiento de formas de violencia que han transitado de los prejuicios culturales a los atentados contra sus vidas, la frialdad del dato duro tendría que ser la confirmación de un clamor que se traduce en exigencia social. No por nada el combate al feminicidio es, hoy, la demanda más sensible y sentida de quienes forman más de la mitad de la población del país. De alguna u otra manera, urge que se entienda y que se atienda.