Agenda Ciudadana

La desaparición de los fideicomisos del poder Judicial es parte de una estrategia orientada a avanzar los intereses presidenciales respecto de las elecciones, la división de poderes y la polarización que tanto beneficia a su administración.

Con base en mentiras y medias verdades, el presidente movió sus piezas en la Cámara de Diputados para que, sin mayor análisis, hicieran bulto y votaran por recortar 15 mil millones de pesos asignados a varios fideicomisos del poder Judicial, muchos de ellos creados para apoyar las economías familiares de los trabajadores de todos los niveles de la institución.  No importaron los diferentes testimonios de trabajadores de base en los que dieron cuenta que el recorte pondrá en riesgo la salud de muchos de ellos, pues no tendrán recursos para médicos y medicamentos.  No merecieron consideración, tampoco, las aclaraciones hechas por la oficial mayor del poder Judicial, Gisel Morales, acerca de los excedentes y las revisiones de la Tesorería de la Federación.  Por si fuera poco, las protestas de los trabajadores y trabajadoras fueron contenidas por las fuerzas de seguridad de la Ciudad de México y sus reclamos, completamente ignorados. 

La desaparición de esos fondos y las acciones que habrán de ser promovidas por los afectados, en aras de la restitución, reclaman toda nuestra atención. Pero también la exigen las intenciones y los intereses que hay por detrás y que han conducido al presidente a promover esta extinción.  El hecho se inscribe en dos contextos, uno político-discursivo y otro electoral.  Los dos se fusionan convenientemente para fortalecer la lucha del presidente en contra de la división de poderes.  Como es claramente conocido, el presidente ha llevado a cabo, desde hace un buen tiempo, una campaña en contra de la independencia del poder Judicial, en virtud de que no consiguió, primero, extender el período presidencial de Arturo Zaldívar en la Suprema Corte y, luego, elevar al cargo a Yasmín Esquivel, acciones ambas que le habrían garantizado apoyo a sus proyectos legislativos y políticos.  Su molestia creció cuando la ministra Norma Piña resultó electa presidenta y se ocupó de mantener la independencia de su poder.

Convencido de que sólo él entiende que la historia del país fluye a través de su personaje y de que ese proyecto de nación que identifica intrínseco a la patria sólo puede ser alcanzado a través de lo que él—con muy poca modestia—llama la "cuarta transformación", López Obrador ha proclamado que es necesario modificar el método de selección de ministros y jueces.  Debe ser "democrático" ha dicho.  Eso significa que la Constitución deberá reformarse para que quede asentada la propuesta cuartotransformista de integrar a los miembros de ese poder vía elecciones populares.  Él sabe—y aquí radica una de las claves del proceso—que las modificaciones aprobadas el miércoles serán rechazadas en la Corte, por una razón muy simple: como la gran mayoría de las propuestas lopezobradoristas de cambios a las leyes, ésta se llevó a cabo sin respetar las reglas procedimentales del poder legislativo.  Fueron sometidas a comisiones que no les correspondían y carecen de justificación jurídica.  López Obrador no puede esperar a que la Corte dé su fallo.  Obtendrá, de esa manera, argumentos para arreciar—con mayor agresividad—sus ataques al poder Judicial.  Los acusará de corruptos y usará el rechazo como la mejor e indudable evidencia de que a los jueces lo único que les interesa es la defensa de sus "privilegios", que no la justicia.  Las razones jurídicas de fondo no recibirán la misma atención que los denuestos presidenciales.  Cualquier argumento en defensa de la decisión de la Corte será interpretado como "defensa cínica" de inmerecidas prerrogativas que quitan recursos a los pobres.  La retórica presidencial tiene garantizada el triunfo.

Claudia Sheinbaum ha prometido incorporar a su campaña la propuesta lopezobradorista de votar a jueces y ministros.  La batalla de López Obrador dará fuerzas, así, a su intención de domesticar al poder Judicial y, por supuesto, a su candidata, la aspirante oficial a la presidencia.  El objetivo no es, en realidad, desaparecer los fideicomisos, sino promover la obtención de la mayoría calificada en el Congreso para luego asestar el golpe mortal al poder Judicial, léase, la división de poderes.

Nunca en México hemos tenido una esfera pública en la que el debate sea profundo y de calidad.  Hoy, menos que nunca. Esto se lo debemos a la triunfante comunicación política presidencial: los simplismos, los insultos y las mentiras han sustituido a los argumentos racionales.