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La 4T apuesta a acentuar la retórica de los «Traidores a la Patria»

Cantada la improcedencia de la «Iniciativa de Reforma Electoral» que el Gobierno de la República envió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, no hay «Plan B» que pueda modificar la «Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales» ni las locales hacia donde apuntan los legisladores afines, sin que antes pase por el entramado constitucional, para concretar el objetivo.

Los Congresistas coaligados al Régimen de la Cuarta Transformación no podrán centralizar la organización de elecciones federales y estatales en el INE, despareciendo los Organismos Locales, ni elegir por voluntad popular a los Consejeros y Magistrados Electorales, ni eliminar los Legisladores Plurinominales, ni retirar el financiamiento a los Partidos Políticos, entre otros propósitos. La Mayoría Absoluta no aplica. 

En la lógica de la «Supremacía» por la que se rige el «Estado de Derecho», el Artículo 133 de la «Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos»  plasma a la letra el orden de jerarquía.

«Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.

«Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas».

No se trata sólo en particular de la Iniciativa de Reforma Electoral, enviada con el conocimiento de que no cuentan con las dos terceras partes para que proceda, sino de todas aquellas Iniciativas que se gesten al interior del Poder Legislativo o bien se origine del Poder Ejecutivo Federal. Aún menos cuando la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales así como las Locales, que están vinculados en particular los Artículo 41, 52, 53, 54, 56, 99 y 105, entre otros que se plantean en el texto elaborado por Pablo Gómez y Horacio Duarte Olivares. 

La «Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos» impera como norma suprema del país, y esta es la Máxima Ley, cualquier disposición que esté en contra de ella, carece de validez.

Bajo el paraguas se tiene la Acción de Inconstitucionalidad inscrito en el Artículo 105 que les concede a Legisladores y Partidos Políticos para argumentar su querella ante la Suprema Corte de Justicia de Nación.

En este contexto se inscribe la Acción de Inconstitucionalidad anunciada  por la Oposición en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México que, a Iniciativa de Reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, aprobada por mayoría absoluta de Legisladores que a iniciativa de la Jefa de Gobierno que prescinde al Instituto Electoral entre otros de la Unidad Técnica de Fiscalización, de la Unidad Técnica de Derechos Humanos y Género y de la Unidad Técnica de Archivos, contraviniendo al Artículo 41 de la «Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos» y a la Ley de Archivos. 

Los Congresistas de Oposición en la Ciudad de México, teniendo atados todos los cabos, por lo que compete al Pleno de lo de los 11 Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, depositaria del Control de Constitucionalidad, deberá pronunciarse en el sentido de declarar improcedente la extinción de las Unidades que presuntamente busca un ahorro de 52 millones de pesos. 

Habrá que tener también en cuenta que en junio de 2019 el Congreso de Baja California modificó el Artículo 8 Transitorio de la Constitución Local para extender de 2 a 5 años el período de gobierno de Jaime Bonilla, cuando ni siquiera el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación había resuelto las impugnaciones ni se había concluido el Proceso Electoral. La Corte en su sentencia de mayo de 2020 emitió la invalidez, catalogado el caso como un fraude pretendido, violando igual el Artículo 105.    

Bitácora 

La 4T apuesta a acentuar la retórica de los «Traidores a la Patria», este sería el objetivo de la propuesta de reforma que tendrá el voto en contra de los opositores. 

eduhdez@yahoo.com