Hay que separar el poder político del económico

Colocado por los votos en el centro del escenario político, Andrés Manuel López Obrador como Presidente ejerce el poder desde la visibilidad pública, con decisiones que coteja a través de una plataforma de gobierno de 100 compromisos. Sus adversarios argumentan que el cambio en las formas del poder (visible) no elimina el protagonismo presidencial ni el marco hegemónico del partido político ganador (Morena).

La presencia comunicativa de AMLO, ¿daña al país y obstaculiza la toma de decisiones? Los críticos tendrían que decir cómo. La hegemonía política de Morena es cuestión de aritmética: si tienes mayoría calificada en el Congreso, entonces puede avanzar tu programa de gobierno con energía y rapidez, mientras la oposición -en todo caso- asume la función de filtro.

En la democracia (nos lo repetía el PRI), la mayoría gana el derecho de instaurar políticas que busquen -así sea a nivel retórico, en el peor de los casos- el bienestar. Lo que no es acompañado por hechos, tarde o temprano termina por ser desechado. En México, el modelo neoliberal tuvo 36 años para instrumentar políticas con sus mayorías y cabildeos por debajo de la mesa, lo que se denunció pero no se sancionó. ¿Cuál fue otro problema? Que deslizado en tobogán, el deterioro social se acrecentó y el modelo neoliberal se aferró a la retórica para ocultar resultados. Pero las urnas hablaron. La primera ocasión (Fox 2000) el cambio en el poder federal significó continuidad de directrices económicas. En 2019, a ocho meses de gobierno de AMLO, incluso con dificultades operativas por austeridad, el vuelco del modelo económico es notorio.

Es otro el ejercicio del poder: se dejó de lado la tajada para las élites y aparecen los desaparecidos de la retórica neoliberal: “Por el bien de todos, primero los pobres”. Conflicto de números y personas, con intereses sociales que deben ajustarse a otra realidad de poder. Cambio de régimen: no sólo cambio de retórica.  

Con estribillo combativo, AMLO anuncia que se debe separar el poder político del poder económico. Un tema del que ya escribieron mis colegas en estas páginas Romper ese nudo debe hacerse con tacto, para no llevar a la república a terapia intensiva. Los casos jurídicos que lleva la Fiscalía General a tribunales, son muestra de la relación nociva entre poder político y poder económico. Sea Rosario Robles (Sedesol, Sedatu), Juan Collado (abogado de políticos encumbrados), Emilio Lozoya (Odebrecht, Pemex) o Carlos Romero Deschamps (sindicato petrolero), la moraleja de la historia siempre apunta a una relación de corte político para afectar la hacienda pública. Hay triangulaciones que rastrea la Unidad de Inteligencia Financiera; ha congelado ya 253 cuentas particulares, más lo que se acumule en el caso Robles.  Los prestanombres salen a la vista.

Poder político y poder económico se convierten así en intersección cómplice, que AMLO quiere evitar a toda costa en su gobierno. Si se abrió la indagación del pasado reciente, fue por el nudo gordiano de la política contaminada por la economía y viceversa. Claro que eso coloca a los colaboradores de AMLO bajo la lupa, como es el caso del empresario Alfonso Romo.

También es estas páginas se reseñó de manera atinada el proyecto de gobierno que impulsa la Coparmex, muestra pública (en espejo) del cambio operado por AMLO para la separación economía/política. ¿Para qué quisiera la Coparmex impulsar una opción política, si AMLO fuese más de lo mismo? En la decisión de la Coparmex está el desmentido a los adversarios que niegan el cambio de régimen.

Separar el poder político del poder económico tiene que llegar finalmente, como acción de gobierno, a la Suprema Corte de Justicia. El poder judicial también es intersección de intereses políticos y económicos, aunque en teoría los jueces tienen que ejercer imparcialmente el anhelo social de justicia. Esto permite ver por qué el interés público se ha despertado a partir de la actuación del juez Felipe de Jesús Delgadillo en el caso Rosario Robles. Se habla en los medios, como nunca antes, de ‘polijuez’, de “injerencia indebida en el rumbo de la investigación” e incluso de violaciones a la ley. La cosa pública se vuelve pública, lo cual está bien. Es la normalidad democrática, o debería serlo. Lo que no parece saludable es la carga de reflectores para inducir el proceso jurídico, en uno u otro sentido.

SUMAS Y RESTAS

Tiene razón el presidente López Obrador al cuestionar la millonaria inversión que se hizo durante los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en esa especie de fraude que fue la promesa de obtener millones de barriles de crudo en aguas profundas. Se destinaron en todo ese tiempo más de 160 mil millones de pesos y no se obtuvo ni una gota de crudo. ¿Alguien pedirá cuentas a los responsables de ese derroche?