La Reforma Constitucional Eléctrica sigue generando consensos entre el sector especializado como resultado de la discusión propiciada en los foros de Parlamento Abierto; lo anterior, porque el ejercicio convocado por la Cámara de Diputados ha contribuido a entrar a un debate con argumentos técnicos, de fondo, más que de dichos de carácter ideológico o de posturas político-partidistas.

El Foro 12, en la modalidad de Mesa de Comisiones, fue un ejemplo de lo necesario que era para todos conocer a detalle el contenido de la iniciativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque ello ha permitido desmitificar gran parte de los argumentos negativos que se han construido en torno a los cambios constitucionales que se buscan llevar a cabo en la materia.

El análisis en este espacio se enfocó en la importancia del Servicio Público de la CFE, empresa de control directo presupuestario o empresa productiva del Estado: Gobernanza, Transparencia y Rendición de Cuentas.

En la ronda de intervenciones, el doctor José Roldán Xopa, investigador del CIDE, aceptó que si la reforma cumple la premisa de acceder a energía barata, será bienvenida, y planteó que la CFE debe prestar el servicio atendiendo la demanda de quienes sí pueden pagarlo y satisfacer las necesidades de la población como un derecho humano.

El ingeniero eléctrico Manuel Buxade Hernández, empresario dedicado al ramo de eficiencia energética, expuso que el ahorro de energía representa una tercera parte de la inversión que se requiere para construir otra planta; de esta manera la CFE y el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) han sumado esfuerzos para lograr ahorros de energía del 10 al 50%. Concluyó que por el bien de los empresarios mexicanos se debe aprobar la reforma eléctrica.    

En su disertación el consejero independiente de la CFE, Héctor Sánchez López, expuso cómo la reforma de 2013 fragmentó a la CFE, generando un caos administrativo y operativo, dándole preferencia a la creación de un valor económico y no al servicio para satisfacer un derecho humano; esto, advirtió, desnaturalizó a la CFE al olvidar su origen y función social; y puso en evidencia a las empresas eólicas privadas en las regiones zapotecas de Oaxaca, que violaron la ley para privatizar las tierras y excluir a las comunidades de los beneficios.

Edna Jaime Treviño, fundadora y directora general de México Evalúa, se pronunció por una CFE fuerte, productiva, transparente y eficiente, que rinda cuentas y se someta a controles de otros entes del Estado mexicano; cuestionó que la reforma haga responsable a la CFE de toda la cadena de valor y se convierta en su autorregulador.

Ramón Jiménez López, director de la Red de Transporte de Pasajeros de la CDMX, planteó que establecer a la electricidad como actividad estratégica es el alma de la reforma; destacó que el Artículo 28 Constitucional establece que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza en actividades estratégicas, previendo esta excepción en caso de defensa de la soberanía.

Sobre esto último, recalcó que el presidente López Obrador fue firme y claro para no ceder la soberanía nacional en el tema energético durante las negociaciones del nuevo Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá.