Candidaturas independientes

Las candidaturas independientes son producto de un largo proceso accidentado de incubación, reconocidas como tal y reglamentadas por la Reforma Electoral del 2014, que abrió la puerta para que lo fuera también en cascada a nivel local.

En la legislación mexicana desde el siglo XIX existieron las candidaturas ciudadanas, equivalentes a lo que hoy conocemos como candidaturas independientes, ostentadas por ciudadanos reconocidos; pero es hasta la Ley para Elecciones de poderes federales publicada en 1911 cuando se da vida legal a los partidos políticos, en la que se hace mención a las candidaturas que no fueran postuladas por partidos políticos, con las mismas prerrogativas de éstas, siempre y cuando fueran apoyadas de manera formal, por cuando menos cincuenta ciudadanos.

Con la Ley Federal Electoral de 1946 desapareció esta figura, al otorgar el registro exclusivo de las candidaturas a los partidos políticos, lo que no fue obstáculo para que en 1998 en Tamaulipas fuera reconocido por la autoridad electoral el triunfo de una ciudadana votada mayoritariamente sin estar registrada, o en Yucatán y Sonora, donde sus legislaciones contemplaban las candidaturas independientes, hasta que en 2007 la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cerró el paso al determinar que es facultad única de los partidos políticos el registro de candidaturas.

Esta reforma a la Constitución estuvo precedida de varios intentos fallidos de registros de candidaturas independientes en el ámbito federal y dentro de éstos el que tuvo dimensión internacional fue el de Jorge Castañeda, quien llevó su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, sin duda, contribuyó a que esta figura fuera incluida posteriormente en la Constitución Federal y en la legislación secundaria.

Las candidaturas independientes en México para lograr su incorporación en la legislación nacional y locales, tuvieron que vencer resistencias que son absurdas desde la perspectiva actual de los derechos humanos y en específico del derecho pasivo de una persona a ser votada; sin embargo, la necesidad de institucionalizar al país y su gobernabilidad, tuvo como prioridad incentivar y fortalecer la existencia de partidos políticos fuertes, acordes con la geopolítica del país, su urbanización y su industrialización.

Las candidaturas independientes son de personalidades y no de instituciones, porque tienden a desvanecerse al terminar su ejercicio, en caso de obtener el triunfo.

La vigencia legal de los partidos políticos en nuestro país tiene poco más de un siglo y en parte de ese lapso vimos por largo tiempo la permanencia en el poder de un partido hegemónico, que retrasó el nacimiento y desarrollo de partidos competitivos para procurar la conservación del poder político por el mayor tiempo posible, el que  fue soltando gradualmente mediante reformas paulatinas arrancadas por la presión de movimientos políticos y de su descomposición interna, de las que surgieron entre otras, instituciones autónomas, que como las electorales en ejercicio de sus funciones, han coadyuvado y contribuyen desde su responsabilidad a garantizar la estabilidad política del país.

En lo que va del siglo, las candidaturas independientes causaron en su momento suma preocupación a los partidos políticos, cuando en realidad son una llamada de atención a tiempo sobre su actuar y una válvula de escape que ayuda al partido en el poder y al sistema de partidos a oxigenarse, nada más que sus resultados no han sido tan efectivos como se suponía, porque el rápido interés y esperanza que despertaron en la sociedad, pareciera ser que se está desinflando en los cargos electorales federales, gubernaturas y diputaciones locales, dado que en el proceso electoral del 2014-2015, de 22 candidaturas registradas a diputaciones federales, 1 obtuvo el triunfo; de 3 candidaturas registradas a gobernador, 1 prosperó; de 182 candidaturas registradas a diputaciones locales, 1 resultó ganadora y de 625 candidaturas registradas a presidencias municipales, 3 resultaron vencedoras.

Hoy día, el interés está centrado a nivel municipal, donde han logrado algún avance: en el proceso electoral 2017-2018, de las 387 candidaturas registradas, 30 obtuvieron el triunfo; en contraste ninguna resultó ganadora de las 2 candidaturas a la presidencia de la República, de las 7 al senado, de las 39 a diputaciones federales, de las 4 a gubernaturas y de las 114 a diputaciones locales.

Dos fenómenos están socavando las candidaturas independientes: 1) quienes han conquistado el triunfo han dejado una huella nada o poco recomendable, y 2) la inmensa mayoría de quienes se postulan son personas que han abandonado su militancia en uno o varios partidos políticos y en consecuencia, carecen de novedad e interés para la ciudadanía, salvo excepciones.

Las candidaturas independientes son por principio un derecho de la ciudadanía a ser titulares de las mismas, siempre y cuando cumplan con los requisitos de ley y pueden ayudar a mejorar la conducta de los partidos y a vigorizar la vida democrática. No riñen con la existencia de los partidos políticos y mucho menos son amenaza para éstos.