El impacto social de la pandemia ha puesto en evidencia la desventaja para afrontarla de grupos en situación de vulnerabilidad. No es lo mismo el confinamiento en condiciones dignas de vivienda, energía eléctrica, agua potable, acceso a la tecnología (Internet, Netflix, Zoom, clases virtuales), comida saludable y suficiente, etc; que en condiciones de pobreza y marginación. Muchas personas carecen de agua potable, de acceso a servicios públicos de calidad, vivienda digna, alimentación adecuada y nutritiva, sin seguridad social para enfrentar el COVID-19.

Grupos como el indígena, población rural, afrodescendiente, niñas, niños y adolescentes en situación de calle, discapacitados, adultos mayores y migrantes son los más afectados por este virus. Estas personas viven desventajas por falta de condiciones de igualdad, de oportunidades, para mejorar su calidad de vida. 

Por ello, los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) cobran mayor vigencia en estos tiempos de COVID-19. Lo preocupante es que la protección de estos derechos son los menos garantizados debido a las inequidades existentes en el crecimiento de desarrollo humano. En este momento tiene que hacerse hincapié en el propósito de los derechos humanos, en acotar las desigualdades y corregir las prácticas discriminatorias.

La Convención Americana de Derechos Humanos detalla que “sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento de temor y de la miseria si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, todos estos derechos van a garantizar a las personas una calidad de vida”. 

¿Cuáles son estos derechos?

Trabajo, empleo justo.

Seguridad Social, (instituciones públicas de salud, seguro social). 

Nivel de vida adecuado (alimentación, vivienda, agua, vestido).

Protección contra el hambre.

Disfrute al más alto nivel de salud física y mental.

Participación en la vida cultural y gozar de los beneficios del progreso científico y económico.   

Mejora progresiva de las condiciones de vida.

Para acceder a ellos, se requiere trabajar en desarrollo económico, reducción de la pobreza, particularmente, con grupos que sufren discriminación y exclusión. La pobreza, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), es la “privación de libertades básicas, depende de factores económicos y sociopolíticos que influyen la exclusión social y las condiciones que fomentan la marginalidad”.   

Contextualización de derechos relevantes en la pandemia.

Derecho a la salud: la Organización Mundial de la Salud (OMS), la define como: un estado de completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

Cerca de la mitad de la población mundial carece de acceso a los servicios sanitarios básicos. 

Más de 930 millones de personas (casi el 12% de la población mundial) gastan al menos un 10% de su presupuesto familiar para pagar los servicios de salud.

El Coronavirus pone en relieve los sistemas de salud no adecuados; todos los países pueden hacer más para mejorar las coberturas sanitarias y afrontar la pobreza mediante el aumento de servicios de salud. 

Derecho a la seguridad alimentaria: es el acceso suficiente y de buena calidad para llevar una vida activa y sana. 

Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura (FAO), señala en América Latina que 42,5 millones de personas padecen hambre; en México, 20% de la población vive en carencia alimentaria, sobre todo indígenas, población rural, niñas, niños y adolescentes, y discapacitados.

Hace unos días, el 4 de junio, se informó con apoyo de la FAO, la aprobación a nuestro país de aproximadamente 198,000,000 de pesos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, con el objetivo de fortalecer la pesca sostenible.  

La FAO, apoya el acceso a alimentos adecuados y nutritivos durante la pandemia, trabaja en estrecha colaboración con la OMS para proporcionar orientación a todos los que forman parte de la cadena alimentaria y apoyar sus esfuerzos por mantener la seguridad del suministro de alimentos durante esta crisis. 

Derecho al agua: la Observación General no. 15, del Comité DESC lo define como “el derecho de todos a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”.

En el informe regional de América Latina del Foro Mundial del Agua, 2018, señala que el 65% de las personas tiene acceso al agua potable y el 22% al saneamiento. Más allá de la cobertura, habría que analizar la calidad del agua, si cumple con las características para ser de consumo humano. Al respecto, países como Guatemala y República Dominicana, sólo el 30-40 % del agua cumple con la normatividad; en México, 16% del agua para abastecimiento humano no se potabiliza.

Derecho a la vivienda: la Declaración Universal de Derechos Humanos dice “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia la salud y el bienestar, y en especial la vivienda.”. En diversos documentos internacionales enuncian su relación con el de salud. La Observación General No. 7, del Comité DESC, señala que “adecuado” significa “disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio, seguridad, iluminación y ventilación adecuada, infraestructura y servicios básicos adecuados”.  Aquí tenemos otro problema, confinamiento. ¿Cómo pasan el aislamiento las personas que no tienen vivienda o una vivienda adecuada? 

En conclusión, todos estos derechos se interrelacionan, al violentar uno se vulnera el otro. Es importante que el Estado diseñe políticas públicas basadas en garantizar niveles esenciales de satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales.