¡Juego nuevo!

La reforma política próxima que implicará a la columna vertebral del sistema electoral mexicano para 2021 y 2024, a gestar por el constituyente federal con arreglos igual en el ámbito local, deberá pasar por la ineludible reflexión para plasmar un marco jurídico todavía más robusto que trascienda hacia el nuevo rostro de la democracia genuinamente participativa, por lo que compete a los diferentes eslabones que parten de los institutos organizadores hasta el objetivo último: los votantes.

Ninguna reforma política puede ser considerada definitiva como aquella de 1996, catalogada así por el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, en razón de que en el tema electoral siempre será perfectible, el tiempo así lo ha demostrado.

En lo subsecuente hubo las reformas de 2007, que circunscribió las campañas políticas de medios a los tiempos oficiales, y la actual legislación que data del 10 de febrero de 2014 que creó el Instituto Nacional Electoral, además de reglamentar la vida de los órganos locales, eligiendo a sus consejeros, sin olvidar la facultad para realizar esos comicios, ampliando el catálogo de considerandos para anulaciones, y la fiscalización al financiamiento a campañas, entre otras tantas innovaciones.   

Con la reforma política de 1996 se avanzó sustancialmente importante al otorgarse desde entonces la autonomía y ciudadanización del que fuese el Instituto Federal Electoral así  como de la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de  la Federación. Uno y otro dejaron de estar supeditados a la injerencia de la autoridad gubernamental.

Zedillo Ponce de León habría pretendido referirse a que las elecciones desde entonces se organizan de manera independiente por un organismo administrativo jurídicamente descentralizado, en el cual marcó un parteaguas el período que le correspondió presidir a José Woldemberg; al igual que los diferendos motivado por conflictos posteriores dejaron de ser resueltos por arreglos políticos a conveniencia como antaño, para pasar a ser deliberado legalmente por una autoridad judicial.

Luego entonces, no se puede restar mérito alguno a cada unas de las legislaciones procesadas, en donde la raíz del avance vertiginoso a últimas fechas se tiene desde aquella de 1977 que dio luz a la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales de 1977 que impulsó Jesús Reyes Heroles, en la cual se abrió el abanico participativo en la competencia a otras expresiones ideológicas que incluso salieron desde salieron de la clandestinidad para constituirse en partidos políticos.

La nueva reforma deberá ser diseñada con amplitud de criterio para eliminar de tajo con las inequidades, consecuencia de los cabos sueltos dejados a conveniencia de los legisladores que en vez del interés democrático privilegiaron el de su correspondiente partido políticos, cerrando todos los caminos a las candidaturas independientes promulgada el ocho de agosto de 2012 que se pensó con la inserción de perfiles ciudadanos vendría a pluralizar la democracia, pero no fue así.

Esta legislación que tendría como límite decreto en el primer bimestre del próximo 2020 deberá llevar el mismo sendero de avanzada en el que se eliminen todos los obstáculos hacia una verdadera pluralización en la competencia que en la cual se equiparen las candidaturas independientes, esencialmente ciudadanas.

“Debemos reconocer la insatisfacción, que existen para muchos ciudadanos los mecanismos de inclusión y representación puestos en práctica por los partidos políticos. Sin demérito de la necesidad de un régimen de partidos fuertes, es importante también establecer condiciones que permitan la participación directa de ciudadanos a través de candidaturas independientes, si así lo deciden”, palabras del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa cuando el 15 de diciembre de 2009 entonces anunció su decálogo de reforma política.

En la nueva legislación deberá asentarse desde el texto constitucional igual el acceso en partidos políticos de las mujeres a una asignación paritaria en las candidaturas de mujeres que aspiren a los cargos de diputaciones y presidencias municipales, en lo numérico pero también en el nivel competencia, donde puedan tener oportunidad de alzarse con la victoria y no confinársele a los posiciones históricamente perdedoras, como ha sucedido.

Reglas claras

No se puede ser omiso a la propuesta del Presidente de México en incorporar la revocación de mandato a la mitad de la gestión, en elecciones intermedias mediante consulta popular, ésta que igual deberá regularse su aplicación más no prostituirse con insignificancias. 

Habrá que tomarle la palabra en reformar la legislación secundaria para tipificar el fraude electoral como delito grave para que puedan  llevarse a juicio y a la cárcel a quienes en lo subsecuente se involucren en comprar y/o coaccionar la voluntad popular.

Elevar el nivel en la calidad de los partidos políticos y candidatos amerita subir el umbral de votación a cuando menos cinco puntos porcentuales, para sostener su registro, de modo que dejen de ser el negocio de unos cuantos que mantienen el monopolio de su vida interna como feudos.

La creación de nuevos partidos, en el ámbito nacional y local, deben ser también rígidos, las organizaciones que comulguen con una ideología se comprometan a crear un instituto político que privilegie el bien común, a sustentar en su declaración de principios y programa de gobierno.

Lo contrario, el electorado observará el comportamiento de esos liderazgos para ponderar si van por la causa común o sólo utilizan este instrumento de acceso a la gobernabilidad para tener una renta particular.

Bitácora

Los comicios del uno de julio en los que se eligieron al Presidente de México, concurrentes con las correspondientes a 30 estados, mostró a una ciudadanía consciente para darse cuenta a sí misma de que esa voluntad manifestada en la boleta es válida, que cuenta en la renovación periódica de sus autoridades de gobierno. Obligado refrendar la certera legalidad.

eduhdez@yahoo.com