La Corte definirá qué Presidente queremos

Lo que hay detrás del gran litigio constitucional que vive México, frente a las leyes promulgadas por el actual gobierno, es una multiplicación de las atribuciones legales del Poder Ejecutivo, y de su titular, el Presidente de la República.

Las leyes que están bajo revisión constitucional dibujan un Ejecutivo fuerte, un Ejecutivo que puede expropiar los bienes que juzgue de procedencia ilícita; imponer prisión forzosa a ciudadanos cuyos delitos fiscales equipare a delincuencia organizada; usar al Ejército para funciones policiacas de seguridad pública; disponer de las fuerzas armadas y de la Guardia Nacional para investigar delitos, detener ciudadanos y desplegar operativos en cualquier parte del territorio.

Este Poder Ejecutivo puede ejercer a voluntad el presupuesto federal y asignarlo sin restricciones, porque tiene una mayoría inconstitucional en la Cámara de Diputados.

Asignado el presupuesto, ese Poder Ejecutivo puede también reasignarlo después, libremente, mediante acuerdos y decretos que alteran lo pactado en las leyes previas. El reciente acuerdo que ordena a las dependencias reducir 75 por ciento de sus gastos operativos es un buen ejemplo de lo que puede hacer este Ejecutivo.

Mediante el arbitrio sobre el presupuesto federal, el Poder Ejecutivo del que hablamos puede imponerse sobre los otros poderes constitucionales, sobre los poderes estatales y sobre los órganos autónomos, con el vigoroso argumento del dinero. 

El Ejecutivo del que hablamos puede remodelar a su gusto la estructura del gobierno federal, decretando la aparición y desaparición de instituciones y programas. Puede, en fin, asignar sin concurso grandes contratos públicos y emprender grandes obras de cuestionable legalidad.

Este es el Poder Ejecutivo que hemos visto actuar avasalladoramente en estos años de tantas leyes sustantivas y tantas querellas constitucionales.

Las querellas son muchas, y con razón. Las leyes cuestionadas perfilan en los hechos un nuevo orden constitucional, un régimen político de presidencialismo sin contrapesos ni equilibrio de poderes, que recuerda mucho las épocas del PRI, salvo que los poderes abusivos de aquellos presidentes no eran legales, y los de éste lo serán, si así lo decide la Corte.

La tarea que la Corte tiene por delante es definir el tipo de Presidente que necesita y quiere la nación.