La estrategia contra la violencia, presiones de EEUU y necesidad de recuperar territorio

*Quitarle base social a las bandas criminales, tarea de largo plazo

*Militarizar o civilizar, desafío de las democracias frente a la delincuencia

*Es posible que estemos ante un nuevo enfoque en seguridad pública

EL COMBATE al crimen y a la delincuencia, tanto la violencia de las organizaciones como los denominados ilícitos comunes, es una de las tareas más complejas, pero a la vez obligatorias, que deben asumir los gobiernos en todos sus órdenes. Una labor que se complementa con la acción de las comunidades y de las agrupaciones de la sociedad. Este fue uno de los temas abordados en la conversación que tuve con Jesús (Chuy) Sibilla Oropesa en el programa “A Fondo” que se transmite por la estación radiofónica XEVT.

Ayer le referí algunos aspectos del impacto político, sobre todo en la conformación de los partidos, a raíz de la insurgencia ciudadana de 2018. Parte de la expresión en las urnas en aquellos comicios tiene estrecha relación con cuestiones como la corrupción por sistema, la creciente pobreza, la inseguridad y la violencia. Estos asuntos serán, sin duda, elementos que evaluará el votante –y también motivo de las campañas electorales- en el proceso que desembocará en las urnas en junio del 2024.

Para entonces, como usted sabe, se votará por el relevo en la Presidencia de la República, nueve gubernaturas –incluida la de Tabasco-, la totalidad de las cámaras federales de diputados y senadores. 

También abarcará 31 congresos locales y más de un mil 500 presidencias municipales (incluidas las 17 de Tabasco).

MODELO COSTA RICA

EN EL TEMA de la seguridad pública y el combate a la delincuencia, Chuy Sibilla planteó en su programa el reciente asalto al penal de Ciudad Juárez, la fuga de 30 reos y el fallecimiento de 17 personas (entre ellos el líder de una banda, Ernesto Piñón). También en este contexto mencionó la captura de Ovidio Guzmán, a quien se conoce como El Chapito o El Ratón, hijo de Joaquín Guzmán Loera, preso actualmente en Estados Unidos, acusado de narcotráfico.

La inseguridad y la creciente criminalidad fue un asunto destacado en la agenda de las campañas a la Presidencia en el 2018. Desde el inicio de su gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso cambiar la estrategia de combate a la delincuencia. Me parece que lo hizo tanto por su convicción personal de atacar las causas –la pobreza y la marginación que convierte a la población en presa fácil del crimen-, como para diferenciarse de los gobiernos de Felipe Calderón, quien declaró una guerra al narcotráfico, y de Enrique Peña, quien siguió por el mismo camino.

Aunque AMLO se propuso regresar a los militares a sus cuarteles, siguió en principio una estrategia que parecía similar a la de Costa Rica, país que por decreto no tiene ejército, desde 1948-1949. Un modelo que resulta difícil de replicar pero que puede transitar en la civilidad de los militares, toda vez que las fuerzas armadas han sido utilizadas para la llamada “seguridad interior”. 

Los estudiosos de la expansión del narcotráfico en México aseguran que cada gobierno ha tenido su cártel preferido. El caso más notorio es el de Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, actualmente procesado en Estados Unidos.

FRENAR Y DESARTICULAR

LA VIOLENCIA ha ido incrementándose en el país siendo el aumento más explosivo el del sexenio de Felipe Calderón  con respecto a su antecesor Vicente Fox: de 2006 a 2012 se registró un saldo 121 mil 683 muertes violentas. Enrique Peña Nieto buscó integrar la Gendarmería Nacional e insistió en el mando único. En su sexenio los asesinatos violentos crecieron a 156 mil 137. Durante lo que va del gobierno de López Obrador y hasta diciembre pasado se contabilizaban unos 137 mil 600 crímenes violentos. Este gobierno se decidió por una Guardia Nacional militarizada.

Me referí a la tesis del periodista e investigador Jorge Zepeda Patterson para quien la estrategia de AMLO fue ganar tiempo en tanto reorganizaba las fuerzas de seguridad. Actualmente ya existen cuarteles de la Guardia Nacional en casi todo el país. Y se reformó la ley para ampliar la participación militar en tareas policiacas. De esta manera podría esperarse en los meses que le quedan a este régimen una intensificación de las acciones de inteligencia y policiacas, sin descuidar la política social de “quitarle base” a los generadores de violencia. 

En el caso de lo sucedido en Sinaloa aparece como un resultado lógico de dos circunstancias: la exigencia de Estados Unidos para la captura y extradición del líder del tráfico de fentanilo (un opioide sintético, 50 veces más potente que la heroína y hasta 100 veces más potente que la morfina. Antes se traía de China); y una respuesta del Estado Mexicano frente al reto de fuerza en el que incurren las bandas delictivas. Esto no puede mantenerse, además, teniendo a un vecino cuya seguridad pública está vinculada a lo que sucede en territorio vecino.  

AL MARGEN

COMBATIR el crimen y la violencia es una tarea cultural –ahí tenemos el reto de los narcorridos y el consumo asociado-, y una intensa labor socioeconómica: menos marginación, menos desigualdad, menos inseguridad. (vmsamano@hotmail.com)