La extorsión, duplicó en sólo tres años

Muchos opositores a las recientes reformas al Código Penal para sancionar la extorsión ni siquiera han leído el contenido de la legislación aprobada por el Congreso tabasqueño, afirmó con acierto el gobernador Adán Augusto López Hernández. Y es que así como hubo legítimas preocupaciones para proteger las libertades, la mayoría de los críticos actuaron “de oídas” o a partir de intereses inconfesados. Es el caso de quienes, por sistema, rechazarán cualquier iniciativa que venga del gobierno o del partido mayoritario.

Sin embargo, como también lo dijo el propio mandatario,  como parte del proceso legislativo habrá quienes con personalidad jurídica interpongan alguna acción. “Nosotros estamos preparados para evidentemente defenderla”, expresó López Hernández, quien ha sido legislador federal y estatal; conoce el terreno que está pisando.

Entre todo lo que se ha dicho a medias, es importante destacar la necesidad de aplicar medidas que prevengan y, en su caso, combatan, un delito que se ha vuelto muy dañino para la sociedad tabasqueña: la extorsión. Sobre todo porque también afecta a las empresas dispuestas a invertir en Tabasco, donde tanta falta nos hace. Estamos hablando de cuidar una inversión por más de 160 mil millones de pesos en los primeros tres años del gobierno federal, destinados a la refinería. Sin contar con todos los recursos que de manera indirecta se moverán en los diversos sectores productivos y de servicios.

En la exposición de motivos de las reformas aprobadas –y que muchos de los opositores no han leído-, encontramos el señalamiento de la gravedad de un delito considerado de alto impacto “no tan solo por el detrimento que causa en el patrimonio de la víctima, sino por la gravedad de sus efectos y los altos niveles de violencia -física o moral- con que se comete”.

UN CICLO VICIOSO

La extorsión o el chantaje provocan “una mayor percepción de inseguridad y haciendo proclive que la población se abstenga de realizar con normalidad las actividades propias de la vida cotidiana”.  Incluso la Fiscalía General tabasqueña cuenta con la Vicefiscalía especializada en delitos de Alto Impacto. Cabe señalar que la extorsión va estrechamente ligada a uno de los crímenes más inhumanos: el secuestro.

Contario a lo que algunos presumen, la justificación de las reformas al Código Penal –dolosamente calificadas como “Ley Garrote”, cuando sería más bien “Ley Anti Extorsión”-, está ampliamente documentada y se puede leer en el decreto: “En México, de acuerdo con datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), durante 2017, a nivel nacional, por cada 100, 000 habitantes 7 mil 719 fueron víctimas del delito de extorsión. Esta cifra coincide con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), en la cual además, se destacó que la extorsión ocupa el segundo lugar de los delitos con mayor incidencia solo por debajo del robo en calle o transporte público”.

¿Qué sucede en la entidad? Nos dice el texto del decreto: “conforme a datos publicados por el Secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Tabasco durante el año 2018 se presentaron 331 casos, lo que representó un incremento de un 93.5 por ciento comparado con el 2015 en donde la ocurrencia fue de 171.4 Destaca, que estas cifras solo se refieren a las personas que denunciaron ante la Fiscalía del Ministerio Público correspondiente”. Veamos pues la realidad: en sólo tres años prácticamente se duplicaron los casos de extorsión denunciados; no olvidemos que existe una cifra negra, de aquellos sucesos que no son reportados a la autoridad.

Hay, en efecto un “incremento desmedido y alarmante de la extorsión en nuestro estado, y que los modus operandi y los medios de ejecución utilizados por los sujetos activos de la conducta típica antijurídica, entrañan técnicas sumamente violentas e incluso brutales”.

¿Cómo combatir una práctica ilícita creciente? El camino democrático y en un Estado de Derecho es el que ha tomado el gobierno tabasqueño, apoyado en el Poder Legislativo: incrementando las sanciones y haciendo más específica la norma. Juristas y criminalistas consultados por este columnista coinciden en señalar que cuando el peso de la sanción es notablemente menor a las ganancias indebidas por la realización de un delito, lo que sucede es que los malandrines se sienten incentivados a seguir con sus agresiones.

La sociedad requiere seguridad. Es una convicción y una demanda mayoritaria.