La pelota la tiene el SENADO

La destitución de Santiago Nieto Castillo de su cargo en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por parte de Procuraduría General de la República (PGR) sin duda es una puntilla más a la tan controversial sucesión presidencial del 2018.

Golpea aún más al gobierno y su gestión y da municiones a los críticos, la oposición y a los que aseguran que el complot esta en trayecto.

Y es que viene como anillo al dedo lo que hace unos días en un foro el Presidente Peña esbozaba de su visión de lo que la sociedad hoy enmarca como corrupción “de todo lo que pasa se le echa la culpa a la corrupción”; hoy también se podrá decir que de cada movimiento que se dé o intenta dar en las instituciones de inmediato se asegura por numerosos actores que el enroque, cese o movimiento es parte de una estrategia electoral de cara al 2018.

El entorno no deja lugar a dudas para los críticos recalcitrantes, de que el despido de Neto Castillo se da por haber balconeado a Lozoya (amigo cercano del Presidente Peña) quien presuntamente le habría enviado una carta solicitando cesara la investigación y se le diera una disculpa pública. 

Se asegura pues que el asunto Odebrecht es harto espinoso y con dimensiones y magnitud más peligrosas que causarían daños más grandes que los dejados por los sismos de septiembre pasado. “Se necesitaba quitar a Nieto del camino para poder operar sin contratiempos la victoria del PRI en las elecciones presidenciales” dicen en tono muy convencido los analistas, visionarios y conocedores ultranza de las mañas del sistema. 

Lo que nadie ha resaltado es que si el señor Nieto recibió la misiva, en su calidad de funcionario y servidor público lo más seguro es que debía de haber contestado precisando los alcances y consideraciones que conforme a derecho tendría que saber el solicitante (Lozoya). Tampoco se ha mencionado que el despedido durante el tiempo que estuvo en su encargo no manifestó haber recibido “presiones” o línea conductual en la integración de otras investigaciones.

Nieto Castillo como profesional del derecho y en su carácter de hombre de instituciones ha dejado claro que por la vía legal defenderá su posición y argumentará con la ley en la mano porque considera que su destitución es ilegal y arbitraria; la Procuraduría decidió cesarlo, alegando que el funcionario violó el secreto profesional al ventilar un hecho que forma parte de una investigación judicial en proceso, y como tal ahora deberá de “litigar” los alcances de su decisión y fundamentarla y fortalecerla con los enunciados jurídicos que fueron base para destituir al funcionario, ya que el SENADO de acuerdo a lo que establece la constitución es quien al parecer tendrá la última palabra. 

Hoy una vez más el garante del Federalismo tiene en sus manos una decisión trascendental para la vida político – social de nuestro país.

En mi punto de vista, es de suma importancia que el proceso detallado en la Carta Magna para el abordaje de este tema, sea abierto, claro y contundente de cara a la nación y que la decisión que se tome ya sea confirmar destitución u ordenar restitución este soportada en fundamentos legales universales y no en negociaciones derivadas de jaloneos, pactos obscuros e intereses electorales, ya que en juego está la estabilidad social del país.