Tengo la impresión de que es demasiado el ruido que se ha hecho en torno al tema de la consulta de revocación de mandato prevista originalmente para marzo del 2021, luego cambiada a abril de ese mismo año y actualmente sujeta a una polémica tanto jurídica como político-partidista.

Abordar este tema puede colocarnos en la mira de los dos extremos y quedar en el fuego cruzado, porque para unos la consulta es urgente y necesaria porque está en juego la democracia, en tanto que para otros se trata de un ejercicio ocioso y costoso.

La oposición a Andrés Manuel López Obrador quiso impedir la consulta popular desde que se planteó incorporarla más detalladamente a la Constitución. Pero todavía más cuando la intención de Morena, el partido gobernante, fue que la votación sobre si seguía el mandatario federal sus seis años o no se realizara el mismo día que las elecciones nacionales intermedias del 2021. “AMLO quiere estar en las boletas para ayudar a los candidatos de Morena”, dijeron los voceros y simpatizantes del PRI, PAN, PRD y MC.

Por su parte, los simpatizantes y defensores de la denominada Cuarta Transformación pusieron el tema de la consulta como algo casi de vida o muerte de la democracia, y así de paso tuvieron un motivo más para confrontarse con los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), en especial contra su presidente Lorenzo Córdova y del consejero Ciro Murayama, quienes a decir de los morenos representan “al viejo régimen”.

Mientras son peras o son manzanas, todo indica que el tema no sería si se hace la consulta para saber si López Obrador sigue o no en la Presidencia, pues es un hecho que la mayoría de los que voten en el revocatorio apoyarán a uno de los mandatarios más populares que ha tenido México. El tema, le decía, es lograr que la consulta de revocación de mandato quede establecida en la Constitución y sea obligada para los presidentes futuros.

Es la herencia legal y política que busca AMLO dejar en este terreno: que se haga efectiva la consigna de que el pueblo tiene en todo momento el derecho a cambiar su forma de gobierno por los medios legales y pacíficos.

Algo que también deberá aplicarse a los gobernadores y quizá a los senadores, cargos en los que quien los obtiene duran oficialmente seis años. En el caso de los presidentes municipales es mucho más difícil porque sólo son tres años, pero con esto de la reelección de alguna manera si van a un nuevo proceso ahí el elector les puede refrendar o quitar su apoyo. Una forma de revocación del mandato.

Lo mismo puede ocurrir con los diputados que ahora tienen la oportunidad de buscar la relección continua hasta por tres ocasiones para completar –en cuatro periodos- unos 12 años en el cargo. Aquellos que no compartimos la política de la reelección y también los ciudadanos que buscan castigar un mal desempeño, tenemos en las urnas la posibilidad de decirles “NO”.

Claro que existe el riesgo que busquen cobijo en un partido invencible –como sucedió en los tiempos del PRI y ocurre ahora con Morena-, para que lleguen o se queden en el cargo personajes impresentables…pero eso a la larga la termina pagando el partido que permite tales enjuagues. Como le pasó al PRI, al PAN, PRD y muchos más.

Así que esto de la revocación es bueno, quizá sólo causa incomodidad la forma en que busca implantarse. Tarde o temprano tiene que haber la manera llamar a cuentas a un gobernante que no funcione o ratificar el apoyo a quien sí cumpla.

PARÉNTESIS

Bien, muy bien por la alcaldesa de Centro quien se colocó en los primeros lugares de entre cien autoridades municipales evaluadas mediante encuestas. Yolanda Osuna está entre las 15 con mejores calificaciones a nivel nacional. Sería interesante un ejercicio similar, pero igual de serio, sobre los 17 municipios tabasqueños. Aunque habrá que esperar un poco para valorar el desempeño.