Las penas del penal de San Miguel.

Lo acontecido en el penal de San Miguel, en el estado de Puebla, además de lamentable no deja de ser atroz. Utilizar el cadáver de un infante para cometer seguramente un ilícito, deja al descubierto la mente enfermiza de todos los sujetos involucrados en estos horrendos hechos.

Este suceso no se da por casualidad. Hay una mente distorsionada detrás de ellos y un grupo de coparticipes que están dispuestos a cometer un delito peor al planeado para lograr su cometido, sin el menor remordimiento del daño moral y sentimental que ocasionarán a los deudos y padres del menor utilizado para sus bajos propósitos.

Es evidente que hay toda una red de complicidades entre internos, delincuentes y responsables de la seguridad del penal. Y entre otros que pudieran estar involucrados, por conocimiento del medio. Muchos de los internos son personas con un alto coeficiente mental mal encausado, por encima al de la media de quienes están fuera de un centro de reclusión, ya que no tienen el menor remordimiento a causar una pena o dolor a un semejante, en aras de conseguir un objetivo material o moral.

Estas personas está visto que son capaces de involucrar a sus propios familiares en ilícitos mediante el chantaje y jugar con los sentimientos sinceros de ellos para lograr un cometido; no respetan ni a sus propios padres y llevan al límite sus sentimientos. Tal pareciera que el encierro potencializa su arrojo al contar con escaso espacio de tiempo para convencer alguna persona de fuera que los visite.

Lamentablemente en estos casos, suele ocurrir que estén inmiscuidas algunas personas cercanas a los involucrados en el hecho, de elementos de seguridad responsables del control de entrada y salida al penal, controles internos, y cámaras de vigilancia de los distintos espacios.

De acuerdo a los antecedentes del penal, es perceptible que los controles de entrada al centro, son una coladera por donde pasan celulares, cargadores, televisores, equipo electrónico, USB, droga, balanzas “grameras”, circula dinero. No existe control y revisiones rutinarias para evitar la proliferación y uso de armas hechizas y punzo cortantes, que ponen en riesgo la vida de los internos y seguridad del penal.

Otro aspecto descuidado del centro, es la sobrepoblación del 75% superior al de la capacidad instalada, y el de una población controlable, donde conviven y pernoctan más de tres mil quinientos internos, lo que deja sentir que está fuera del control de los responsables del mismo.

Es muy probable que este penal cuente con algunas recomendaciones de los Derechos Humanos sobre el hacinamiento que se tiene en ella y del grave peligro que corren los internos ante un caso de contagio masivo de COVID-19, donde la responsabilidad recaería en sus autoridades. Es necesario ponderar el traslado de internos a otro penal, previo estudio del perfil de los mismos y situación jurídica de los casos.

De esto hechos se tiene que hacer una investigación minuciosa y responsable por parte de las autoridades de las entidades donde se desarrollaron los acontecimientos, a efecto de no dejar dudas en la ciudadanía de la aplicación de justicia para los afectados y castigo a los responsables, a efecto de no permitir una mayor descomposición social y dejar un sentimiento de injusticia, que sería lo más lamentable después de lo ocurrido.