Los “cabos sueltos” de la ley contra la extorsión

Al fin ayer entró en vigor la reforma a la ley penal que castiga a los “extorsionadores de caminos”. Por mucho que digan unos cuantos jaleadores a sueldo, en Tabasco sabemos al detalle quienes son los que han propiciado esta industria desde hace muchos años y la opinión pública, generalizada, está especialmente en su contra. No han conseguido sus objetivos de identificar estas reformas, que endurecen las penas a esos delincuentes, con la falsa intención de limitar la libre expresión de una queja o de una reivindicación justa, que queda muy claro que están protegidas no solo por nuestras leyes, sino también por el talante de nuestro gobernador, Adán Augusto López, que los que le conocemos sabemos que es extremadamente tolerante y democrático por convicción. Esas maniobras de desestabilización estaban condenadas al fracaso en nuestro estado porque prácticamente toda la sociedad sabe de cual pie cojean esos sindicatos espurios, que con una lía cortan un camino y piden una especie de rescate a las empresas que necesitan transitar por allí para que puedan continuar con su actividad productiva. Otra cosa es que en el país esto no se entienda porque no conocen de que se trata. No seamos ingenuos porque este sellito de “ley garrote” no se va a borrar de la noche a la mañana y se necesita una buena campaña externa de explicación del contenido de la ley: su espíritu, su contenido y sus intenciones finales. Esta campaña ha dejado “cabos sueltos”, no ha sido solo en contra de nuestro gobernador AALH, sino que también está afectando nuestra imagen como colectivo y algo peor, porque le ha llegado a tocar a nuestro Presidente, Andrés Manuel López Obrador. En las conferencias mañaneras él lo está explicando perfectamente y ayer mismo destacaba el caos que en este sentido se respiraba en Tabasco y por tanto la necesidad de imponer orden y atacar a la delincuencia especializada en la extorsión a empresas. Otro daño ha sido el de identificar estas reformas a las leyes con la Refinería que, en efecto, se verá beneficiada con las nuevas reglas, pero sería injusto asegurar que es una iniciativa legislativa explícitamente pensada para esta obra porque incluso sería ilegal. La extorsión a los empresarios es un virus que se encuentra en todos los municipios del estado, no solo en Paraíso y Dos Bocas, y las leyes se hacen pensando en el bien común y por eso se redactan y aplican de forma generalizada: no se promulgan para un solo caso o persona, sino para la comunidad. Quienes pensaron que este asunto tenía la suficiente entidad como para iniciar el acoso y derribo del gobernador, López Hernández, ya han visto el tamaño de su figura a la que apoyan mayoritariamente los tabasqueños. Por otra parte todo este rifirrafe ha servido para que salgan de sus trincheras aquellos que sin tener el más mínimo sentido de estado persiguen claramente mantener su estatus para seguir beneficiándose de la impunidad que durante muchos años les ha proporcionado unas buenas fortunas, mal habidas, a costa del erario, el latrocinio, la corrupción y la impunidad institucionalizada. El mandatario, con la excelente información que se le presume desde siempre, ha señalado que estos extorsionadores están identificados con el antiguo PRI y no parece que ande descaminado a la vista de los nombres que están apareciendo y las siglas de los falsos sindicatos con los que se identifican y que todos, todos en Tabasco conocemos.