Con tantos pendientes qué atender en la vida cotidiana, a veces no hay tiempo de reflexionar sobre lo que implican ciertos acontecimientos. Las noticias pueden pasar desapercibidas, o bien, se conocen de manera superficial, sin entender hacia dónde nos llevan los hechos.

La semana pasada se dio a conocer que en septiembre del año pasado, la Secretaría de Marina (Semar) intervino en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y destituyó a 32 funcionarios que, según dijo el Alejandro Svarch, titular de la dependencia, tenían como único propósito “enriquecerse a costa del gobierno y en detrimento de la salud de las y los mexicanos”.

¿La Marina a la cabeza de operativos anticorrupción? Sí. Hace poco eso hubiera sido una irregularidad, pero en septiembre del año pasado la Cámara de Diputados federal reformó la Ley Orgánica de la Armada, con lo que le dieron a la Semar la facultad de “efectuar operaciones de apoyo a las Instituciones de seguridad pública dentro del marco jurídico aplicable.”

No obstante, la protagonista de la 4T ha sido la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en la medida en que cada vez más se le han encomendado tareas que antes eran puramente civiles. Ha estado a cargo de la distribución de vacunas anticovid; en las inundaciones, además de colaborar en el censo de damnificados, los soldados entregaron los enseres domésticos. Se encargan de la construcción del Tren Maya, también de miles de sucursales del Banco del Bienestar, así como construyeron y ahora administran el aeropuerto Felipe Ángeles.

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el Ejército “es pilar del Estado nacional” y ha mostrado cuánto confía en las Fuerzas Armadas. Su percepción coincide con la de la mayoría de los mexicanos: según la Encuesta Nacional de Cultura Cívica del INEGI, el 62% de los ciudadanos ubica al Ejército entre las instituciones más confiables del país.

No obstante, este giro ha sido motivo de crítica y recelo entre diversas organizaciones. Entre ellas, el Centro Pro de Derechos Humanos, que a finales del año pasado llamó a la Suprema Corte de Justicia (SCJN) a ser un contrapeso “frente al proceso de profundización de la militarización”.

Parte de la preocupación sobre la militarización del país ha sido compartida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que la semana pasada dio a conocer su informe 2021, en el que se da seguimiento a las recomendaciones que se le hicieron a México desde 2015.

Ahí destaca que en cuanto al compromiso de desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y para la recuperación de éstas por parte de las policías civiles, el Estado Mexicano dio cuenta de que la “la creación de la Guardia Nacional tiene como finalidad contar con una fuerza de carácter civil y policial que atienda los retos de seguridad que enfrenta el país, sustituyendo de manera paulatina a las fuerzas armadas en esta función".

No obstante, la CIDH observa que “si normativamente las reformas constitucionales determinaron que la Guardia Nacional es un órgano civil con funciones policiales, en su operación actual esta corporación continúa consolidándose como un órgano conformado por personal y estructura de tipo militar en lugar de una institución de seguridad eminentemente civil”.

Desde 2019 la CIDH observó que no se ha resuelto sobre la constitucionalidad de diversas disposiciones que regulan a las Fuerzas Armadas y que podrían chocar con las garantías de los derechos humanos, entre ellas, el “Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada Permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, entre otras, como las leyes de la Guardia Nacional, del Registro de Detenciones y del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En tanto que esos asuntos se resuelven, bien vale la pena que la ciudadanía se informe sobre las implicaciones de la actividad de las Fuerzas Armadas fuera de los cuarteles, así como de sus derechos frente a estos elementos. Son temas que no se deben dejar pasar irreflexivamente en una democracia.