Los escombros entre los terremotos; ¿en dónde está el dinero?, otro rescate

Los escombros entre los terremotos; ¿en dónde está el dinero?, otro rescate

*Mirar no sólo al gasto electoral, sino a muchos rubros superfluos

*Los hoyos negros de la ineficiencia, la corrupción y el desorden

*El dilema del Frente tripartita: reparto de las candidaturas al 2018

EN EL 2018 los partidos políticos recibirán en conjunto unos 13 mil millones de pesos para sus campañas y actividades que desembocarán en la elección presidencial y otros tantos cargos. Aproximadamente la mitad de ese dinero serán recursos federales y la otra parte asignaciones estatales. El debate actual es cuánto de ese dinero están dispuestos a entregar para los afectados por los terremotos del 7 y 19 de septiembre.

La discusión sobre el dinero que los partidos políticos deben adjudicar a los damnificados puso también en la mira un problema mayor: los gastos excesivos del presupuesto público en muchas otras áreas y que bien podría servir para atender la catástrofe nacional inmediata y la histórica. Porque no sólo es la catástrofe de los sismos, sino también aquella otra que desnudan los terremotos, las inundaciones y las sequías: la pobreza que hace vulnerables a nuestros compatriotas.

Un estimado lector me hizo llegar el siguiente mensaje: “lo único realmente posible sin demagogia es que se muestren solidarios los 180 mil funcionarios del gobierno federal, que  aparte de su sueldo, compensaciones, 90 días de aguinaldo, 10 mil pesos mensuales en gasolina y boletos de avión, ganan desde 80 mil hasta 700 mil pesos. Con aportar el 30 por ciento del aguinaldo, los 20 mil de la gasolina y los boletos, de los 4 meses de septiembre a diciembre, y 20 por ciento de dos meses de sueldo juntaría 100 mil millones de pesos”.

Hasta ahí los cálculos de mi interlocutor, tan sólo referidos a los funcionarios de primer nivel.

TELA DE DÓNDE CORTAR

RECIENTEMENTE, el diario El Universal reportó que –conforme a información obtenida por vía transparencia- uno de los gastos injustificados para 23 dependencias federales resulta el llamado bono de puntualidad. De acuerdo a los datos recabados, de 2013 a 2016 se pagaron 34 mil 700 millones de pesos por ese concepto, que nada tiene que ver con los bonos de desempeño o productividad. Sin contar, por supuesto, aquellas áreas de los denominados organismos autónomos donde los salarios exceden toda proporción. Un caso notorio es el de los magistrados de la Suprema Corte.

Se ha calculado que los llamados “gastos superfluos” a nivel nacional superan los 400 mil millones de pesos. El Centro de Análisis Fundar reportó, que en cuatro años del actual gobierno federal se erogaron 24 mil millones de pesos en publicidad oficial. No se atienden, consideró el organismo, las necesidades más apremiantes.

En las pensiones vitalicias de los ex presidentes de la República y su ayudantía, se erogan un promedio de 720 millones de pesos al año. Pero por seguros de vida para estos ex funcionarios y sus esposas también se erogan cantidades millonarias.

En suma, la estructura burocrática nacional tiene un costo anual de más de un billón de pesos. Poco más del 30 por ciento del presupuesto federal, y va en aumento.

Pero no se trata sólo de ponerle lupa a la alta burocracia en sus ingresos. Una de las mayores fugas de recursos se ubica en la contratación de obras, cuyo costo social aumenta cuando están mal hechas. La agrupación México Evalúa refirió que en promedio las obras cuestan 36.3% más que su precio original y tardan 126% más del tiempo programado en concluirse. Otro hoyo negro es la corrupción.

Quizá el caso más publicitado en gastos y que concitó la crítica es el costo del avión  presidencial calculado en 3 mil millones de pesos. Llegó al país en febrero del 2016.

Es el momento de hacer una clara diferencia entre el gasto y la inversión, tanto en su aspecto económico como social.

REBATINGA POR LOS CARGOS

EN ESTOS días no es sólo el tema de qué porcentaje de sus prerrogativas entregarán los partidos del Frente Ciudadano por México (PAN-PRD-PMC) a la atención de los afectados por el sismo lo que ocupa a sus dirigentes sino el porcentaje del reparto de las candidaturas. La presidencial será motivo de la más importante disputa, al grado de que hay quienes consideran que puede romper la unidad de los tres partidos. Más los grupos que se sumen.

Todo indica que no habrá mayor problema en la distribución de las nominaciones para las 9 gubernaturas en disputa en el 2018, porque en este nivel ya se han aliado anteriormente. Así, se estima que el PAN colocará a sus abanderados en Guanajuato, Puebla, Veracruz y Yucatán; el PRD se quedaría con las candidaturas de la Ciudad de México, Morelos, Chiapas y, por supuesto, Tabasco; Movimiento Ciudadano pretende la de Jalisco.

Un problema también a considerar serán las candidaturas a diputados federales y senadores. Son 300 de mayoría y 200 plurinominales, así como 128 posiciones en la Cámara Alta. Por ejemplo, en Tabasco no parece posible que el PRD esté dispuesto a compartir las únicas seis posiciones a las que tendría derecho en las diputaciones federales y las dos del Senado; más complicado aún sería para los tres partidos de la coalición distribuir las plurinominales. En el caso de los solaztequistas tabasqueños, la primera aduana que tienen que pasar las candidaturas es la de las corrientes. Nadie se va a querer quedar afuera.

En lo que toca a las postulaciones para presidentes municipales y diputados locales, específicamente en Tabasco, tienen la posibilidad de aprovechar la figura de las candidaturas comunes. Un crucigrama cuya resolución requiere de mucha pericia política, porque enfrentará las evidentes ambiciones y la realidad de cada fuerza partidista.

 (vmsamano@yahoo.com.mx)