Lozoya en Pemex: las venas abiertas de la corrupción; mucho por conocer

EL PROCESO contra Emilio Lozoya Austin dio un giro total en el momento en que el ex magistrado Baltazar Garzón Real fue contratado para llevar la defensa del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex). El destacado jurista, como usted sabe, es conocido por haber librado una orden de aprehensión en contra del exdictador chileno, Augusto Pinochet, y por coordinar las acciones por la liberación de Julián Assange, fundador de Wikileaks, que encabezó la mayor filtración de información reservada.

Garzón Real, quien actualmente dirige el bufete ILOCAD SL. (International Legal Organization for Cooperation and Developement), con sede en Madrid, fundó en 2017 el partido de izquierda y progresista Actúa, junto a Gaspar Llamazares. Ha estado siempre junto a las causas de izquierda, en este terreno asesoró a varios gobiernos para importantes reformas jurídicas…y de combate a la corrupción.

Por sus antecedentes, causó sorpresa el anuncio de la prestación de sus servicios a Lozoya Austin. Aunque quienes lo conocen afirman que estaría contribuyendo a una causa a la que se ha dedicado desde que en 1981 inició su ejercicio profesional: combate a la corrupción política, delincuencia económica y narcotráfico.

EL MAYOR YACIMIENTO, DE MOCHES

VARIOS medios informativos han documentado los acercamientos que Garzón Real tuvo con el presidente López Obrador y con su equipo antes de la integración de la Guardia Nacional –y claro mucho antes de la orden de aprehensión contra Lozoya Austin en julio de 2019-; pero también mantiene una estrecha relación con Santiago Nieto Castillo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. No desconoce ni el sistema judicial mexicano, ni los propósitos del actual régimen.

De hecho, tampoco es ajeno al asunto de Odebrecht, la gigantesca red de corrupción que ha llevado a proceso a presidentes y ex presidentes latinoamericanos, así como a magnates y políticos de diverso nivel. La publicación Código Magenta (7/07/2020) refirió que el abogado español fue contratado para asesorar a Hugo Carbajal, ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez en Venezuela, también acusado de lavado de dinero y cuya extradición desde España reclama Estados Unidos. La extradición ya fue aprobada pero el ex militar se escapó de la policía madrileña.

Como usted sabe, inicialmente Lozoya Austin contrató a Javier Coello Trejo, conocido como “El (ex) Fiscal de Hierro”, quien durante el sexenio de José López Portillo despachó como fiscal especial para el combate a la corrupción. Se cuenta que entonces investigó a más de 3 mil sospechosos –muchos funcionarios- y logró cárcel para mil 200. Con Carlos Salinas de Gortari, ya como subprocurador, tuvo a su cargo el proceso contra Joaquín Hernández Galicia (La Quina), líder petrolero enemigo público del entonces presidente.

Coello Trejo había dicho que Lozoya “no actuó solo”. De inmediato las versiones periodísticas apuntaron hacia sus jefes inmediatos: Luis Videgaray, secretario de Hacienda, y Enrique Peña Nieto, presidente de la República. A finales de junio, el abogado chiapaneco anunció que dejaba la defensa del ex director de Pemex; esta versión se conoció cuando fue confirmada la aceptación de su cliente para ser extraditado a México.

El propio presidente López Obrador afirmó que Lozoya será un “testigo colaborador” (una especie de testigo protegido). La trama que se presume será revelada en el juicio contra el ex hombre de confianza de Peña Nieto involucrará al propio ex mandatario, ex secretarios de Estado, políticos de diversos partidos (sobre todo PRI, PAN y PRD) involucrados en el cabildeo y aprobación de la Reforma Energética, incluyendo a gobernadores actuales que fueron legisladores.

Las expectativas son muy amplias y su impacto no sólo recoge la principal bandera de AMLO –la lucha contra la corrupción-, sino también se prevé un oleaje que llegará a las elecciones legislativas del 2021.

ANTES DE QUE SEA TARDE

DOS PASOS adelante y uno atrás, sería una dinámica aceptable en la estrategia que México ha escogido para combatir la expansión de la epidemia del COVID-19; lo grave es que fuera al revés: un paso adelante y dos atrás. Porque está confirmado que a la reapertura de las actividades con “semáforo naranja” seguirá, tarde o temprano, un cierre parcial o total, de retorno al “semáforo rojo”. En algunos casos este indicador ya aparece fundido.

El pasado fin de semana se anunció que el semáforo epidemiológico que aplicará del 20 al 26 de julio en todo el país ubica a 18 entidades en color rojo; sólo 14 se clasificaron en naranja. Algunos gobiernos ya están previendo un retorno a ciertas acciones restrictivas. Pocos municipios, sobre todo alejados y de escasos habitantes, resisten con sus reducidos recursos pero uno fundamental: la organización.

Ahora, el subsecretario Hugo López Gatell, anunció un plan piloto del nuevo programa de acción comunitaria para la detección temprana de los contagios.

El  nuevo plan, que en esta columna hemos mencionado como la “campaña a ras de suelo”, tiene entre sus acciones las explicadas por María Luisa Albores, secretaria del Bienestar: se basa en la confianza y el trabajo de la ciudadanía. Los servidores de la nación (promotores de los programas de  Bienestar) que ya están desplegados en el territorio nacional, se sumarán esfuerzos a los visitadores agrarios para fortalecer la detección oportuna, identificación de personas en riesgo, promover una atención integral de la salud y reducir el riesgo de complicación y muerte por Covid-19.

¿Y si colaboraran médicos voluntarios, estudiantes de medicina, empleados públicos?

AL MARGEN

MAÑANA habrá noticias en Morena-Tabasco. Entre el choque y la negociación.

(vmsamano@hotmail.com)