Mediocre partidocracia

Mucho tiempo se ha destinado en el cabildeo de la reforma electoral desde que en el Congreso de la Unión se iniciaron los trabajos en comisiones continuado por el parlamento abierto, centrado el debate en la desaparición o no de los organismos locales, que se olvidaron o no quisieron meterse a un tema igual de sustantivo como exigirse elevar el nivel en la competencia del sistema de partidos.

Sin perjuicio alguno de la bondadosa reforma de 1977, que abrió el abanico de oportunidades para aquellas asociaciones civiles que desearan constituirse en partido político -hasta ahora prevaleciente- en la puja por la gobernanza, la esencia de este propósito ha resultado un fracaso por las obsequiosas concesiones a sí mismos promotoras de una evidente mediocridad contraria a la competencia.

En la contemporaneidad de los recientes 42 años, así como han emergido cualquier cantidad de opciones igual han desaparecido y en algunos de los casos han resurgido con la misma nomenclatura o bien una distinta, pero con los mismos dirigentes quienes vieron en esta figura la oportunidad de obtener una rentabilidad político-económica, sin importar el anhelo de su escasa membresía militante, pues nunca se interesaron en hacer estructura territorial.

Definitivamente, ser opción de gobierno nunca fue la aspiración de esas efímeras expresiones ideológicas erigidas en partidos políticos, que pese a tener un benévolo umbral para conservarse nunca lo lograron. Por el contrario, su única prioridad fue hacerse de una fortuna, vía el financiamiento público, en bienes raíces e inmuebles que hasta entonces no era obligatorio regresar al patrimonio del estado mexicano.

El Partido de la Sociedad Nacionalista de Gustavo Riojas Santana es un claro ejemplo de cómo en medio de la mediocridad sacar provecho entre 1998 y 2003 no sólo en lo político, negociando posiciones legislativas para la familia al amparo de coaligarse en elecciones, sino que además obtuvieron una rentabilidad mal habida.

Pero el PVEM  con el mismo modus operandi ha obtenido todo el provecho posible, capaz de lograr muy ventajosas negociaciones doblegando a los partidos dominantes; olvidados de la bandera de la ecología, un mero pretexto para sus despropósitos. Todo un emporio a la mediocridad sin oficio ni beneficio para los mexicanos.    

Además, los partido como antaño tienen dueños, nombres y apellidos, de quienes les regentean. A saber, como el propio PVEM, de Jorge González Martínez, diputado con licencia; Movimiento Ciudadano, del senador Dante Delgado Rannauro; PT, de Alberto Anaya, ex legislador; PRD, a merced de los Chuchos: Ortega Martínez y Zambrano Grijalbo, igual ex legisladores; sólo por mencionar algunos de los vigentes. 

México como país y sus 32 entidades integrantes del pacto federado, aún menos la sociedad de 119 millones 530 mil 753 que en su territorialidad cohabitan, no se merecen que se les falte a la inteligencia con estructuras partidistas embozadas que sólo buscan sus mezquinos intereses, aunque también es de justo reconocer sus excepciones incluso de izquierda que en su momento fueron un contrapeso a las fuerzas preponderantes.

Equivaldría a una traición que el decreto de la reforma política electoral resultase una farsa, en razón de no plasmar en el texto constitucional y sus leyes secundarias la imperiosa necesidad para que el sistema de partidos eleve su nivel de competencia, sobre todo de propuestas de compromisos consistentemente reales en las campañas de sus candidatos de gobernabilidad dentro del proceso electoral.

Los tiempos y circunstancias actuales en los que la partidocracia perdió la credibilidad de la generalidad de la voluntad popular, para ser claros durante las recientes elecciones presidenciales de 2018, les dejó en una situación de indefensión, sin argumentos algunos para justificar el desaire reiterado de corresponder a los intereses de las colectividades. Y aún no asimilan su realidad.

La trasnochada retórica en la competencia por los cargos de elección popular nada más ya no encaja ante una voluntad popular que en la democracia participativa se le agotó la paciencia de ser rehén por parte de esa democracia representativa encarnada en su clase gobernante que egoístamente mira por sus intereses mezquinos, facciosos que hurtan el patrimonio cada vez más precario de todos.

La resistencia a perder el monopolio del mando en la gobernanza les ha llevado a cerrarle el paso a las auténticas candidaturas y/o independientes, concebida de origen -con la reforma de 2012- para la postulación de perfiles sin ninguna filiación política y no de desertores, quienes prostituyeron esta figura; imponer una asimetría privilegiando la mediocridad del sistema de partidos es irracional.

Asociaciones civiles que en la actualidad buscan constituirse como partidos requieren acreditar una militancia del 0.26 por ciento del padrón electoral equivalente en promedio a 250 mil militantes nada más en el espectro federal; mientras que a los candidatos ciudadanos en la presidencial se les exige acreditar promedio 1 millón de firmas de apoyo de la sociedad para aspirar.

Inscribir en el marco constitucional una nueva reforma política la pluralidad en la competencia electoral, abierta sólo para a ciudadanos con una calidad moral irreprochable -que elevaría la calidad de la democracia- representaría a los partidos dispararse un tiro fulminante en la sien para perder algo que han hecho suyo.

Bitácora

La gota que derramó el vaso de agua ya sucedió, si la partidocracia no entiende seguirá en el lodo de la mediocridad.

eduhdez@yahoo.com