México a trasmano: sobre las pensiones y privilegios de expresidentes, un expediente

* Monto legal a expresidentes, apenas 5% del total; lo demás bajo el agua

* Servicios a familiares, engordan la cuenta; lupa al imperio de los abusivos

* Apenas uno de los hilos de la madeja en el tejido de las complicidades

EN ESTE PAÍS, presidencialista por dos siglos, el combate a la impunidad puede comenzar por quienes han habitado Los Pinos. Figuras polémicas en el debate público, aunque intocables desde el marco jurídico, los expresidentes concentran secretos de un modus vivendi: la política como ejercicio de discrecionalidad y acumulación de privilegios. Ni magia ni hechicería: es un modo de subordinación al poder.      

Resulta lógico que los fundamentos del ‘antiguo’ sistema político cobren rango de metáfora en las pensiones y privilegios que reciben  expresidentes junto con sus familias. Una promesa estelar de López Obrador en campaña, contra enjuagues del sistema político mexicano, fue la desaparición de las pensiones a exmandatarios. Ahora que triunfó con holgura, la cuestión es ética y jurídica: asunto de salud pública del nuevo sistema (la “cuarta transformación”) y problema de opacidad jurídica.

Abordemos con detalle esta cuestión espinosa, advirtiendo un punto crucial: no bastará con atacar el marco legal de las pensiones, pues los privilegios (y sufrimientos del erario público) son extralegales.  

LOS PARÁSITOS DEL PODER

METÁFORA sobre el fin de una época, el tema de las pensiones a expresidentes contiene datos duros que resultan en principio difíciles de rastrear. ¿Cuándo se dispararon las pensiones? En 1970, con el largo adiós de Gustavo Díaz Ordaz, comenzaron de facto los privilegios desmedidos. No había papeles, pero sí acuerdos verbales que se cumplían, faltaba más. Don Gustavo veló por su porvenir, sin ley de por medio. En 1973, a la mitad del río del régimen de Luis Echeverría, se integran las pensiones tal y como las conocemos, con un acuerdo que firma el Presidente y que involucra a cuatro áreas: la secretaría de Hacienda, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Estado Mayor Presidencial y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El problema es que tal acuerdo nunca fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Siempre ha quedado en la oscuridad, como la tristemente célebre partida secreta presidencial, con 20 mil millones de pesos anuales que no requerían comprobación alguna. El que habita las alturas tenía cuenta de gastos para chicles muy caros. 

El mejor (y quizás único) libro sobre el tema, lo escribieron los investigadores Ernesto Villanueva e Hilda Nucci en 2016: “Los parásitos del poder. Cuánto cuesta a los mexicanos mantener privilegios de los expresidentes”.  

He aquí algunos datos: en el análisis comparativo de 21 países, México se ubica lejos (diferencia de 3 millones de pesos) con medalla de oro en el monto de pensiones y privilegios a exmandatarios; cada mes, los expresidentes reciben en promedio 5 millones de pesos, mientras que por ley aparecen con el 5% de ese total, 50 mil pesos (la clásica simulación); al incluir servicios de salud, viajes, escoltas, transporte y seguridad personal, que reciben expresidentes y sus familias, la cifra alcanza 40 millones mensuales por piocha. Es impresionante, vista esa cifra, que el monto oficial como pensión sea de 50 mil pesos, ¿por qué la disparidad? Porque, como ya se mencionó, los arreglos jugosos son extralegales. Recientemente (julio 24), en el semanario Proceso, Ernesto Villanueva ironizó: si los expresidentes se quejan por “violación de derechos adquiridos”, entonces su litigio no procede en sentido jurídico porque sus privilegios no tienen letra de molde. Sólo podrían reclamar los 50 mil que aparecen en la ley de pensiones a exmandatarios. Magra cosecha.         

EL PINOL DE LOS ENJUAGUES

CADA UNO de los expresidentes vivos envió una carta de felicitación a López Obrador por su claro triunfo del primero de julio. No debió ser fácil para ellos esta diplomacia política. Salinas dijo: “Bienvenida la reconciliación”. AMLO agradeció el gesto de corrección política, aunque con firmeza apuntó que “la desaparición de sus pensiones va”. Esto nos lleva a la siguiente cuestión: ¿cómo eliminar los privilegios que no aparecen en la ley? Es decir: los privilegios que llegan por acuerdos no registrados en el Diario Oficial de la Federación. Otro es el asunto de los negocios que hicieron y mantienen al amparo del poder.

Ernesto Villanueva advierte la complejidad del problema: si no se quiere una desaparición ‘cosmética’ de las pensiones y privilegios de expresidentes, entonces se tiene que mostrar mano dura en 1) La Secretaría de Hacienda; 2) La  Ley del Presupuesto Federal; 3) La Sedena; 4) El Estado Mayor Presidencial, 5) El IMSS. Se trata de áreas del gobierno que, en relación con los exmandatarios, funcionan con acuerdos verbales, sin papelitos que certifiquen el dinero erogado. Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, así lo han dicho, renunciaron a su pensión… de 50 mil pesos, pero no a sus privilegios, que son precisamente los que engordan la cuenta de ellos y sangran la cuenta del erario.

Así las cosas, la promesa de AMLO de desaparecer pensiones a expresidentes debe atacar el fondo: los privilegios que no están en la ley. Esta historia, de desenlace próximo, recicla una aguda frase del politólogo Javier Tello: “México, en su sistema político tradicional, ha vivido un Estado a través del derecho, no un Estado de derecho”. ¿Un Estado de hecho o deshecho? (vmsamano@yahoo.com.mx)