Nuevo censo de damnificados; respuestas coyunturales y de fondo, evitar desastres

AL ACTUAL régimen que encabeza Andrés Manuel López Obrador le han tocado dos grandes crisis coyunturales que revelan problemas estructurales. Me refiero a la pandemia del COVID-19 con impacto nacional y a las inundaciones en Tabasco, geográficamente limitadas a un ámbito regional  pero con repercusiones en todo el país. En la primera evidenciando el desmantelamiento de los sistemas de salud y en la segunda los rezagos en protección civil. En estos dos casos lo que se pone a prueba es la capacidad operativa y presupuestal del gobierno, así como los principios que sustentan su respuesta a las crisis.

Estas dos grades crisis coyunturales ocurren también cuando deben ser atendidas otras carencias de fondo y los desafíos que implican la intención de López Obrador para cambiar de raíz el “modelo neoliberal” por un “modelo de bienestar”. No es tarea fácil, pero requiere –como ningún otro gobierno-, la movilización de la sociedad y de las organizaciones civiles.

Oficialmente se admite que el gobierno no lo puede todo, ni lo puede solo.

DOS TRAGEDIAS AL HILO

AYER se anunció que el 23 de noviembre se iniciarán en Tabasco los censos de los damnificados por las inundaciones de la segunda ola ocurrida en esta catastrófica temporada. Como usted recuerda, las primeras inundaciones de principios de octubre que afectaron sobre todo a Villahermosa y los poblados de Centro, Nacajuca, Cunduacán y Jalpa, tuvieron como respuesta inmediata del gobierno federal la entrega de 10 mil pesos a unas 40 mil familias que respondieron a la convocatoria de registro de afectados. Los trabajadores de la Secretaría de Bienestar, que encabeza Javier May Rodríguez, y que reciben la designación de “Servidores de la Nación” acudieron casa por casa.

Hubo un debate en torno a la cifra de damnificados. Mientras oficialmente se llegó a hablar –en esa primera ronda de inundaciones- de más de 600 mil afectados, al final los apoyos para recuperar enseres domésticos fueron para unas 160 mil personas si tomamos como promedio a 4 integrantes por casa.  El presidente López Obrador reconoció que esas afectaciones fueron responsabilidad, en buena parte, de un mal manejo en el sistema de presas del Alto Grijalva.

Pero no habían transcurrido dos semanas de la entrega de esos primeros apoyos federales, que inclusive provocaron bloqueos y la intervención policiaca, cuando lluvias intensas en Tabasco, Chiapas y Guatemala, agravaron la tragedia de quienes habitan las zonas bajas de la entidad. Y decir zonas bajas para Tabasco resulta casi un pleonasmo porque la mayor parte de la planicie está en niveles de alta vulnerabilidad.

CONOCER PARA PLANIFICAR

ESTA SEGUNDA tanda de inundaciones registradas a finales de octubre y principios de noviembre provocó un desastre mayor. De acuerdo a los registros preliminares de la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Vázquez, y que también hizo suyas el responsable estatal del área Jorge Mier, por lo menos 899 comunidades fueron afectadas, 99 mil 573 viviendas inundadas, 302 mil 498 personas damnificadas y 8 decesos.

Como le decía, todos los cálculos son preliminares porque aún no se tiene el censo total de los afectados. Podría afirmarse que será difícil tener el registro de quienes de una u otra manera hayan sufrido el desastre, porque siempre en estos casos existe una “cifra negra” de los no reportados o que aun siendo reportados simplemente no son registrados para evitar que el costo de la erogación presupuestal se multiplique.

Algunos planificadores han recomendado tener el registro más detallado posible para poder elaborar las medidas preventivas. En todo caso, nos comentan, muchos de los siniestrados no están esperando un donativo gubernamental sino un programas de créditos blandos o medidas por el estilo de protección colectiva.

El caso, le decía, es que para este segundo desastre de la temporada –que todavía no ha terminado y que el gobernador Adán Augusto López advierte que debe mantenerse la emergencia por lo menos hasta el 15 de diciembre-, los gobiernos federal y estatal acordaron un nuevo censo de damnificados a partir del lunes próximo. Se pretende realizar durante dos semanas el registro de afectados que requieran apoyos.

Esta labor será realizada por uno dos mil “Servidores de la Nación” en los 17 municipios casa por casa. La entrega del respaldo federal se hará entre el 16 y el 20 de diciembre. Esta vez habrá dos tipos de respaldo: uno de ocho mil pesos para labores de limpieza, desazolve, pintura y desinfectar  las viviendas, que se otorgará a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), que tiene también a su cargo elaborar un programa emergente de vivienda.

El otro apoyo será con vales canjeables por enseres domésticos. Estas acciones serán a través de la Secretaría de Bienestar. Se aclaró que quienes fueron apoyados después de la primera inundación y nuevamente resultaron afectados, podrán tener acceso a este otro programa.

Sin embargo, la acción del gobierno tiene que ir más allá. Y así se ha anunciado. Se prevé que estará detallada en el Plan Integral que dará a conocer el presidente López Obrador.

Explicó el subsecretario David Cervantes, de la SEDATU, que se busca no sólo para atender las afectaciones –de manera reactiva-, sino generar condiciones –de manera preventiva- que permitan mitigar y evitar hasta donde sean posible los desastres por las inundaciones. Un programa fundamental será el de las viviendas, los asentamientos y su reordenamiento. Veremos.

AL MARGEN

CON EL CASO Cienfuegos recibe el gobierno mexicano una “papa caliente”, para usar una expresión popular. (vmsamano@hotmail.com)