Cuentas claras, para evitar enredos y conflictos

La nota local tras la última visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Tabasco fue que el Centenario se seguirá llamando 27 de Febrero

La nota local tras la última visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Tabasco fue que el Centenario se seguirá llamando 27 de Febrero y no de una marca comercial, a pesar de que se dio a conocer que el nombre del estadio iba a cambiar en virtud de un convenio a 5 años con fines publicitarios. Y aunque el presidente así lo mandó con claridad, siguen vigentes los cuestionamientos respecto del convenio, e incluso surgen todavía más dudas.

Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A. de C.V., que es la empresa de participación estatal mayoritaria que gestiona al equipo Olmecas de Tabasco y administra el estadio, decidió reservar la totalidad de la información del convenio hasta por cinco años, lo cual justificaron en el artículo 121 fracción XIV de la Ley de Transparencia vigente, que ordena clasificar la información cuando “se trate de información de particulares recibida por los Sujetos Obligados bajo promesa de reserva o esté relacionada con la propiedad intelectual, patentes o marcas, secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal que estén en posesión de las autoridades”.

Según la prueba de daño que hicieron, la divulgación del convenio representa un riesgo de perjuicio al interés público o seguridad del Estado, que deben respetar las cláusulas de confidencialidad y reserva del mismo, que el perjuicio sería superior al interés general y que la clasificación de la totalidad de la información se ajusta al principio de proporcionalidad.

Sin embargo, esta valoración es contraria los principios de la ley. En términos de la misma Ley de Transparencia en su artículo 76 fracción XXVIII, Olmecas de Tabasco tenía la obligación de elaborar una versión pública del convenio en la que conciliara el interés público y derecho de acceso a la información con la obligación de reservar datos personales. Debió testar las partes sensibles del convenio sin privar a los tabasqueños de conocer los términos, condiciones y montos implicados.

Es falso que los intereses de una empresa particular sea superior al interés público. El interés público incluso ha prevalecido por encima de la restricción de reservar información cuando se trata de violaciones graves a derechos humanos. Si incluso con víctimas de por medio las autoridades se han visto obligadas a dar a conocer versiones públicas de documentos, resulta fuera de toda proporción pretender que una empresa tiene un derecho superior.

Con ese asunto todavía por ser resuelto por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ante el cual se han hecho llegar recursos de revisión sobre la respuesta de Olmecas de Tabasco, queda la duda de cómo hará la empresa para deshacer el entuerto con su contraparte.

Porque el estadio seguirá llamándose Centenario 27 de Febrero, por la conmemoración del 27 de Febrero de 1864 en que las tropas francesas fueron expulsadas de Tabasco.

Tienen derecho los tabasqueños a conocer en qué términos se acordó ese convenio publicitario, inmediatamente después que se remodeló el Centenario con recursos federales e incluso amarrado para tenerlo todo listo antes de su inauguración. También tienen derecho a saber en qué términos se modificará el convenio y si hay que pagar sanciones a cargo del erario.

Desde luego, hay que acatar la orden del presidente, que por algo es el primer mandatario. Pero no menos importantes son los ciudadanos y su derecho de acceso a la información. No es correcto ocultarles datos que son de interés público, porque además de se hizo sin sustento jurídico ni un adecuado criterio de proporcionalidad, es nocivo para una democracia en donde los ciudadanos deben poder evaluar y supervisar lo que se hace con sus recursos, desde el presupuesto, hasta los bienes inmuebles que son públicos. Como el estadio.

Ante la opacidad, muchos pueden empezar a albergar sospechas de corrupción, o simplemente perder la confianza ante la falta de voluntad de ofrecer una adecuada rendición de cuentas. Y no hay necesidad alguna. Simplemente hay que entregar las cuentas claras y no pasarse de largo al patrón, que es el pueblo.