Operación limpieza; ni perdón ni olvido

Quién no recuerda, la frase célebre de Álvaro Obregón "Nadie aguanta un cañonazo de 50,000 pesos” o la de Gonzalo N. Santos "La moral es un árbol que da moras”

Quién no recuerda, la frase célebre de Álvaro Obregón "Nadie aguanta un cañonazo de 50,000 pesos” o la de Gonzalo N. Santos "La moral es un árbol que da moras”.  O también la de un profesor Carlos Hank González que se hizo inmensamente rico bajo la consigna de: "Un político pobre es un pobre político”. El caso es que se ha documentado que la corrupción y su inseparable acompañante la impunidad tienen patente de corso desde la presidencia de Miguel Alemán Valdés.   

En el lenguaje popular contamos con una gran variedad de dichos al respeto como “no importa que robe, pero que salpique”; “no quiero que me den, sino que me pongan donde hay”; “la corrupción somos todos”; “con dinero baila el perro”.

La corrupción de la prensa también tiene su reconocimiento en la frase del expresidente José López “Porpillo” que a la letra dice: “no pago para que me peguen”.

Con la llamada Renovación Moral del expresidente Miguel de la Madrid se creó la dichosa secretaría de la Contraloría, más para “planchar” los malos manejos y enviar al matadero a chivos expiatorios, que para combatir realmente la ya galopante corrupción.

Apenas ahora la Unidad de Inteligencia Financiera (mayo 2004) y el Sistema Nacional Anticorrupción (mayo 2015) empiezan a dar resultados. Sin menoscabo de que la Auditoría Superior de la Federación (1999) órgano técnico de fiscalización de la Cámara de Diputados, se puso las pilas en la rendición de cuentas de los recursos públicos, a partir de que el PRI dejó de ser mayoría.

La corrupción ha sido descrita, creo que con mucho tino, como un cáncer social que invade y corroe las entrañas del Estado empezando por sus instituciones públicas y prácticamente todas las categorías burocráticas. Por eso, el presidente AMLO insiste en la metáfora de la escalera para dar a conocer su estrategia para combatir la corrupción de “arriba hacia abajo, como se barren las escaleras”.

Sin duda, el daño económico al país ha sido monumental sobre todo con la tecnocracia neoliberal que, con Salinas de Gortari, puso en venta 390 empresas públicas (63% de las que existían entonces, beneficiando a 23 clanes multimillonarios (revista Forbes). Con Ernesto Zedillo se recuerda la privatización de ferrocarriles, aeropuertos y hasta algunos servicios públicos, entre otros. Y así llegamos a la cereza del pastel con la privatización del petróleo y la energía eléctrica, durante el sexenio de Peña Nieto, en donde la corrupción llegó a su máxima expresión. En 2018 México ocupó la posición 138 de 180 países evaluados por Transparencia Internacional en percepción de la corrupción. Solo imagínense la cantidad de dinero público que se ha hecho privado.

Pero, como dijera el clásico, “el pueblo se cansa de tanta pinche transa”, y los ciudadanos optaron en las elecciones de julio de 2018 por un gobierno alternativo que transformara de raíz esta situación. No en vano la principal tarea que se echó a cuestas el presidente AMLO es la de erradicar la corrupción con sanciones ejemplares, tanto a los corruptos del pasado como a los del presente que recién fueron advertidos.

El caso de Lozoya-Odebrecht, que por primera vez involucra a dos expresidentes, Felipe Calderón y Peña Nieto, es prueba fehaciente de que el combate a la corrupción va en serio. Quizá por cuestiones legales no pisen la cárcel, pero desnudar públicamente la operación de sus redes de corrupción desde el vértice de la alta burocracia, sin duda contribuirá a combatirla.   

Calderón también tiene en puerta lo de la onerosa Estela de Luz y el espinoso caso de García Luna que se dirime en EU por sus eficientes servicios al cartel de Sinaloa; y Peña Nieto tiene abierto el expediente de la Estafa Maestra; los sobornos a legisladores para aprobar la reforma energética (6 millones mensuales a los entonces senadores Carlos Mendoza, de Baja California, y Francisco “Pancho” Domínguez, de Querétaro, para sus campañas electorales); y las órdenes de aprensión de altos funcionarios de la Policía Federal, colaboradores cercanos a Osorio Chong.

En fin, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, a pesar de sus diferencias, están haciendo su chamba, al igual que la secretaria de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. De su éxito depende la construcción de un nuevo rostro para el país.

En Tabasco vemos como el gobernador Adán Augusto López Hernández hace lo propio en el combate a la corrupción del pasado con la aprehensión de Juan José Martínez y del presente con la destitución de la edil morenista de jalapa María Silván Méndez. Por su parte, el OSFE presentó dos denuncias penales en contra del Poder Ejecutivo de sexenio pasado y otras dos en contra de los exalcaldes Sabino Dagdug, de Huimanguillo y José "Cuco" Rovirosa, de Macuspana, además de llamar a cuentas a Gerardo Gaudiano.

A todo esto, los conservadores y sus voceros solo atinan a decir que se trata de un “circo electorero” o de una “persecución política”. Allá ellos.