¿Para qué el gobierno?

¿Para qué el gobierno?

Un gobierno electo por voluntad popular está mandatado para privilegiar en aras del bien común todas aquellas decisiones que se le planteen en sus tiempos y circunstancias, con las razones técnicas y jurídicas de que dispone, mas no la ciudadanía como para dejarle a ésta mediante consulta popular la decisión de asuntos trascendentales que desconoce, aun cuando se le provea de una elemental información que por su complejidad no alcanza a comprender.

No se puede ser irresponsable ni negligente ni aún menos caprichosamente populista en un asunto que le impacta a toda una sociedad, proyectos como la continuidad o no de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, el cual lleva en promedio 31.5 por ciento de avance y 170 mil millones de pesos, o bien optar por construir uno alterno en la base militar de Santa Lucía.

Luego entonces, cabría cuestionarse qué sentido tiene un gobierno, sea éste federal, local y/o municipal, si no son capaces de asumir las consecuencias de sus actos que desde luego se entendería deben tener el plan de beneficiar a la sociedad que les eligió para ese propósito.

El gobierno como depositario de los intereses de un país tiene la suficiente autoridad para asumir las decisiones que son únicamente de su competencia, cuestión que tiene enfrentados los argumentos de la futura administración pública del presidente electo Andrés Manuel López Obrador respecto de la de Enrique Peña Nieto como iniciador del proyecto de Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

Un asunto que no es reciente, sino que viene de tiempo atrás con el sexenio del presidente Vicente Fox Quesada; en la actualidad el proyecto aeroportuario es motivo de polémica entre el ejecutivo saliente y el entrante desde mucho antes que iniciara el proceso electoral, en el cual resultó electo López Obrador con un 53 por ciento de los votantes. De ahí la responsabilidad histórica que el próximo Presidente tiene consigo mismo.

La decisión informada y razonada con toda puntualidad sobre otros temas que igual trastocan al interés nacional en estricto sentido debería pasar en el sentido de lógica por Cámara a de Diputados del Congreso de la Unión, al ser ellos los representantes populares: de la sociedad, y no emitir una votación influenciada por su afinidad ideológica al partido político, púes de inicio le contaminaría habida cuenta que en su integración dominan los de Morena y aliados. Debería prevalecer el interés general.

Guardando las grandes proporciones que hay con el Nuevo Aeropuerto Internacional de México o la pretensión por privatizar el agua, objeto de otra polémica a nivel país, podrían equipararse a aquella determinación asumida el 18 de marzo de 1938 cuando, sin mediar consulta popular, el presidente Lázaro Cárdenas del Río asumió el decreto de expropiación de la Expropiación Petrolera; usufructuado este recurso entonces por compañías petroleras extranjeras.

El contraste de las decisiones de los Poderes de la Unión representado por el Presidente de la República y Congreso de la Unión, se tienen en la procedencia de las denominadas reformas estructurales; entre éstas la energética, incluida otra vez la industria petrolera abierta a participación de extranjeros, y la hacendaria que en su caso debió hacerse desde los años 70’s, pero no procedió por el costo político al cual le temió el régimen priista perder parte del poder monolítico.

Reformas estructurales que inaplazables al momento de realizarse décadas después las modificaciones a la Constitución, y la correspondiente emisión de nuevas leyes, hoy pasan la factura de no ver resultados en el entorno de una recesión en el ámbito mundial, del cual México no está exento dada la era de la globalización.

No se puede dejar de lado otra decisión presidencial que trastocó al orden socioeconómico de la época cuando José López Portillo en pleno informe el uno de septiembre de 1982 declaró la nacionalización de 49 bancos privados a los que se indemnizó con 1 mil 200 millones de dólares, con cargo a los recursos públicos, y esa acción tampoco fue consultada a la ciudadanía, sino que hasta entonces sin mediar aviso se hizo oficial.

Andrés Manuel López Obrador, será un gobernante presidencial que, como ocurrió con sus antecesores, al protestar el uno de diciembre próximo respetando la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen; pero sobre todo mirando por el bien de los mexicanos y de la nación.

Austeridad obligada

La política de austeridad en el ejercicio de los recursos públicos por lo que compete a la próxima administración federal, incluido el ajuste salarial de los altos funcionarios comenzando por el Presidente de la República, es de por sí una medida plausible por unanimidad ante la escalada de corrupción que se ha tenido por sexenios. 

Desde luego, fue un compromiso de campaña no consultado que en la evidencia de la precariedad ha sido retomada por otras instancias gubernamentales igual en todos los niveles, en los ámbitos locales y municipales para efecto de poder mantener una capacidad de maniobra necesaria en el cumplimiento de sus políticas públicas destinadas a programas sociales y obras de infraestructura física.

Una austeridad que en la iniciativa privada y el colectivo social ha sido una recurrente práctica común, en razón de buscar subsistir ante los excesos en el ámbito de lo público tendrá igual que ser aplicada, guste o no a quienes como funcionarios durante mucho tiempo gozaron de privilegios a manos llenas, sin límites alguno cuando que el recurso viene de las contribuciones fiscales y no del bolsillo propio.

Bitácora

Adán Augusto López Hernández, Gobernador Electo de Tabasco, en sus denuncias públicas por malversación de recursos públicos dejó entrever que no le temblará la mano para aplicar la ley a aquel funcionario del rango que sea y/o burócrata que pretenda continuar con estas prácticas, a dejar de ser usos y costumbres. Quién intente hacerla, pagará por su mal proceder. 

( Eduhdez@yahoo.com)