PARLAMENTO ABIERTO: DERECHO HUMANO A LA CIENCIA

En días recientes, se celebró el Primer Foro del Parlamento abierto: “Hacia una nueva Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación”, dirigido por las Comisiones de Ciencias, Tecnologías e Innovación y de Educación.

Participaron en la exposición de criterios sobre la Iniciativa con Proyecto de Decreto, presentada por el Presidente de la República, diputados, académicos, funcionarios y personas interesadas en los puntos principales de esta iniciativa que ha causado una verdadera revolución en el ámbito del futuro académico y de gestión educativa en el país.

El primer tema por destacar es la incorporación y desarrollo de un derecho humano a la ciencia. El mismo se incorporó a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 3º fracción V en el sentido siguiente: “ Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes, conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia; además alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura ”.

La reforma de mayo del 2019, no es una mera declaración académica o retórica, es verdaderamente  implementación y articulación de un derecho fundamental obviado a pesar de todas las reformas constitucionales a favor del principio pro-persona que se han realizado hasta el momento.

En la exposición que realicé en este Foro, reflexioné primero: en la Ley que aún existe en especial a la modificada en el período 2012-2018, en la cual se privatizó la ciencia y se dejó de apoyar a la ciencia básica, esto significa que en la investigación que conduce realmente a un nuevo paradigma o creación científica, se impulsó todo lo que beneficiaba a las empresas privadas desde las Universidades, tenemos el lamentable caso de “la estafa maestra” aún no del todo aclarada en Tabasco por personajes que estuvieron involucrados en la misma.

La futura Ley presentada en forma de Decreto, supera este sesgo de creatividad de carácter práctico pues incorpora la ciencia básica y de frontera como parte del derecho humano a la ciencia; es decir, se elimina el tecnicismo creativo para el desarrollo privado y la existencia de fideicomisos que permitieron crear los llamados “elefantes blancos” construcciones en definitiva sin objetivos concretos, por citar sólo un ejemplo.

El principio del Derecho Humano a la Ciencia, es un derecho fundamental e instrumental. Ello significa que permite el desarrollo de otros derechos humanos como la alimentación, salud, educación, seguridad humana, entre los más importantes, a través de las propuestas de Proyectos que determina el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en función del país, en la búsqueda de la independencia económica nacional.

El Derecho Humano a la Ciencia entonces, consiste en el goce y avance del conocimiento universal, garantiza las libertades de investigación, cátedra y expresión.

En segundo lugar, esta iniciativa persigue el acceso universal al conocimiento, a través de la facilidad de información en grupos vulnerables, la actualización permanente de información y la simplificación de los procesos administrativos.

Otra de las cuestiones que ha suscitado debate, es la regulación sobre la Propiedad Intelectual, entiéndase: Derecho de autor y Propiedad Industrial y realmente este apartado se encuentra en los términos existentes en la normativa especializada en el tema, donde los derechos morales siempre serán del creador.

Según datos del IMPI en el 2022 se registraron 4,397 patentes de las cuales sólo 178 son mexicanas, las demás corresponden a empresas extranjeras entonces esta propuesta no parece que coarte mucho lo que no se ha realizado hasta el momento.

Si bien es cierto que preocupa a la comunidad la disponibilidad presupuestaria porque no aparece “el número 1” como parte del Producto Interno Bruto destinado a la labor de investigación, existe el compromiso y, por tanto, la obligatoriedad de cumplir con el derecho humano a la ciencia, dentro del principio de progresividad, a través de las competencias de la federación, las entidades de la República y los municipios, apoyados por el Estado.

Como investigadora, si pudiera votar sobre este proyecto de Decreto, desearía que se convirtiera en la residencia legislativa de la investigación. Seguimos esta iniciativa con mucho interés; deseando el mayor de los éxitos para esta propuesta de Decreto. (Profesora Investigadora. UJAT. Miembro del S.N.I. Nivel III. Colaboración especial para Diario PRESENTE)