“Plan C” contra la opacidad, el autoritarismo y los privilegios

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió esta semana que es necesario aplicar un Plan C

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió esta semana que es necesario aplicar un Plan C, a fin de lograr las reformas constitucionales que enviaría en septiembre de 2024, para terminar de sentar las bases de la transformación de México. Y es que, tras echar a bajo una primera parte de la reforma electoral propuesta por el titular del Ejecutivo y aprobado por una mayoría en Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentó un precedente de intromisión en la esfera facultativa del legislativo al fundamentar su decisión en supuestas irregularidades al proceso de creación de esta norma.

Una vez más, el Poder Judicial ha violado el artículo 17 de la Constitución al privilegiar “los formalismos” por encima de la verdadera búsqueda de la justicia; así como de sustituir las facultades del Congreso de la Unión. Se le olvidó a los ministros que el principio de división de poderes prohíbe a la SCJN establecer requisitos adicionales al trámite legislativo, ya que la Constitución reserva esa facultad al Congreso de la Unión. Esta actitud tan soberbia, sin embargo, no es nueva; cientos de injusticias han sido avaladas desde este poder del Estado, al poner por encima de todo -incluyendo de la Constitución-, las formalidades procesales. Jueces, magistrados y ministros se han convertido, lastimosamente, en estricto guardianes del proceso y no de los derechos del pueblo.

Pero no es de extrañarse. De los tres poderes en los que se divide el supremo poder de la Federación, solo el judicial es el único que orgánicamente se mantiene fuera de las reglas mínimas de la democracia. A diferencia de otros países, en el nuestro no existe un solo funcionario judicial electo por el pueblo. Todo lo relativo a su estructura, recursos, vigilancia y funcionamiento dependen de sí mismos. En resumen, mientras el Poder Ejecutivo y el Legislativo, se complementan entre sí, se vigilan, se contraponen y se renuevan por el voto popular, el Poder Judicial se aísla en su mundo, opaco, sin escrutinio del pueblo al que se supone deben responder con justicia.

Derivado de lo anterior, del 2018 a la fecha, el Poder Judicial ha servido de guarida al conservadurismo, ante la pérdida del respaldo electoral para renovarse en los poderes Ejecutivo y Legislativo. Mismo conservadurismo que entregó años atrás nuestros recursos naturales al extranjero; que vendió nuestros puertos, aeropuertos, trenes y toda nuestra infraestructura a sus compinches; que traicionó al pueblo con la infamia de un progreso que solo llegó a los más ricos. Lo peor, no es que sea refugio de corruptos, adictos al dinero y que lo presuman con sus ostentosos salarios inmutables (por ellos mismos), ante las políticas de austeridad de un presidente democráticamente electo; lo peor es que usen su poder para combatir el deseo de un pueblo que exige menos privilegios para el gobierno.

De momento, la suerte parece estar echada. La SCJN ha invalidado parte de una reforma electoral considerada de por sí como “Plan B”, pues el plan original que era modificar la Constitución se fraguó sin éxito por no contar con el número de legisladores necesarios para volver más austera una democracia como la mexicana que presume de ser una de las más caras del mundo. El presidente respondió que no queda más remedio que ir ahora por el “Plan C”, resumido en lograr la mayoría calificada en el Legislativo (334 diputados y 96 senadores), para lograr reformas a la Constitución en la siguiente legislatura y acabar de una vez por todas, con los privilegios y sus patrocinadores.

PD: La SCJN tiene un presupuesto anual de 74 mil millones de pesos mientras la Presidencia de la República realiza sus funciones con 500 millones al año. Va siendo hora de poner orden ¿no creen?