El Poder Judicial mexicano ha sido históricamente uno de los espacios más impermeables al cambio. Mientras otros órganos del Estado han experimentado aperturas, tensiones o incluso reformas desde abajo, la judicatura ha persistido como un terreno cerrado, autorreferencial, diseñado para reproducirse a sí mismo. Ahí no entra cualquiera, y eso no es casual.

Durante décadas, quienes han ocupado detentado los tribunales no lo han hecho por su compromiso con la justicia. Lo han hecho por pertenencia a redes de poder, por vínculos con élites económicas o políticas, o por haber ascendido en una carrera judicial marcada por la obediencia. La imparcialidad se ha confundido con tecnocracia, y la técnica jurídica con neutralidad. Pero la neutralidad, en contextos de desigualdad estructural, casi siempre es una forma sofisticada de sostener lo existente.

Más que un contrapeso real al poder, la SCJN ha sido con frecuencia un espacio para garantizar la continuidad del orden institucional, de defensa del status quo. La crítica desde los movimientos sociales ha sido clara: el Poder Judicial no solo no ha acompañado las luchas por justicia, sino que ha legitimado la desigualdad, ha protegido intereses de los poderes fácticos corporativos, y ha mantenido impunes a los responsables de violaciones graves a derechos humanos. Absoluciones como del Caso Guardería ABC son bien conocidos por todos.

Los nuevos perfiles del Poder Judicial

El reciente nombramiento de personas como Hugo Aguilar Ortiz y Lenia Batres Guadarrama como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha generado múltiples lecturas. Por un lado, Hugo Aguilar, electo presidente de la SCJN, a diferencia de la mayoría de sus antecesores, no proviene del circuito tradicional de la carrera judicial ni del mundo académico tradicionalista. Su perfil está marcado por una trayectoria vinculada a luchas sociales, especialmente a la defensa de los derechos de pueblos originarios y grupos vulnerables, además de ser partidario de las teorías críticas jurídicas.

No es casual que se defienda tanto la "autonomía judicial" cuando hay señales de cambio. En nombre de esa autonomía se ha protegido a jueces que han liberado a violadores de derechos humanos, a ministros que no pagan impuestos, a tribunales que legislan por encima del Congreso. Pero cuando llega alguien que rompe con el molde —por su trayectoria, por su discurso o por su compromiso— entonces se grita "politización".

No se trata de negar la necesidad de una justicia autónoma. El punto es que autonomía no es sinónimo de elitismo. Tampoco de perpetuación de privilegios.

Por otro lado, una beneficiada del nepotismo, como Lenia Batres, cuya presencia en la SCJN ha sido interpretada por algunos sectores como una amenaza a la autonomía judicial, acusándola de actuar como un "brazo político" de la Cuarta Transformación. Sin embargo, esta crítica olvida que durante décadas los ministros han respondido a intereses de grupos políticos y económicos sin que eso fuera cuestionado con la misma severidad. La llegada de Batres pone sobre la mesa una pregunta crucial: ¿es posible que personas formadas en la lucha social, y no únicamente en las élites jurídica ocupen espacios de decisión judicial sin que eso implique subordinación partidista?

No es cuestión de que la reforma haya creado una politización de la justicia inexistente. Su presencia incomoda porque desestabiliza una falsa narrativa: la de que la justicia solo puede pensarse desde la neutralidad técnica. Pero esa neutralidad, en realidad, ha encubierto una visión profundamente conservadora de la ley y del Estado, y si, en muchos casos también una fuerte convicción política de los impartidores de justicia hacia partidos que hoy son de oposición. (Continuará)