Uno de los principales dilemas que enfrenta la izquierda cuando accede a espacios de poder institucional es el riesgo de asimilación, es decir, de convertirse en parte del mismo aparato que antes criticaba.

Este riesgo es particularmente agudo cuando se trata del Poder Judicial, una institución históricamente diseñada para reproducir el orden y preservar la jerarquía "normal" de las cosas, a defender los intereses de unos cuantos.

Para una figura con trayectoria en luchas sociales, entrar a la SCJN no solo representa una conquista simbólica, sino también una tensión constante: ¿cómo intervenir desde dentro sin desdibujar el horizonte transformador que dio origen a esa militancia? ¿Cómo actuar con independencia y al mismo tiempo con compromiso ético hacia las causas populares?

• La ética política de la izquierda históricamente ha sido una ética de ruptura, de denuncia, de confrontación. Pero el espacio judicial exige discreción, contención y argumentación técnica. La posibilidad de traducir los principios de justicia social en razonamientos jurídicos válidos dentro del marco constitucional implica un ejercicio complejo, que no está exento de contradicciones. Más romper con un modelo que privilegia lo legal por encima de lo real y humano.

Existe un riesgo real de instrumentalización: que figuras con capital simbólico dentro de los movimientos sociales sean utilizadas para legitimar un aparato que no ha cambiado de fondo, o que sus nombramientos se conviertan en coartadas de pluralismo sin que se transformen las condiciones estructurales del sistema judicial.

El desafío ético no es solo resistir la cooptación, sino convertir la presencia institucional en una trinchera desde la cual hacer valer otras formas de interpretar la ley, más cercanas a las necesidades del pueblo y alejadas de los pactos corporativos.

Las elecciones por los puestos de impartición de justicia institucional como arena de las luchas sociales

• Lejos de ser un territorio ajeno, el derecho ha sido históricamente una herramienta —a veces limitada, pero poderosa— en las luchas sociales. Desde los movimientos campesinos que exigieron tierra y libertad durante la Revolución, hasta las colectivas feministas que han empujado reformas constitucionales, y el reconocimiento de los derechos e intereses jurídicos colectivos como ambientales, la justicia ha sido una bandera, un lenguaje y un campo de disputa.

La izquierda no ha rechazado el derecho como tal: lo ha cuestionado cuando ha sido funcional al poder, pero también ha exigido su ampliación y lo usado desde la creación de Jurisprudencia como herramienta de cambio.

Ha luchado por derechos laborales, por justicia redistributiva, por reconocimiento de derechos indígenas, sexuales y reproductivos. En todos esos casos, el derecho fue un territorio en disputa, no un enemigo a destruir.

Por eso, la presencia de actores provenientes de la lucha social en órganos como la SCJN no debería verse únicamente como una anomalía, sino como una forma legítima de extender esa disputa hacia los centros donde se interpreta y aplica la ley.

Se trata de llevar a la arena judicial otras experiencias históricas, otras memorias del sufrimiento y otras urgencias sociales

El reto, sin embargo, es doble: por un lado, traducir esas luchas en argumentos jurídicos que tengan peso dentro del marco constitucional; por otro, no olvidar que el derecho no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para ampliar la dignidad y la libertad.

Así, cuando una persona con trayectoria en el movimiento popular llega a la Corte, no solo lleva consigo una biografía, sino también una historia colectiva de demandas que han sido desoídas o reprimidas. Su voz, en ese espacio, puede ser un eco de muchas otras que han sido sistemáticamente silenciadas por el poder judicial tradicional.

• La llegada de personas con trayectoria en luchas sociales a órganos como la Suprema Corte representa una inflexión importante en la historia reciente del Poder Judicial mexicano. Por primera vez en mucho tiempo, existe la posibilidad de que la justicia sea pensada desde otras coordenadas: no solo desde la técnica jurídica, sino desde la experiencia de lo popular, lo excluido y lo oprimido.

Sin embargo, no se debe caer en el triunfalismo por parte de los sectores. La sola presencia de un perfil progresista o vinculado a la justicia social no garantiza una transformación profunda.

Más considerando la baja participación en las elecciones, y que justamente esta participación fue mayoritariamente de parte de sectores con mayor movimiento político que en el caso mexicano, suelen ser precisamente grupos progresistas.

Falta enfrentarse con la creación de nuevas oligarquías, así como la formación de cuadros de los partidos de oposición, hechos, precisamente para buscar terreno en lo judicial. Y entonces sí, comenzará la verdadera disputa. (FIN)