El Instituto Nacional Electoral con Guadalupe Taddei Zavala en la presidencia debe ser enérgico en el punto de inflexión respecto al inicio del Proceso Electoral Ordinario para renovar los los Poderes de la Unión; la Presidencia de la República y el Congreso Legislativo. Debe el organizador de las votaciones del 2 de junio imponer disciplina a los jugadores; partidos y candidaturas, a autoridades de gobierno para no ensuciar la competencia de una genuina decisión ciudadana en democracia.

El Árbitro está obligado a sancionar con severidad a quienes le desafíen con actos ilegales en busca de sacar ventaja fraudulenta, aplicar las reglas establecidas sin mirar que sea una u otra coalición ni si es una u otra candidatura.

El marco constitucional y leyes secundarias tendrá que ser observado sin excepción alguna, incluso por el elector ceñido al derecho político de votar y ser votado, en libertad de criterio, reflexivo e informado sobre las opciones a votar y que sus compromisos hagan sentido con las complejidades en sus demandas como colectivo social.

El Consejo General del INE debe asumir su responsabilidad de preservar los Principios Rectores de Certeza, Legalidad, Independencia, Imparcialidad, Objetividad y Máxima Publicidad en cada uno de sus actos como organizador de las votaciones previstas el 2 de junio de 2024; el mismo obligado a cumplir por parte de los competidores.

Cada uno de los partícipes del ecosistema electoral, en la consideración de que nadie, absolutamente nadie, se manda solo, articulados a alcanzar el nivel que representa la calidad de la democracia a reflejarse en la asignatura pendiente que tienen por lo que toca a los partidos políticos registrar candidaturas con capacidades y competencias que se comprometan con el electorado de esta nación.

No es cuestión menor el alto grado de complejidad para el INE mantener el orden y la cordura en armonía con los organismos locales a los que reglamenta, habida cuenta que este 2 de junio de renuevan la Presidencia de la República, 500 Diputaciones Federales y 128 Senadurías; además de la concurrencia para renovar 9 gubernaturas, alcaldías y legislaturas respectivamente en 30 estados,

Luego de los procesos internos de precampañas enmascarados que debieron ser invalidados por un obsequioso Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tendrá que prevalecer la constitucionalidad y las Leyes que son el entramado del Estado de Derecho que en la transversalidad de la institucionalidad cogobernante implica también a su renovación periódica de las Autoridades mandatadas para representar los intereses de 126 millones 014 mil 024 mexicanas y mexicanos.

De inicio, entre noviembre y enero próximos no debe haber precampañas presidenciales, aún menos cuando las coordinadoras mujeres eventualmente serán registradas además en sus respectivas candidaturas únicas coaligadas; excepto Movimiento Ciudadano si decide competir en solitario, con una candidatura propia y no sumarse a algunas de las coaliciones.

El Árbitro ni el Tribunal Electoral no tiene por qué ponerse nerviosos ante la presión porque todos -partidos políticos coaligados y candidaturas- quieren ganar y si para ello incurren en ilegalidades, incurrir en fraude en búsqueda de obtener un inmoral provecho. Las reglas del juego están perfectamente entendibles para negar registros, inhabilitar, imponer multas y si se configuran delios anular cargos.

La Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales a cargo de un personaje que fue fundador del Instituto Federal Electoral como Consejero Magistrado, cuando con el carácter ciudadano todos sus integrantes fueron licenciados en Derecho.

José Agustín Ortiz Pincheti está igual obligado a honrar su investidura como fiscal sin misericordia alguna debe ser parejo para investigar y no ser omiso en los delitos electorales para unos u otros, con las consecuencias de imponer la Ley y la sanción carcelaria acorde a la gravedad, que puede ser una pena de hasta 15 años.

A 200 años de haberse constituido en octubre de 1824 como una nación libre y soberana, México deberá privilegiarse que no se desborde la pasión ni se fanatice, sería una irresponsabilidad de todos por no tener corazón caliente y mente fría durante los próximos 9 meses, incluidos los 90 días de campañas entre marzo y mayo para finalmente elegir en voluntad popular a la Presidencia de la República.

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