No conecta la retórica del oficialismo que pugna por dignificar a la Democracia, pero desde la Cámara de Diputados se integró el Comité Técnico a cargo de proponer las quintetas para renovar 4 consejerías electorales del INE, que asumirán este abril. Jueces y tienen afinidades con el Régimen de la «Cuarta Transformación». Un contrasentido que violenta otra vez a la naturaleza del principal de los contrapesos institucionales del país.

Qué tienen de ciudadanía civil para integrar al Comité Técnico Evaluador personajes como Evangelina Hernández Duarte, de 2019 a 2022 con puestos en la Administración federal; Enrique Galván Ochoa, redactor de la Constitución Moral, promovida por el presidente de la República; y Andrés Norberto García Repper, coordinador jurídico de campañas electorales de 2008 a la fecha, propuestos por el Congreso. 

Además, qué imparcialidad ofecen en su desempeño Ernesto Isunza Vera, sociólogo y exconsejero electoral local en Veracruz y Araceli Mondragón González, politóloga y becaria del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, ambos militantres de Morena propuestos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

María Esther Azuela, politóloga y exfuncionaria del extinto Instituto Federal Electoral; y Sergio López Ayllón, abogado y profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), quien en 2017 había sido miembro de un Comité Técnico de Evaluación de consejeros del INE, en su caso fueron propuestos por el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.  

El Articulo 41 constitucional, engrane en el andamiaje electoral, de nueva cuenta violando el Estado de Derecho; en un primer plano con el «Plan B» de las Reformas Electorales y en segundo plano se incluye a las nuevas consejerías electorales del INE que desde el 4 de abril ocupan respectivamente la presidencia que hasta ahora ejerce Lorenzo Córdova Vianello, así como a Ciro Murayama Rendón, Adriana Margarita Favela Herrera, José Roberto Ruiz Saldaña.

Acaso Bertha María Alcalde Luján tiene perfil autónomo para aspirar a una consejería, al ser hermana de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, e hija de la presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján.

No menos el caso de Jaime Miguel Castañeda Salas, asesor de la Representación de Morena en el Consejo General del INE, junto con otros personajes relacionados y otros en el bajo perfil, ligados al partido político que gobierna. La constitución les margina de cualquier oportunidad. 

Debieron seguir el ejemplo de Santiago Nieto Castillo, quien no se inscribió impedido por haber dirigido la Unidad de Inteligencia Financiera y por el conflicto de intereses por su matrimonio con la consejera Carla Humphrey; aun teniendo vasto conocimiento técnico y haber sido fiscal para delitos electorales.

Por lo contrario, Carla Humphrey, consejera del INE desde 2020, fue rechazada como candidata a presidirlo; habida cuenta que en cada convocatoria de renovación se hace la distinción entre consejerías, incluso por género; como en esta ocasión la emitida el 16 de febrero de 2023.    

Sin filias ni fobias, ninguna observancia constitucional se tiene con el carácter ciudadanía civil de quienes integran Comité Técnico de Evaluación, ni gran parte de los 102 hombre y 102 mujeres admitidos en la fase última para integrar las quintetas de consejería electorales, incluida la presidencia, que deberá entregarse el 26 de marzo a la la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y al 30 de marzo siguiente deliberar sobre quienes serán votados para designar por idóneos.

Morena, el PT y Verde Ecologista coaligados en el Régimen de la «Cuarta Transformación» no se armonizan con la legalidad, violentándola. Acción Nacional, PRI, y PRD, integrados en Va por México, junto a Movimiento Ciudadano votarán en contra del proyecto de designación; cuando requieren de dos terceras partes, 334 votos de los 500 diputados federales, para poder concretar los nombramientos.

Los congresistas federales están obligados a conciliar; una repartición en cuotas y cuates choca con la democracia. Por lo contrario, la Suprema Corte de Justicia la Nación designaría por insaculación.   

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