La democracia inscrita en el texto constitucional mexicano lastimosamente no ha trascendido como debiera corresponder en el discurrir de 1917 a la actualidad, aun con todos los esfuerzos destinados a este propósito por construir un sólido andamiaje encausado desde la Reforma Electoral de 1977, el punto de inflexión en lo que de largados de 45 años y contando, motivado por una exacerbada sinrazón por la la desconfianza todavía ridículamente vigente.

Nada más más ocioso que observar lo incompresible del concepto e implicaciones de unos de los rasgos característicos del modelo presidencialista preceptuado en el artículo 40 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de lo mandatado de una renovación periódica de los Poderes de la Unión, Ejecutivo y Legislativo, por voluntad popular expresada mediante el ejercicio del voto ciudadano.       

Aun con el gran calado del entramado forjado en mucho por exigencia permanente por los Actores Públicos de la oposición, incluido quienes hasta 2018 estuvieron en este frente, porque el oficialismo cediera a ir colocando las piezas hasta lograr en 1990 institucionalizar y desde1996 otorgar autonomía al Árbitro Electoral en su puntual función pública en la organización de los Procesos Electivos.

El Sistema Nacional de Elecciones conformado por la Reforma del 10 de febrero de condensa mucho lo que como propósito se fijó para lograr sentar anclar una auténtica Calidad de la Democracia, reflejada en el binomio de Promoción del Voto y Participación Ciudadana como el centro de un engranaje común vinculante entre el Árbitro Electoral Nacional y los del ámbito local reglamentados, que incluso en la integración de las Consejerías Electorales designadas en paridad de género, partiendo de una convocatoria pública.

Aunque en la reciente Reforma la Calidad de la Democracia el Constituyente Legislativo al ser juez y parte dejó suelto el cabo de los Partidos Políticos, lo que no es casualidad ni olvido.

Ninguna exigencia tienen los Partidos Políticos en lo que compete a elevar y sostener el nivel como opción de gobernabilidad, nada poseedores de un programa de gobierno en el cual se halle sentido con dar respuestas estructurales a una permanente demanda de justicia social por parte del colectivo social. Por lo contrario, en su incompetencia sostienen una desgastada retórica del asistencialismo en la coyuntura de los tiempos y circunstancias.

Poco o nada importa el nivel del debate y los compromisos sustantivos entre los jugadores partidistas y candidaturas ante el electorado, al que se entiende que deberían proveerles de los argumentos para informarse y reflexionar el sentido del voto que puede ser refrendar o bien optar por la alternancia.

La Democracia, sin embargo, parece quedarse en el anhelo. Aun con las reglas del juego establecidas, además de las sanciones que ameritan según la gravedad de la ilegalidad incurrida en todas sus expresiones.

Aun con todos los elementos que exige la Calidad de la Democracia, a los Partidos Políticos y Candidaturas les avasalla siempre el síndrome de la desconfianza. Una inseguridad en sus propios argumentos para conquistar al elector, induciéndole a incurrir en actos ilegales, fraudulentos con el consecuente riesgo porque ese triunfo amañado resulte anulado, al grado de anular elecciones de hasta de gubernaturas afines al oficialismo.

En el vergonzoso legado histórico quedaron la nulidad de la gubernatura en el año 2000 en el caso de Tabasco así por dos ocasiones en el estado de Colima, 2004 y 2015 respectivamente.

Qué paradoja haber luchado por democratizar la competencia electoral por décadas hasta concretar el Sistema Electoral idóneo y perfectible, hasta antes de unas tóxicas y destructoras Leyes concatenadas en el denominado Plan B, y no ser consecuentes en la competencia por los Cargos de Elección Popular, Ejecutivos y Legislativos.

El Sistema de Partidos Políticos evidencia una mediocridad, que no postulan candidaturas que reflejen competencias. Por lo contrario, son posiciones dispuestas al mejor postor, a las cuotas y cuates.  

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